Los tentáculos de Pegasus llegan hasta el hemiciclo

Como a todos los diputados nuevos, el Congreso entregó a Albert Botran un teléfono en diciembre de 2019. Botran, un historiador de 38 años con una larga militancia en el independentismo anticapitalista catalán, acababa de aterrizar como uno de los dos primeros parlamentarios de la CUP en Madrid. Apenas un mes después de estrenar escaño y teléfono propiedad de las Cortes españolas, en enero de 2020, alguien introdujo en ese dispositivo el programa espía Pegasus.

El de Botran es uno de los cuatro teléfonos de diputados del Congreso en los que el grupo canadiense Citizen Lab halló el rastro del virus orwelliano devenido ahora en malware político que amenaza la estabilidad del Gobierno. Además del representante de la CUP, figuran otros dos independentistas catalanes, Míriam Nogueras, portavoz de Junts, y Ferran Bel, del PDeCAT, así como un vasco, Jon Iñarritu, de EH Bildu. El de este último es el caso más extraño y más tardío de todos. Según los datos de Citizen Lab, la intrusión en su dispositivo se produjo en diciembre de 2020. “Todo el mundo me pregunta que por qué creo me podrían espiar y no lo sé decir”, se excusa un tanto perplejo. “He revisado esas fechas y lo único que encuentro son plenos aburridísimos en el Congreso”. Eso sí, Iñarritu dice que si lo han vigilado durante un tiempo más o menos prolongado, entonces los espiados habrán sido indirectamente, entre otros, la ministra de Defensa, Margarita Robles, con la que asegura que ha conversado a menudo.

También Nogueras y Bel han hablado por esos teléfonos con miembros del Gobierno. Y todos ellos con representantes de otros partidos de la Cámara. Botran, de hecho, cree que el motivo que más podría atraer la curiosidad sobre él, recién llegado al Congreso, eran sus relaciones con el resto de fuerzas independentistas y nacionalistas. En los casos de Nogueras y Bel, los hipotéticos objetivos del espionaje se atisban más evidentes: su cercanía al entorno del fugado Carles Puigdemont. A finales de 2017, cuando aún formaba parte de Junts, Bel viajó con frecuencia a Bruselas para preparar con Puigdemont las elecciones que siguieron a la intervención de la autonomía catalana. De esa época data la intrusión en su móvil. El ahora portavoz del PDeCAT confiesa que siempre sospechó que podía estar sometido a vigilancia. “Yo ya tenía la advertencia de que me podían estar escuchando”, admite. “Pero otra cosa es que accedan al contenido de todo tu teléfono. La impotencia por la violación de tu vida personal es total”.

“Es que esto es muy bestia”, se indigna Nogueras. En el año transcurrido desde que fue avisada de la intervención de su móvil, la portavoz de Junts cuenta que, por ejemplo, ha evitado dejar el teléfono en la mesilla de noche por temor a que la espiasen en la cama con su esposo. “Es que es inevitable pensar que te pueden guardar alguna cosa durante años para ir a por ti, como pasó con Cristina Cifuentes”, protesta.

“Yo tampoco me sorprendí mucho cuando me lo dijeron”, asegura Botran. “Había antecedentes y sabíamos que el espionaje era una de las herramientas que podía usar el Estado”. El diputado de la CUP tomó precauciones al principio, aunque las fue relajando con el tiempo “para no vivir obsesionado”. Iñarritu cortó por lo sano. En cuanto le comunicaron el descubrimiento del virus, se fue desde el Congreso a la Puerta del Sol, a unos centenares de metros, y compró un aparato nuevo. El antiguo lo tiene guardado como prueba.

Todos están convencidos de que solo algún organismo del Estado tiene la capacidad de intervenir de ese modo sus comunicaciones. La más contundente es Nogueras: “Nos estamos centrando mucho en el CNI y en Margarita Robles, pero yo creo que algo así no se puede montar sin que lo sepa La Moncloa”. La hipótesis de Iñarritu es mucho más matizada y sugiere que detrás puedan estar “elementos incontrolados” del aparato de seguridad estatal. “De una cosa estoy seguro: ningún juez ha podido autorizar que se intervengan teléfonos de diputados”.

Los cuatro han exigido al Congreso que contacte con Citizen Lab o alguna empresa especializada para un análisis exhaustivo de sus terminales y que emprenda de inmediato acciones legales en su defensa. Tras presentar una solicitud de amparo, y arropados por la cúpula del grupo de Unidas Podemos, se reunieron el miércoles con la presidenta del Congreso. Meritxell Batet los invitó a que pongan sus teléfonos en manos de los servicios informáticos de la Cámara, que ya en otras ocasiones han intervenido por el pirateo del dispositivo de algún diputado. Sobre las acciones legales, Batet ha aplazado la respuesta.

El papel de los cuatro en esta legislatura ha sido muy diferente. Nogueras y Botran no engrosan la base parlamentaria del Gobierno, aunque coincidan esporádicamente. Ambos admiten que sin el escándalo del espionaje no hubiesen votado el jueves en contra del decreto de medidas urgentes para paliar la crisis económica. “Pero se había convertido en una votación muy simbólica”, argumenta Botran, “una especie de moción de confianza al Gobierno. Les pedimos una comisión de investigación y no hubo respuesta”.

Iñarritu y Bel rehusaron entrar en lo que entendían un castigo al Gobierno en las espaldas de los ciudadanos beneficiados por las medidas del decreto. Sus grupos han sido apoyos muy sólidos del Ejecutivo en estos dos años. Sin el PDeCAT, por ejemplo, no hubiese salido la reforma laboral. Pero su gesto del jueves no debe interpretarse como que todo seguirá igual que hasta ahora. “Si el PSOE no mueve ficha”, avisa Bel, “nos va a ser muy difícil mantener el mismo tipo de relación con el Gobierno”.

Con información de Marc Rovira.