Sánchez asegura que desconocía el espionaje a los independentistas, pero lo justifica

“¿Qué ha venido hoy a hacer aquí, señor Sánchez?”. Si el presidente del Gobierno contaba con apaciguar a los independentistas en su comparecencia parlamentaria de este jueves sobre el escándalo del espionaje, las primeras palabras de la respuesta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, enfriaron cualquier expectativa. El anuncio de las reformas de las leyes del CNI y de Secretos Oficiales, anticipadas por EL PAÍS, apenas tuvo efecto sobre el independentismo catalán. Tampoco que Pedro Sánchez asegurase, por primera vez públicamente, que desconocía que el CNI interviniese en 2019 las comunicaciones de 18 personas vinculadas al movimiento secesionista, entre ellas el entonces vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Que no lo supiese, según el presidente, no significa que lo desapruebe. Sánchez justificó la actuación de los servicios secretos al alegar que los disturbios desatados en Cataluña en el otoño de 2019, tras la condena judicial a los líderes del procés, suponían una amenaza a la seguridad nacional.

El presidente afrontaba este miércoles en el Congreso lo que también Rufián definió como “el debate más complicado de toda la legislatura”. El escándalo del uso por parte del CNI del programa espía Pegasus ha puesto en peligro la mayoría parlamentaria del Gobierno y a la vez le ha vuelto a echar encima a la derecha por la destitución de la anterior jefa de los servicios secretos, Paz Esteban. Sánchez sabía que caminaba sobre ascuas y se tomó su tiempo para entrar directo al tema. Dedicó los 20 primeros minutos de su discurso de más de una hora a desviar la atención hacia los casos de corrupción del PP y las maniobras del Gobierno de Rajoy con el fin de destruir las pruebas que incriminaban al partido. El mensaje era claro: contraponer ese tipo de actuaciones con un Ejecutivo como el actual en el que “no hay espacio para la actuación ilegal de los servicios del Estado”.

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El presidente expresó “dudas razonables” sobre el informe de la organización canadiense Citizen Lab, que levantó el escándalo tras divulgar que había encontrado rastros del Pegasus en los teléfonos de 65 personas vinculadas al independentismo, aunque sin cuestionarlo claramente. Es más, aventuró que tal intrusión sería obra de “actores desconocidos completamente ajenos a la Administración española”. Solo asumió las 18 intervenciones ya reconocidas también por el CNI y subrayó que, a pesar de que él no lo supiese, fueron legales porque disponían de la autorización del Tribunal Supremo. Ni un solo grupo –y en esto coincidieron los independentistas y la derecha- se creyó la alegación de desconocimiento del presidente. Sánchez admitió que la directiva de seguridad nacional del Gobierno aludía en 2019 a los peligros del desafío independentista, pero sostuvo que el CNI no le informa de sus actuaciones concretas. “Nosotros hemos estado en La Moncloa, sabemos cómo funcionan estas cosas”, le desmintió la portavoz popular, Cuca Gamarra.

El trance parlamentario puso a prueba las reconocidas dotes de Sánchez para el equilibrismo. Por un lado expresó “toda la solidaridad del Gobierno” con los que han podido ser espiados ilegalmente y por otro defendió la actuación del CNI, que “cumple con su deber de preservar el orden constitucional en momentos difíciles”. En sus réplicas posteriores a los distintos portavoces, fue más claro aún al justificar las intervenciones telefónicas reconocidas por el CNI, entre ellas la del actual presidente de la Generalitat. Sánchez citó episodios de los disturbios del otoño de 2019, como el bloqueo al aeropuerto de Barcelona, y avaló que constituían un “evidente problema de seguridad nacional”. Por lo demás, ratificó su apuesta por el diálogo con el independentismo y anunció las reformas legislativas. Sobre estas no ofreció apenas detalles. Solo en el caso de la norma reguladora del CNI dijo que se tendrán en cuenta las conclusiones de la comisión del Parlamento europeo que investiga el uso de Pegasus, en la que son mayoría los partidarios de restringir al máximo su empleo por los Gobiernos.

Rufián dejó sentada desde el principio su insatisfacción con las explicaciones. Reprochó al presidente que con su actitud esté reforzando las posiciones más duras del independentismo. “La gente cabal cada vez somos menos y más débiles”, aseguró. Y acusó directamente al Ejecutivo de espiar a dirigentes de ERC al mismo tiempo que negociaba con esa formación los votos favorables a la investidura. Esa afirmación de Rufián fue cogida al vuelo por Gamarra para justificar su tesis de que el Ejecutivo “ha entregado la llave de la dirección del Estado a los mismos que espiaba por considerar una amenaza”.

En el resto del independentismo la acogida no fue mejor, ni siquiera por parte de uno de los más firmes aliados del Gobierno, el PDeCAT, cuyo portavoz, Ferran Bel, se mostró muy directo: “Lo ha empeorado”. “¿Piensa que somos estúpidos?”, se arrancó Míriam Nogueras, de Junts, quien aprovechó para descalificar la apuesta de ERC por el diálogo y anunciar: “Volveremos a salir a la calle para completar la faena de 2017″. Mireia Vehí, de la CUP, fue aún más tajante y acabó con el “ho tornarem a fer” (lo volveremos a hacer). Sánchez diría luego que hay que respetar que los independentistas lancen estas proclamas, lo que despertó las iras de la oposición. “¿Es que ha perdido usted el juicio?”, le espetó la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. “Respetar no es avalar”, se defendió el presidente.

Tampoco convenció el presidente a los nacionalistas vascos, aunque estos le replicasen con menor aspereza. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, fue el que más valoró el anuncio de dos reformas legales sobre las que su partido ya ha presentado iniciativas. Tanto él como Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, insistieron en pedir la apertura de una investigación en el Congreso. Esteban insinuó además que el Tribunal Supremo solo autorizó al CNI de modo genérico a intervenir las comunicaciones de 18 independentistas catalanes, pero no a usar una tecnología tan invasiva como el Pegasus. Varios portavoces, el del PNV uno de los que más, aludieron a la existencia de un “Estado profundo”, es decir, determinados servicios estatales que actuarían por su cuenta al margen del Gobierno. “Eso no existe”, proclamó Sánchez. Incluso Unidas Podemos se sumó a algunas de las solicitudes de los grupos nacionalistas, como la desclasificación de los documentos sobre el espionaje. Su portavoz, Jaume Asens, calificó de “delirante” que se considerase a Aragonès como posible inductor de grupos violentos para justificar la intervención de su móvil.

En el frente de la oposición no pudieron faltar los ataques de Vox, aunque su líder, Santiago Abascal, aprovechó para algo más: advertir al nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no “dé oxígeno” al Gobierno pactando la renovación del Poder Judicial. Abascal estrenó un nuevo término para definir a sus competidores y a la vez socios en varias comunidades autónomas: “Derechita incauta”.