Dos tercios de los bienes en España de oligarcas rusos están a nombre de familiares y testaferros

El Gobierno ya ha identificado a 15 oligarcas rusos, de los 1.168 incluidos en la lista de sancionados por la Unión Europea, como propietarios del medio centenar de bienes localizados en España y que van desde inmuebles y yates a activos financieros. Las investigaciones del llamado Grupo de Coordinación para la Determinación de Fondos y Recursos Económicos de Sancionados han revelado que dos tercios de estas propiedades no figuran ni directa ni indirectamente a nombre de estos magnates cercanos a Vladímir Putin, sino al de familiares y allegados que presuntamente actúan como testaferros. Este grupo fue creado en marzo tras estallar la guerra de Ucrania, y está integrado por expertos de varios ámbitos de la administración. El Consejo de Ministros aprobó el 26 de abril un real decreto para agilizar el bloqueo de estos bienes que, por estar a nombre de terceros, no podían ser inmovilizados.

Cuando anunció esta norma, el Gobierno ya había intervenido 12 productos financieros, 23 inmuebles y tres yates de lujo, según detalló entonces en el Congreso Óscar López, director del gabinete del presidente del Gobierno. Una de las embarcaciones ya estaba embargada por un juez a petición de la justicia de Estados Unidos. Un cuarto barco también estaba trabado judicialmente a instancias de Washington. En aquel momento había ya localizados, al menos, otros seis inmuebles vinculados a oligarcas, sobre los que no se había podido actuar al figurar a nombre de personas o mercantiles no incluidas en la lista de sancionados.

Desde entonces, el goteo de bienes localizados ha continuado y ya suman 35 inmuebles, según fuentes cercanas a la investigación. De ellos, solo 11 figuran como propiedad directa de los sancionados, mientras que los 24 restantes aparecen a nombre de familiares. Las pesquisas han revelado hasta ahora a 107 presuntos testaferros. De ellos, 27 son parientes de los oligarcas. Las 80 personas restantes figuran como sus socios en sociedades, comparten cargos directivos con ellos en mercantiles o han otorgado o recibido en algún momento un poder de los sancionados. Además, las pesquisas han detectado 10 empresas registradas en España y otras 13 en el extranjero. De las primeras, solo la mitad figuran enlazadas directamente con sancionados por la UE.

Buena parte de estos bienes han sido localizados en el rastreo realizado por el Consejo General del Notariado en el llamado Índice Único Notarial, una base de datos creada en enero de 2004 en la que se registran todas las operaciones efectuadas por los fedatarios públicos desde entonces. Para ello, se han cruzado los 150 millones de registros de esta base con la lista de sancionados de la UE. En la mayoría de los casos, la información de los oligarcas que recoge este listado es el nombre propio, el patronímico, el apellido y la fecha de nacimiento, pero sin números de documentos de identidad. Posteriormente, se han incorporado al rastreo los nombres de familiares y personas que figuran como socios o apoderados de las empresas de aquellos.

Toda la información se traslada al Grupo de Coordinación, encabezado por el Departamento de Seguridad Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia. En él, además del Consejo General del Notariado, participan las fuerzas de seguridad a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO, un organismo del Ministerio del Interior que coordina las investigaciones). También figuran el Servicio de Vigilancia Aduanera (dependiente de la Agencia Tributaria), el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos) y el Colegio de Registradores. Si se confirma que el bien está vinculado a un oligarca, los registradores bloquean las propiedades.

En el caso de los activos financieros, son las entidades bancarias las que rastrean entre los titulares de sus depósitos la presencia de oligarcas. Si localizan alguno, inmovilizan los fondos e informan al Tesoro Público y al Sepblac. No obstante, las obligaciones de control de las entidades abarcan también a los ciudadanos rusos o de otras nacionalidades que residan en aquel país y a las sociedades y organismos allí establecidos, aunque no figuren en la lista de la UE. En ese caso, sus depósitos no pueden superar los 100.000 euros. También se les impide adquirir valores. La herramienta clave para ello es el Fichero de Titularidades Financieras, un registro centralizado, existente desde 2016, con los datos que las entidades están obligadas a facilitar sobre titulares, tanto físicos como jurídicos, de cuentas y depósitos, así como de cajas de seguridad y cuentas de pago en criptomonedas.