Cuenta atrás para salir del agujero: el Gobierno adelanta medidas para aliviar la presión social

El PSOE y Unidas Podemos lo veían venir hace semanas, desde que empezó la guerra en Ucrania, pero nadie pensó que sería tan profundo, según admiten. El agujero en el que se ha metido el Gobierno, al que se le multiplican los frentes a atender, es uno de los más delicados de la legislatura. Y eso es mucho decir para un Ejecutivo que ha gestionado la mayor pandemia en un siglo.

Parece la tormenta perfecta. La combinación de guerra dentro de Europa, una crisis energética y económica, huelga de transportistas y el acoso político de la mayoría del Congreso, desde la oposición a los aliados, por el giro sobre el Sáhara Occidental para resolver la crisis con Marruecos, ha dejado al Gobierno a la defensiva, rodeado de una presión difícil de soportar incluso para un Ejecutivo acostumbrado a tensiones extremas.

Durante varios días, demasiados, según algunos análisis tanto en el PSOE como en Unidas Podemos, el Gobierno ha pedido tiempo, ha insistido en que todo se resolvería en cuanto termine la cumbre de la UE en Bruselas el viernes y se aprueben las medidas el martes próximo. Sánchez ha decidido anunciar las principales decisiones el lunes, con una comparecencia en la que tratará de ofrecer al fin un mensaje positivo con un plan de ayudas millonarias, aprobarlas definitivamente el martes y comparecer en un pleno extraordinario el miércoles en el Congreso.

La Moncloa quería aguantar hasta el lunes, pero ha llegado finalmente a la conclusión de que el desgaste de esta estrategia de esperar a la próxima semana era demasiado grande y ha empezado a adelantar algunas medidas. Lo hizo el ministro de Agricultura, Luis Planas, que el miércoles avanzó las líneas generales de las ayudas al sector pesquero y prometió que algunas se adelantarán antes de que termine la tramitación. Además, garantizó que se hará todo lo posible para “limitar al máximo el impacto de la subida del gasóleo sobre el sector”. Horas después, avanzada la noche, la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras anunció que la flota volverá a faenar.

Este jueves será otro día clave, con una nueva reunión del Gobierno con los transportistas para intentar, esta vez sí, desbloquear la huelga que está provocando problemas graves en distintas actividades e industrias. El Ejecutivo confiaba en haberlo resuelto el lunes, cuando puso 500 millones de euros encima de la mesa, pero no lo logró por la presión de algunos sectores dentro de los camioneros que arrastran a los demás.

“Mañana [por este jueves] no nos levantaremos hasta que tengamos un acuerdo. Iremos con la máxima empatía y actitud de diálogo. No podemos salir sin un acuerdo”, insistió el miércoles Pedro Sánchez desde Ceuta, adonde viajó precisamente para reivindicar el acuerdo con Marruecos allí donde más apoyo tiene, en las ciudades autónomas que se verán beneficiadas porque se reabrirá la frontera, fundamental para su economía, y en teoría habrá un mayor control de la inmigración irregular. Este es un asunto clave para unas poblaciones pequeñas con dificultades para atender a los inmigrantes que saltan la valla.

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, del PP, lo explicó gráficamente en el último gran salto, el que inició esta crisis diplomática, cuando 12.000 personas cruzaron la valla instigadas por Marruecos. Ceuta tiene 70.000 habitantes, así que siguiendo una fórmula simple matemática, “es como si medio millón de personas entraran de golpe en Madrid y deambularan por sus calles, sin tener dónde ir”, señaló Vivas.

La palabra “empatía”, que el miércoles pronunció Sánchez, es la más repetida en los debates internos del Gobierno. Yolanda Díaz, líder de Unidas Podemos, no para de pronunciarla. En el Ejecutivo, varios ministros ven movimientos políticos detrás de buena parte de la situación a la que se enfrentan, pero también insisten en que los ciudadanos están sufriendo realmente la crisis energética y hay que hacer esfuerzos para conectar con ellos. Y sobre todo en explicar lo que ya se está haciendo, que en ocasiones pasa inadvertido en medio de la vorágine política y las protestas.

