España pone el candado a las casas de los oligarcas rusos

Serguéi Chemezov, director de la corporación estatal rusa de armamento, ya no podrá disponer de la parcela de 4.000 metros cuadrados en la urbanización de Mas Semí, en Castell-Platja D’Or (Girona), una colina de modernas villas con vistas al mar Mediterráneo y donde apenas hay vecinos por las calles. Allí ha levantado dos mansiones con piscina, aunque todo está a nombre de su hijastra. Tampoco podrá acceder al piso en primera línea de playa en el mismo pueblo o a la finca de 6.000 metros cuadrados en la cercana zona exclusiva de S’Agaró.

Solo en la provincia de Girona hay ocho inmuebles a nombre de la hijastra de Chemezov, de los que ni él ni sus familiares pueden disponer desde el pasado 21 de abril, como ha comprobado EL PAÍS. El bloqueo de estos inmuebles no se ha realizado con grandes despliegues policiales y, por eso, no hay precintos en las puertas de las viviendas. Solo una pequeña anotación en los documentos del registro de la propiedad de cada una de las fincas: “Prohibición de disponer”. Es la misma que ya consta en, al menos, 23 de los 29 inmuebles de siete oligarcas o personas vinculadas a ellos localizados hasta ahora en España.

Rastrear los activos de estos empresarios cercanos al presidente ruso Vladímir Putin es complejo, porque a menudo se utilizan sociedades interpuestas, familiares o testaferros para ocultarlos. Otro de los bienes vinculados a Chemezov ejemplifica bien este tipo de entramados: una villa de 800 metros cuadrados en Estepona (Málaga). Por el momento no está entre los activos congelados por las autoridades españolas. Según el registro de la propiedad, su dueña es Holytown Limited, una sociedad irlandesa cuyo accionista es Penimar Holdings Limited. No hay más rastros públicos de Penimar: solo que se creó en Islas Vírgenes Británicas, uno de los territorios más opacos del mundo.

El dueño de Penimar no tiene que inscribirse en ningún registro. Sus archivos se guardan en despachos que se dedican a crear documentos privados para acreditar la propiedad o una compraventa. Los de Penimar estaban en Trident Trust, proveedor de servicios offshore cuyas tripas solo se conocen gracias a la filtración que generó los Papeles de Pandora, publicados por EL PAÍS junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y a decenas de medios en todo el mundo. Es ahí donde consta que los beneficiarios son Anastasia Ignatova y Lyudmila Rukavishnikova, la hijastra de Chemezov y su abuela.

Es el tipo de callejón sin salida al que suelen llegar los investigadores. Para sortearlo, tras la invasión de Ucrania el Gobierno español creó un grupo de trabajo en el que expertos de varios ámbitos del Estado, desde policías hasta notarios y registradores, comparten documentos y bases de datos: es un gran centro de información cuyos integrantes pueden acceder directamente a distintas fuentes. El equipo, creado a mediados de marzo y denominado Grupo de Coordinación para la Determinación de Fondos y Recursos Económicos de Sancionados, es “absolutamente inédito”, destacan fuentes del mismo. Depende del Departamento de Seguridad Nacional y de él forman parte las fuerzas de seguridad a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO, un organismo del Ministerio del Interior que coordina las investigaciones de las diferentes policías), el Servicio de Vigilancia Aduanera (dependiente de la Agencia Tributaria), el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos), el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores.

Este grupo cuenta desde esta semana con un arma legal de carácter excepcional, el Real Decreto que se publicó en el BOE el pasado martes. Permite evitar los obstáculos que supone topar con bienes inscritos a nombres de testaferros. Si hay “indicios racionales” de que el dueño oficial sea una sociedad pantalla, o un hombre de paja pensado para ocultar a un oligarca ruso sancionado, será suficiente para anotar la “prohibición de disponer” en la documentación del bien sin necesidad de una autorización judicial. A partir de ese momento, nadie podrá venderlos. En todos los casos tendrá que constar un informe previo que justifique esos indicios de que el verdadero titular de las fincas, bienes o derechos es una persona que aparece en las listas de sancionados de la UE.

Antes de este Real Decreto, al menos tres yates quedaron retenidos en puertos españoles con el aval de un informe de la Abogacía del Estado. En ese momento había menos coordinación entre administraciones, pero se empezó a actuar contra navíos (y no contra los inmuebles) por dos razones, señalan fuentes de la investigación. La primera, el riesgo de que los barcos soltaran amarras y abandonaran las aguas europeas. La segunda, las dificultades legales de sortear, aunque fuera de manera excepcional, la ley hipotecaria española para actuar sobre inmuebles. Esa norma garantiza a los titulares de una propiedad que han inscrito en el registro su inmueble unos derechos, como que no se modifiquen las escrituras sin su consentimiento o una autorización judicial. Con el nuevo Real Decreto se consigue rodear la norma en los casos concretos ligados a los magnates rusos. Sus bienes quedarán bloqueados hasta que ellos mismos presenten alegaciones (y estas sean avaladas en los tribunales) o mientras sus nombres aparezcan en las listas de sancionados por la guerra en Ucrania.

La nueva norma permitirá, por el momento, actuar contra al menos otros seis inmuebles que hasta la fecha no podían ser intervenidos. En total han sido identificados 29, a los que se suman cuatro yates y un atraque hasta un total de 34 bienes en España de oligarcas cercanos a Putin e incluidos en la lista de sancionados de la UE. Se concentran a lo largo de toda la costa mediterránea, con especial incidencia en Cataluña (dos yates y 14 inmuebles, de los que 11 están en la provincia de Girona y 3 en Tarragona). El resto de las propiedades vinculadas a empresarios ligados al Kremlin se reparten entre Alicante, donde han sido localizados siete inmuebles; Málaga, con cuatro, y la isla de Mallorca, donde hay dos barcos de recreo retenidos y se han ubicado otros cuatro inmuebles y un amarre de puerto.