Un oligarca ruso sancionado desde 2014 lleva años vinculado a dos mansiones y un yate en España

Serguéi Chemezov, consejero delegado de Rostec, la gigantesca empresa pública rusa de armamento, lleva al menos cinco años vinculado a varias propiedades en España a través de su hijastra, Anastasia Ignatova. Una de ellas es el yate que las autoridades españolas retuvieron el 14 de marzo en el puerto de Barcelona. Las otras son una villa en S’Agaró (Girona) y otra en Estepona (Málaga), que controlaría al menos desde 2017. El magnate, colaborador directo de Vladimir Putin según la UE, entró en 2014 en la lista comunitaria de oligarcas sancionados, cuando se promovió una primera ronda de medidas económicas contra el entorno del presidente ruso por la anexión de la península de Crimea. Sin embargo, no ha sido hasta la reciente invasión de Ucrania cuando el Gobierno ha emprendido acciones contra los bienes de este oligarca en suelo español. Por el momento, solo hay noticia de que se haya inmovilizado el buque.

La orden para retener el yate Valerie, de 85 metros de eslora y amarrado en el puerto de Barcelona, la dictó la semana pasada la Dirección General de la Marina Mercante, el órgano competente para ordenar la retención administrativa de naves, en aplicación de la decisión del Consejo Europeo del 17 de marzo de 2014 de medidas contra quienes atacaran la soberanía de Ucrania. Ese texto dejaba margen para identificar los “recursos económicos [...] tangibles o intangibles” de los que los sancionados pudiesen recabar fondos, bienes o servicios. Buques e inmuebles estaban incluidos en la lista. La resolución de Marina Mercante se refiere a ella y asegura que el Gobierno español tiene “motivos fundados para sospechar sobre la posible propiedad, tenencia o control” del buque por parte del oligarca.

La inmovilización del yate fue avalada por un informe de la Abogacía del Estado, emitido 19 minutos después de la resolución de la Marina Mercante sobre el Valerie. El informe recordaba que las sanciones acordadas por la UE ya en 2014 tenían “carácter obligatorio” para los Estados miembros. Señalaba además que, para barcos e inmuebles, no era necesario tener constancia real del verdadero titular para ejecutar la medida, sino simplemente motivos fundados para sospechar que lo disfruta con “una cierta consistencia temporal” o haya constancia de que tienen “capacidad o facultad de influir” sobre el mismo.

El Ministerio de Transportes, de quien depende Marina Mercante, asegura que la medida sobre el yate de Chemezov se ha tomado en este momento, pese a que este oligarca ruso lleva años en la lista de los sancionados por la UE, porque es ahora cuando ha habido “indicios suficientes como para retener el buque y poder verificar si efectivamente pertenece a ese individuo”. El Ministerio de Presidencia, que fue el que hizo la consulta a la Abogacía del Estado sobre el amparo legal para actuar contra los bienes de los oligarcas rusos, corrobora esta versión.

Lo que sabe del buque y de las villas

A la espera de que las administraciones puedan recabar más datos, esto es lo que se sabe de los bienes de Chemezov en España.

Yate Valerie. El barco, que el magnate compró por unos 124 millones de euros, está vinculado a Delima Services Limited, una sociedad en Islas Vírgenes Británica. Como desvelaron los Papeles de Pandora, publicados el 3 de octubre de 2021 por EL PAÍS y La Sexta y otros medios internacionales coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), su dueña es Anastasia Ignatova, hija de la segunda mujer de Chemezov y profesora universitaria. Varias páginas especializadas en información sobre grandes buques ya apuntaban antes a Chemezov como su supuesto propietario real. Antes de recalar en Barcelona este mes de febrero, el buque había estado en los últimos años en el mismo puerto de la capital catalana y en el de Girona, además de haber parado en varios puertos europeos ―Francia e Italia―, donde tampoco quedó retenido por las autoridades locales.

Villa en Estepona. Holytown Limited es una sociedad registrada en Dublín que, desde 1998, es dueña de una villa de 800 metros cuadrados al norte de la localidad malagueña. La sociedad irlandesa está, al menos desde 2017, controlada por Penimar Holdings Limited, sociedad de la que son beneficiarias Anastasia Ignatova y Lyudmila Rukavishnikova, su abuela, como revelaron los Papeles de Pandora.

La dirección en la que se registran Ignatova y su familiar, la calle Povarskaya, de Moscú, es conocida por ser una zona de embajadas y mansiones de interés arquitectónico.

Villa en S’Agaró. También a nombre de Ignatova está la villa que se levanta en el selecto asentamiento de S’Agaró (Girona). La compra de la vivienda fue en julio de 2017, de acuerdo con una investigación de la plataforma de investigación periodística OCCRP de marzo de 2019 y como ha comprobado EL PAÍS en el registro de la propiedad español. La compró por 2,9 millones de euros, un quinto de su valor real.

Cuando se hicieron públicas esas informaciones, Chemezov prefirió no contestar a las preguntas de los periodistas y un comunicado al respecto difundido inicialmente a través del medio ruso RBC fue rápidamente eliminado de esa web.

Otros oligarcas

Serguéi Chemezov no es el único oligarca con intereses en España, aunque solo él estaba ya en la lista de sancionados antes de la guerra en Ucrania. De hecho, el Gobierno ha movilizado expertos policiales y de otros ámbitos de la Administración para localizar activos ocultos de al menos once oligarcas.

En los últimos años han sido sonadas las inversiones de Mijáil Friedman en la cadena de supermercados Dia a través de un fondo de inversión del que se ha desvinculado tras el comienzo de la guerra. También en España se encontraban otros dos yates vinculados con oligarcas rusos y retenidos la pasada semana: el Crescent, de Igor Sechin, bloqueado en Tarragona, y el Lady Anastasia, de Alexander Mijeev, director general de la exportadora de material de defensa Rosoboronexpor.

Una investigación de EL PAÍS a partir de fuentes públicas desveló que, en Europa, los oligarcas sancionados desde 2014 están vinculados a al menos 45 inmuebles, 16 yates y 13 aviones.