Sánchez cumple cuatro años de vértigo, entre unos socios difíciles y una oposición implacable

Se podría escribir una ucronía a partir de la hipótesis de que aquel 1 de junio de hace cuatro años, Mariano Rajoy hubiese aceptado el órdago de Pedro Sánchez, presentase su dimisión y neutralizase la moción de censura. No lo hizo y ese día se cerró un ciclo de la política española. Por primera vez alcanzaba el Gobierno, aupado por una mayoría parlamentaria, un partido que no había sido el más votado en las urnas. La derivada final tardaría un año y medio en llegar: un Ejecutivo de coalición, el fin a cuatro décadas de monopolio bipartidista del poder.

Hoy, Sánchez, aun con 35 diputados más que los 85 que tenía en 2018, podría repetir las mismas apelaciones de entonces a “entender la aritmética parlamentaria, tan compleja, como un factor decisivo en el desempeño del Gobierno”. El líder socialista es hoy más fuerte, pero sigue en manos de un Parlamento donde el independentismo catalán supone un factor decisivo y la oposición no da tregua. Si ya eso lo condenaba a vivir en el vértigo, luego vino todo lo demás, lo nunca visto: una pandemia, un volcán y una guerra. A cada embestida de esas, la oposición se ha lanzado a proclamar la muerte prematura del Gobierno. Y el Gobierno se aferra a la vida sorteando obstáculos cada día.

Las leyes acaban saliendo. Sánchez no logró estabilizar una base parlamentaria hasta que incluyó a Unidas Podemos en el Gobierno, en enero de 2020. Antes había visto cómo le tumbaban unos Presupuestos y una investidura. Desde entonces, y pese a las constantes sacudidas, ha sacado adelante 140 leyes. Entre ellas, además de dos Presupuestos, las iniciativas sociales de las que más presumen los socialistas: la ley de eutanasia, las que protegen derechos de las mujeres, la de transición energética, la reforma laboral, la revalorización de las pensiones, el ingreso mínimo vital… Varias las había prometido en la moción de censura. Otra que también mencionó entonces, la reforma de la ley mordaza, sigue empantanada por divergencias con los aliados parlamentarios, lo mismo que las más recientes de memoria democrática y de vivienda.

Una crítica constante al Gobierno por parte de la oposición, y a menudo también de sus socios, es su largueza en el uso del decreto ley. Sánchez lleva 120 desde que es presidente, más de dos tercios en esta legislatura. El Ejecutivo alega que finalmente esas normas pasan el filtro parlamentario y que muchas han venido obligadas por la emergencia de la pandemia.

Las que sí se han revelado como un obstáculo casi insalvable en el Parlamento son las cuestiones que exigen acuerdo con la oposición. Ahí está el Consejo General del Poder Judicial, inamovible desde Rajoy por el bloqueo del PP.

La papeleta catalana. La base que sostiene a Sánchez es también el gran flanco por donde ataca la oposición: su supuesta “humillación” ante los que “quieren romper España”. Un discurso que encontró munición con el indulto a los líderes del procés y que se ha recrudecido ahora por el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, a raíz del escándalo del espionaje.

Otra de los grandes agravios que esgrime la oposición es la mesa de diálogo con Cataluña, que solo se ha reunido una vez y en la que el Gobierno no ha dado la menor muestra de acceder a las demandas máximas del independentismo. Los datos de las inversiones en Cataluña no avalan la tesis de un trato preferente: esa comunidad está a la cola en la ejecución de los Presupuestos del Estado, apenas un 36%.

Economía pandémica. El Gobierno de coalición reunió a antiguos activistas del 15-M con una ministra como Nadia Calviño, proveniente de la ortodoxia bruselense. Y a la primera, saltaron chispas. En el inicio de la pandemia, por iniciativas como los ERTE o las ayudas directas a las empresas, de las que recelaba Calviño. Más adelante, por la política laboral. A la larga, la pandemia curiosamente resultó balsámica, porque el pánico ante el virus arrojó a toda Europa en brazos del keynesianismo y alivió tensiones en el Gobierno.

Esa era la gran esperanza del Ejecutivo hasta que llegó la guerra. Lo avalaban cifras como que España ha superado por primera vez los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, un millón más que en 2018. El paro, según datos del INE, ha bajado ligeramente desde la marcha de Rajoy, del 15,44% al 13,65%. Otra comparación resulta mucho menos benigna y resume las aprensiones sobre el futuro: Sánchez llegó con una inflación del 2,1% y ahora está en el 8,7%. El déficit se ha disparado, del 2,59% del PIB al 6,87% al cierre de 2021.

El resbalón del Sáhara. La política exterior, volcada en el europeísmo, apenas había abierto flancos internos al Gobierno hasta que hace un año estallaron las tensiones con Marruecos. La solución ensayada, el vuelco a la posición sobre el Sáhara Occidental, se reveló un bumerán. Sánchez aún tiene pendiente una comparecencia al respecto en el Congreso, probablemente el próximo día 8, forzado por los que se oponen a su giro, todos menos el PSOE. La inequívoca apuesta atlantista del presidente con la guerra de Ucrania ha tenido un efecto muy distinto: le ha acercado a la oposición y ha vuelto a tensar las relaciones con su socio.