El Gobierno aprueba un mecanismo para agilizar el bloqueo de bienes de oligarcas rusos a nombre de testaferros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un mecanismo excepcional para estrechar el cerco a los oligarcas rusos que están supuestamente ayudando a financiar la invasión de su país a Ucrania. El objetivo es agilizar el embargo de bienes que magnates cercanos a Vladimir Putin tienen en España, pero que, al estar a nombre de testaferros, familiares o sociedades pantalla, no pueden ser inmovilizados. Para ello, el Ejecutivo ha articulado, mediante un real decreto, un sistema que permite a los registradores de la propiedad bloquear bienes inscritos a nombre de personas interpuestas, pero sobre los que haya un informe policial que acredite que pertenecen a millonarios del entorno del presidente ruso.

Esto permitirá a corto plazo bloquear, al menos, seis bienes inmuebles supuestamente vinculados a oligarcas y sobre los que no se podía actuar hasta ahora por figurar registrados a nombre de personas o mercantiles que no figuran en la lista de sancionados de la UE. Hasta el momento, se han intervenido administrativamente 12 productos financieros de cinco oligarcas cercanos a Putin, así como 23 inmuebles y tres embarcaciones de lujo, según detalló este martes ante la Comisión de Seguridad Nacional Óscar López, director del gabinete del presidente del Gobierno. Una de estas últimas también tiene una orden de embargo emitida por un juez después de que la justicia de Estados Unidos enviase una comisión rogatoria (solicitud de auxilio judicial). Un cuarto megayate también ha sido embargado judicialmente a instancias de las autoridades de Washington.

“Queremos ser más eficaces con las sanciones para poner impedimentos a que se siga financiando la guerra”, ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El objetivo de esta medida, complementaria de las restricciones a Rusia aprobadas por la Unión Europea, es eliminar los obstáculos con los que se están encontrando hasta ahora los registradores para bloquear los bienes que decenas de oligarcas rusos mantienen en España cuando la titularidad la ostentan testaferros o personas interpuestas. En muchos casos, la justicia ya ha conseguido bloquear propiedades de esos mismos magnates que están a su nombre, y se sabe que la misma persona cuenta con otras registradas a nombre de terceros, pero los trámites necesarios para acreditar la titularidad real de estos bienes están dilatando en exceso los tiempos para conseguir el embargo.

A partir de ahora, los registradores podrán bloquear las propiedades sin necesidad de una orden judicial siempre que cuenten con un informe policial previo que acredite la existencia de “indicios racionales” de que el verdadero titular de esos bienes pudiera ser un oligarca ruso incluido en la lista de la UE. Según ha informado el Ministerio de Justicia, el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros establece también un procedimiento específico para realizar los pagos de las nóminas del personal con fondos propios, así como otras obligaciones de las representaciones españolas en el exterior, para minimizar el posible uso del sistema financiero ruso, con el fin de favorecer el cumplimiento del régimen de sanciones. Mediante esos pagos directos, se evita recurrir a entidades financieras rusas que, aun no estando sujetas a las sanciones europeas, podrían suponer un riesgo de evasión de las mismas.

Esta iniciativa surge a petición del llamado Grupo de Coordinación para la Determinación de Fondos y Recursos Económicos de Sancionados, creado tras el estallido de la guerra de Ucrania para aplicar las medidas contra los oligarcas rusos y que encabeza el Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia. En él participan las fuerzas de seguridad a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen organizado (CITCO, un organismo dependiente del Ministerio del Interior que coordina las investigaciones de las diferentes policías para evitar interferencias), el Servicio de Vigilancia Aduanera (dependiente de la Agencia Tributaria), el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos), el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores. Fuentes de este grupo aplauden la medida adoptada por Justicia, aunque admiten que se queda “corta”, ya que no da cobertura para actuar con algunas de las situaciones con las que se están encontrando durante el rastreo de bienes en España de los oligarcas rusos.