Sánchez y Díaz exhiben unidad en la coalición al día siguiente de votar divididos en el Congreso

Unas horas después de la primera votación de una ley del Gobierno en la que la coalición se dividió, con el PSOE apoyándola y Unidas Podemos absteniéndose, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han lanzado el mensaje opuesto, de unidad total y compromiso con la coalición, en un acto en La Moncloa. En la presentación del PERTE (el plan estratégico basado en los fondos europeos) de la economía social con 800 millones de euros, que por primera vez han hecho juntos el presidente y la vicepresidenta, grandes protagonistas del acto, Sánchez y Díaz se han deshecho en elogios hacia la coalición y han marcado compromisos que muestran su intención de seguir adelante y acabar la legislatura juntos pese a las evidentes tensiones no solo entre los dos socios, sino dentro de Unidas Podemos, con un claro choque entre dos bloques: por un lado, el de Díaz y sus aliados de los Comunes o IU y, por el otro lado, Podemos.

“Estoy muy orgulloso del equipazo del Gobierno de coalición progresista, de todos y cada uno de los ministros”, ha insistido Sánchez en un discurso en el que ha repetido varias veces la idea del “Gobierno de coalición progresista” como si fuera un mantra. “Somos como la economía social, un Gobierno que piensa en grande, que tiene un proyecto de país, que cuida, que es feminista, que es sostenible, que es democrático y que aspira a cambiar la vida de la gente”, ha rematado la vicepresidenta.

La Moncloa tiene muy claro que la única manera de frenar la ola de derecha que detectan las encuestas es convencer a los ciudadanos progresistas que apoyaron a la coalición en 2019 para que se movilicen y voten para evitar que un bloque del PP y Vox llegue a La Moncloa con Santiago Abascal como vicepresidente. Por eso, Sánchez en cada ocasión deja claro que hay dos opciones: o la coalición PSOE-Unidas Podemos o la coalición PP-Vox. Y por eso el PSOE, pese a los recelos de dos grupos con culturas muy diferentes y que son rivales electorales en algunos espacios, insiste todo el tiempo en que es imprescindible que a Díaz le vaya bien para que la coalición pueda seguir en el Gobierno. Sánchez ha destacado así varias veces el “trabajo coral de todos los ministros de la coalición”.

“No se le han puesto fáciles las cosas al primer Gobierno de coalición: primero una pandemia y ahora una guerra”, ha afirmado el presidente. “Pero pese a las crisis, el Gobierno siempre tuvo claro que la respuesta debía hacerse con empatía y compromiso social. Que haya 20 millones de personas ocupadas, que los trabajadores ganen 265 euros al mes más que hace cuatro años, que haya 5.000 millones más para educación, 2.000 millones más para becas. Que 400.000 familias más estén protegidas por el ingreso mínimo vital o que los pensionistas cobren 100 euros más al mes que si se hubiera aplicado el sistema del PP son resultados elocuentes del compromiso social del Gobierno de coalición progresista”.

La coalición tiene tensiones claras, pero la votación dividida de la ley audiovisual del jueves no parece una de las más difíciles de resolver. Más complicado parece, según varios miembros del Gobierno, ponerse de acuerdo en asuntos mucho más sensibles como la reforma de las pensiones, con la presión que está sufriendo España de Bruselas para que plantee una solución que controle el aumento del gasto, o la elaboración de los Presupuestos. Pero en la ley audiovisual, según varias fuentes consultadas de ambos lados, hubo una especie de pacto de discrepancia. Unidas Podemos estaba muy molesta con el PSOE porque entendía que le habían colado una enmienda que perjudica a los productores independientes, un mundo muy cercano al Gobierno progresista y que se ha movilizado con nombres de referencia para la izquierda, como Pedro Almodóvar al frente, y decidió lanzar un aviso pero sin consecuencias prácticas.

UP decidió abstenerse después de intensas ―e infructuosas― jornadas de negociaciones en las que el jefe de gabinete de Díaz, Josep Vendrell, se implicó directamente para tratar de convencer a los socialistas de que aceptaran una enmienda transaccional pactada con ERC y EH Bildu que dejaba sin efecto el cambio introducido por el PSOE. El plan, repiten en la formación, nunca fue “dejar caer la ley”. Horas antes de la votación, distintas fuentes de UP apelaban a la “responsabilidad” y dejaban entrever que jugarían con su voto hasta el final, a la espera de ver qué hacía el PP.

Díaz y su equipo decidieron que irían a la abstención, y, por tanto, por primera vez no apoyarían una ley del Gobierno que ha llevado adelante Nadia Calviño ―algo que los socialistas nunca han hecho con reformas promovidas por ministros de Unidas Podemos, porque entonces no saldrían―, pero solo si el PP también se abstenía, como estaba comprometido y, por tanto, la norma no corría peligro. Los diputados de Unidas Podemos estaban preparados por si el PP a última hora cambiaba el voto: en tal caso ellos apoyarían la norma. La ley habría sido tumbada con un no del PP, pero al menos se habría mantenido la unidad de voto en el Gobierno.

Los populares no han facilitado casi ninguna norma del Ejecutivo, pero esta vez tenían un buen motivo para hacerlo: la presión de los grandes grupos mediáticos que, según los productores independientes, están detrás de la enmienda que tanto ha indignado a estos últimos. De hecho, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha dejado este viernes muy claro en una reunión con sus diputados y senadores que su partido no está dispuesto a apoyar al Gobierno que los está llamando “mangantes”, por las críticas de Sánchez la semana pasada. Feijóo ha explicado que el PP es la alternativa frente al “mal gobierno” de Sánchez y no lo apoyará. En su opinión, el presidente ha convertido la política en un teatro. “Primero nos insulta y luego nos pide nuestro apoyo. Conmigo que no cuenten”, ha asegurado.

Así que, resuelta esta tensión con la ley audiovisual, la coalición sigue adelante con sus fricciones habituales, pero con la sensación muy instalada en el Ejecutivo de que no hay ninguna ruptura a la vista y todos tienen importantes incentivos para seguir adelante y tratar de darle la vuelta a las encuestas de aquí a finales de 2023. La sensación instalada en el Gobierno, que arrancó con el pleno del jueves, en el que Sánchez fue muy duro con el PP, es que la campaña electoral ya será prácticamente permanente, y seguirá después de las andaluzas en una especie de larguísima batalla hasta las generales pasando por las autonómicas y municipales de junio de 2023.