En el Gobierno se multiplican las reuniones para rematar un potente paquete de medidas no solo frente a la crisis energética, sino también sociales, que se pretenden aprobar el martes en el Consejo de Ministros. Sánchez las explicará el día anterior y el miércoles comparecerá en el Congreso. Se habrá rematado entonces una semana frenética para intentar salir del agujero en el que se ha metido el Ejecutivo y del que saldrá, según confían en el entorno del presidente, cuando los ciudadanos vean las dimensiones del paquete económico y social que se aprobará para hacer frente a la crisis.

Una de las cuestiones que ha virado es que ya no se pone el foco en las bajadas de impuestos para pactar con el PP, que fue el mensaje que salió de la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma. Díaz protestó mucho internamente por este enfoque, que en su opinión implicaba colocar el marco político en el campo de la oposición. La propia Nadia Calviño y también María Jesús Montero fueron desplazando poco a poco el eje y le dijeron al PP que no todo pueden ser bajadas de impuestos porque eso no resuelve el problema.

Al final se está optando por la vía francesa: ayudas directas —allí se destinarán hasta 2.000 millones de euros a partir del 1 de abril— para bajar 15 céntimos de euro por litro el precio del combustible. Algunos ministros recuerdan que la enorme bajada de impuestos a la electricidad, que hace perder al Estado hasta 12.000 millones al año que serían muy útiles para políticas sociales, en realidad queda superada por la realidad y parece que no se hizo nada. Además, luego se vuelve casi imposible volver a subirlos si la situación se normaliza.

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Unidas Podemos reclama más: la congelación de las subidas de los alquileres en 2022, un cheque energético de 300 euros, y sobre todo, alguna medida que vaya directamente a atacar los enormes beneficios de las eléctricas, ya sea a través de un impuesto especial o de límites a los llamados beneficios caídos del cielo. El PSOE no rechaza de plano nada, hay mucha discusión y seguirá durante el fin de semana, pero todo está muy condicionado al resultado de la cumbre en Bruselas. Si España logra margen ahí para desacoplar el precio del gas y la electricidad, la bajada sería inmediata y muy superior a cualquier reducción de impuestos, señalan en La Moncloa. Pero hay muchas resistencias en varios países.

¿Y si sale mal la cumbre? “No tenemos plan b. Europa no se puede permitir salir de este Consejo sin tomar decisiones”, señalan en La Moncloa. Sánchez confía en que sus viajes de estos días fructifiquen y está dispuesto a forzar mucho en la cita, con alianzas importantes que ha tejido estos días, para salir de allí con algo que permita una bajada muy significativa del coste de la energía.

La Moncloa reivindica que el Gobierno ha multiplicado sus reuniones con los grupos parlamentarios y los sectores afectados, pero lo cierto es que hay muchas críticas en todos los partidos por la decisión de Sánchez de esperar para anunciar las medidas a la cumbre europea que comenzará este jueves, y no se sabe bien si acabará el viernes o incluso el sábado.

También hay dudas internas. Desde luego en Unidas Podemos, pero también en algunos sectores socialistas, que creen que se han cometido dos errores importantes: uno, descalificar los primeros paros de transportistas como instigados por la ultraderecha de Vox. Es algo que puede ser cierto, admiten algunos diputados y miembros del Gobierno, pero decirlo ha tenido un efecto muy contraproducente y ha alimentado un fuego ya muy vivo. Y el otro, visto ahora con perspectiva, ha sido colocar todos los huevos en la cesta de la gira internacional de Sánchez para lograr un consenso entre las cancillerías europeas mientras se ganaba tiempo en el plano interno.

Lo más llamativo es que España tiene en cartera medidas incluso más potentes que las de sus socios europeos, según señalan algunos ministros, y de hecho lleva meses poniendo en marcha algunas de ellas, sobre todo las bajadas de impuestos a la electricidad, y, sin embargo, la sensación es que La Moncloa va más tarde que todos los demás porque se han retrasado los anuncios hasta después de la cumbre. Esto era hasta el miércoles, cuando se decidió cambiar la estrategia y acelerar las reuniones —la de los transportistas se adelantó un día— para intentar empezar a cerrar este jueves una crisis que amenaza con escaparse de las manos del Gobierno.