Cataluña concentra 16 de los 34 bienes localizados en España a oligarcas rusos

Cuatro yates, un amarre de barco y 29 inmuebles. Los 34 bienes de oligarcas cercanos al presidente ruso, Vladímir Putin, incluidos en la lista de sancionados de la Unión Europea que se han localizado en España, se concentran a lo largo de toda la costa mediterránea, con especial incidencia en Cataluña, según datos de la investigación a los que ha tenido acceso EL PAÍS. En esta comunidad, se han localizado un total de 14 inmuebles, de los que 11 están en la provincia de Girona y los otros tres, en la de Tarragona. En esta última provincia, además, un juez ordenó el 4 de abril el embargo de un yate valorado en más de 100 millones de euros y en el puerto de Barcelona había sido inmovilizada una segunda embarcación de lujo dos semanas antes.

El resto de las propiedades presuntamente vinculadas a empresarios con conexiones con el Kremlin se reparten entre Alicante, donde han sido localizados siete inmuebles; Málaga, con cuatro, y la isla de Mallorca, donde hay dos barcos de recreo retenidos y se han ubicado otros cuatro inmuebles y un amarre de puerto. La mayor parte de estos bienes han sido localizados gracias al rastreo realizado por el Consejo General del Notariado y, en concreto, por su Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales en el llamado Índice Único Notarial, una base de datos creada en enero de 2004 y en el que quedan registradas todas las operaciones realizadas por los fedatarios públicos desde entonces.

Según detallan fuentes de la institución, el Consejo General del Notariado rastreó los 150 millones de registros de esta base de datos a partir de la información contenida en la lista de sancionados elaborada por el Consejo Europeo en respuesta a la invasión de Ucrania y que, en la actualidad, incluye a 1.091 personas y 80 entidades. En la mayoría de los casos, la información de los oligarcas rusos que recoge este listado es el nombre propio, el patronímico (en Rusia se deriva del nombre del padre), el apellido y la fecha de nacimiento, pero sin números de documentos de identidad. El cruce de información permitió incorporar con posterioridad a la búsqueda de bienes en España la identidad de familiares de los sancionados, así como el de personas que figuran como socios o apoderados de sus empresas.

En total, el rastreo del Consejo General del Notariado ha permitido identificar operaciones de 14 personas incluidas en la lista de la UE y de otras 88 vinculadas a ellas. Además, ha reseñado actividad notarial de ocho sociedades registradas en España y de otras siete en el extranjero ―en el Reino Unido, Suiza, Lituania y Liechtenstein― vinculadas directamente con los sancionados, así como un amarre de barco y 29 inmuebles. De estos últimos, 11 son propiedad directa de los sancionados o sus empresas, y los 18 restantes figuran a nombre de familiares. Toda esa información ha sido transmitida al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), la unidad de inteligencia financiera dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, añaden las fuentes consultadas.

En Girona y Málaga, dos de las provincias donde se han localizado bienes, posee sendas propiedades, a través de su hijastra, Serguéi Chemezov, consejero delegado de Rostec, la gigantesca empresa pública rusa de armamento. Chemezov, considerado por la UE colaborador directo de Putin, está en la lista comunitaria de oligarcas sancionados desde 2014, cuando se promovió una primera ronda de medidas económicas contra el entorno del presidente ruso por la anexión entonces de la península de Crimea.

Uno de estos inmuebles es una villa en la localidad gerundense de S’Agaró adquirida en 2017, según reveló una investigación de la plataforma de investigación periodística OCCRP de marzo de 2019 y como ha comprobado EL PAÍS en el registro de la propiedad español. El inmueble fue comprado por 2,9 millones de euros, un quinto de su valor real. La segunda finca está en Estepona. De 800 metros cuadrados, el inmueble es propiedad, desde 1998, de Holytown Limited, una sociedad registrada en Dublín (Irlanda) que está controlada, al menos desde 2017, por Penimar Holdings Limited, firma de la que son beneficiarias Anastasia Ignatova, la hijastra del oligarca, y Liudmila Rukavishnikova, su abuela, como revelaron los papeles de Pandora.

Chemezov es también el supuesto propietario del yate Valerie, una embarcación de recreo de 85 metros de eslora y valorada en 130 millones de euros que fue inmovilizada por orden de la Dirección General de la Marina Mercante en el puerto de Barcelona el 14 de marzo. El barco figura a nombre de Delima Services Limited, una sociedad en Islas Vírgenes vinculada a Ignatova. Un día después, España actuaba del mismo modo contra el Lady Anastasia, en Port Adriano (Mallorca), un yate del oligarca Alexander Mijeev, director general de la exportadora de material de defensa Rosoboronexpor.

Esa misma semana fue bloqueado, en este caso en el puerto de Tarragona, el Crescent, una embarcación de 135 metros de eslora que aparece formalmente a nombre de la sociedad Densiarly Entst, domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, aunque se sospecha que en realidad pertenece a Ígor Sechin, considerado íntimo amigo del presidente ruso y máximo responsable de la petrolera Rosneft, el activo corporativo más valioso del Kremlin. El pasado 4 de abril, un juez ordenó el embargo judicial del yate después de que la justicia de EE UU enviase una comisión rogatoria (solicitud de auxilio judicial) sobre Sechin, que figura en la lista de sancionados elaborada por las autoridades de Washington. El magistrado ordenó a la policía tomar declaración como testigo a cinco tripulantes del barco sobre la identidad del verdadero propietario.

Ese mismo día, otro juez, en este caso de Mallorca, también embargaba a petición de EE UU el Tango, una embarcación de 78 metros de eslora valorada en 90 millones de euros y abanderado en las islas Cook, donde figura a nombre de una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas que, a su vez, está administrada por sociedades de Panamá. Su supuesto propietario real es Víktor Vekselberg, dueño del grupo Renova (un conglomerado empresarial con intereses en el sector del aluminio, la energía y las telecomunicaciones) y al que la revista Forbes estima una fortuna de más de 13.000 millones de dólares (unos 11.850 millones de euros).