El incierto futuro en Ceuta y Melilla de las trabajadoras marroquíes transfronterizas

Farida se queja, entre la risa y la protesta, por haber engordado en los dos últimos años. “Yo, que estaba siempre para arriba y para abajo, nerviosa”, dice. Pasa los lunes al sol, y los martes y los miércoles. Apenas sale de casa para recoger en el huerto, junto al patio en el que vive, calabacines para el almuerzo. Desde marzo de 2020, cuando Marruecos cerró la frontera que separa Barrio Chino, en la provincia de Nador, de Melilla, su día a día es una letanía de horas que transcurren lentas en un pueblo fantasma. Ella, empleada de hogar de 43 años, se quedó en su lado de la valla, con la seguridad de que la cerrazón no duraría para siempre. Dos meses después, en mayo, le caducó el permiso de trabajo transfronterizo que espera renovar pronto.

La Delegación del Gobierno en Melilla ha confirmado que empezarán en breve a tramitar las solicitudes para arreglar la situación documental de empleadas como Farida, después de que la Secretaría de Estado de Migraciones haya dado luz verde. Miles de trabajadoras se han quedado apartadas, como peones atrapados en unas negociaciones arduas y eternas entre Rabat y Madrid para redefinir la “frontera del siglo XXI” que pide España y que comenzó con una reapertura “gradual y ordenada” de la que solo se han precisado las dos primeras fases. La primera se inició el 17 de mayo, con la entrada de ciudadanos españoles y extranjeros con permiso de residencia y visado Schengen. La segunda, que comienza el martes 31 con el acceso de los trabajadores transfronterizos, ha sido un caos de desinformación y desconcierto antes de empezar.

Han transcurrido 26 meses desde que se cerrasen los pasos fronterizos entre Melilla y Ceuta y las ciudades colindantes de Nador y Tetuán por la pandemia. Veintiséis meses de transferir dinero por empresas de envíos de fondos, de falsas alarmas sobre la reapertura, de espera y aburrimiento. En ese tiempo, Farida ha pasado de madrugar cada mañana para encaminarse a la casa en la que trabajaba, a unos dos kilómetros a pie desde su propia puerta, a pasar el tiempo echada entre el sofá y la cama y dar paseos por el campo que rodea su barriada. La pasada semana, comenzó una nueva ronda de excursiones a Nador. El objetivo: solicitar en el Consulado de España el prometido visado para trabajadoras transfronterizas al que, en los primeros días, solo podrán optar unas 80 personas en Melilla y unas 400 en Ceuta.

Según fuentes del Ministerio de Exteriores, “la concesión de una autorización de trabajo como trabajador transfronterizo o de una prórroga de la autorización de trabajo es condición indispensable para obtener el visado”, válido solo durante un mes. Esto deja fuera, de momento, a Farida y a los demás empleados que se quedaron en Marruecos con sus permisos caducados. El viernes, Migraciones abrió la puerta para que empiecen a gestionarse esos permisos de transfronterizas que vieron esfumarse sus contratos por la pandemia. Solo en Nador podría haber más de 1.700 personas en esta situación y otras 1.500 en Tetuán. Más de 2.000 son empleadas domésticas que han estado cotizando durante años a razón de un mínimo de 200 euros al mes para las arcas del Estado.

De momento, solo los empleados a quienes sus antiguos jefes quieran volver a contratar podrán renovar las tarjetas. Cientos de trabajadoras que han sido reemplazadas se quedarán sin poder regresar a Melilla o Ceuta y darse de alta como autónomas, por ejemplo, para trabajar por horas, algo que la legislación permite a las transfronterizas. Los nuevos requisitos de entrada, justificados aún por la emergencia sanitaria, dan al traste con una normativa que, en realidad, sigue vigente. Una excepción en la adhesión de España al Tratado de Schengen permite a vecinos de Nador y Tetuán cruzar libremente y sin visado a Melilla y Ceuta. Como territorios fronterizos, los marroquíes de esas provincias limítrofes pueden solicitar una autorización de trabajo transfronterizo, con trámites más sencillos, para trabajar en ambas ciudades, siempre que no pernocten y regresen a Marruecos cada día.

De los labios de Saída, residente en la zona fronteriza de Beni Enzar, no se cae el mohín de disgusto. “Veinticuatro años trabajando con contrato para esto”, se lamenta. Cuando cerró la frontera se quedó sin empleo y sin derecho a paro, ni ERTE, ni prestaciones de ningún tipo. Desde su casa observa ahora, impotente, el ir y venir de coches y peatones por una frontera que atraviesan unas 1.000 personas al día por el único paso reabierto (hasta marzo de 2020, la media era 10 veces mayor por cada uno de los tres pasos habilitados). El sentimiento de abandono ha sucedido a la fanfarria de la reapertura.

La trabajadora, cuyo permiso caducó en 2020, hace cola a las puertas de un centro de análisis médicos en una avenida principal de Nador. Resopla mientras espera a que le saquen sangre, literal y figuradamente, dice. Apostilla con la retahíla de gastos que le supone el dichoso visado: “Sesenta euros el análisis, 20 euros el certificado del médico… Esto es una ruina”. La mujer sigue las instrucciones que deduce de la información que le dieron hace unos días a las puertas del consulado. El criterio sobre qué visado se tramitaría en la legación española ha cambiado varias veces y solo se ha informado con claridad a finales de esta semana, pese a que la medida se anunció el 13 de mayo.

La perplejidad de estas mujeres es compartida al otro lado de la valla por quienes aguardan para volver a contratarlas y que, en muchos casos, siguieron pagando durante meses las cotizaciones hasta que la Administración obligó a dar de baja, bajo amenaza de sanción, a todas las trabajadoras que no estuviesen en territorio español. Ahora que la frontera vuelve a funcionar, tampoco están claros los tiempos, lo que choca con las expectativas de empleadas impacientes y empleadores aturullados como Sebastián, militar melillense: “El problema es el papel de aquí. Yo hago lo que haga falta, pero es que tampoco depende de nosotros”.

El embrollo es una cuestión de voluntad y burocracia. Las restricciones no deberían afectar a un papeleo que siempre ha sido cotidiano. En Melilla, abogados, asesores, empleadores y empleados acusan de obstruccionismo, improvisación y arbitrariedad al personal de las oficinas de trabajo y extranjería. La directora, Elena Nieto, asegura que los pasos los marca Madrid y que, tras el visto bueno de Migraciones, se pondrán a renovar los permisos caducados de quienes se quedaron en Marruecos: “Vamos a empezar a ir muy rápido”. Se esperan unas 1.800 solicitudes solo en Melilla.

“Nos han apagado la alegría que teníamos [por la reapertura de la frontera]”, enfatiza Rachida Jrafi, portavoz de los trabajadores marroquíes en Ceuta. Su permiso de trabajo caduca el 2 de junio y tampoco se atreve a cruzar para renovar su pasaporte, expirado, y poner todo en orden. El 13 de marzo de 2020 salió tarde de un examen y su jefa, Remedios, le dijo que se quedara en casa a dormir. La madrugada siguiente cerraron la frontera y durante estos dos años ella y su empleadora han intentado por todos los medios regularizar una situación extraña: desde solicitar la residencia en España, hasta conseguir un visado que acabó expirando por no poder terminar el trámite en Marruecos. “Siempre falta algo o sale algo nuevo; abro una puerta y se cierra otra”, se desquita. “Teníamos esperanzas, ahora solo siento que doy vueltas en un círculo vicioso”.