El Gobierno se prepara para gestionar una economía de guerra

La nueva normalidad duró apenas un par de meses en La Moncloa. Justo cuando los datos empezaban a ser muy positivos y el Ejecutivo enfocaba la segunda parte de la legislatura con la recuperación ya tomando ritmo de crucero, la guerra en Ucrania ha provocado que el Gobierno vuelva al modo de alarma total similar al de 2020. La economía no se ha parado por completo como entonces, pero todos los interlocutores del Gobierno trasladan una gran preocupación. Ya hay empresas que están parando porque les faltan materiales y otras que se lo están pensando por los precios disparados de la energía. El presidente, Pedro Sánchez, no ha ocultado la gravedad de la situación, que va para largo porque el conflicto con Rusia no se resolverá por mucho que acabe la guerra en Ucrania.

Mientras él prepara una ronda de viajes europeos para convencer a los socios de que hagan algo ya para poner topes a los precios de la electricidad y cambiar un mercado energético descontrolado, sus ministros multiplican gestiones para intentar paliar lo que viene: un frenazo importante, sobre todo en algunos sectores. De nuevo, como en la pandemia, el Ejecutivo prepara toneladas de dinero público para salvar trabajadores, empresas y personas especialmente vulnerables. De la economía hibernada en pandemia se pasa a una economía prácticamente de guerra pese a que el conflicto esté a cuatro horas de avión de Madrid. Estos son algunos de los elementos centrales de la crisis y la respuesta del Ejecutivo.

Todos los caminos conducen a la energía. Todo el Gobierno, desde Sánchez a Nadia Calviño, Teresa Ribera, María Jesús Montero o Yolanda Díaz y el sector de Unidas Podemos está concentrado en buscar soluciones para frenar el descontrolado precio de la energía. Allí empezó el año pasado la crisis inflacionaria y ahí sigue, ahora ya con un mercado “completamente roto”, según repiten varios interlocutores del Ejecutivo. La clave es la UE, pero hay resistencias fuertes, en especial de Alemania. Sánchez lo intentará estas dos semanas con una ronda por varias cancillerías europeas, donde tratará de convencer a sus socios, sobre todo al socialdemócrata Olaf Scholz, para forzar ya una intervención en el mercado.

Scholz, con mucho más dinero en el bolsillo, prefiere apoyar directamente a sus empresas sin tocar el mercado eléctrico. Si Sánchez no logra su objetivo para la cumbre del 24 y 25 en Bruselas, el Ejecutivo tiene listos documentos que avalan la decisión de poner un tope a los precios de la electricidad de forma individual, solo en España, y evalúan los riesgos legales que supondría actuar sin el aval de la UE. Además cree que otros muchos países lo harán. De hecho, algunos miembros del Ejecutivo ven la situación tan dramática, con precios absolutamente desorbitados que destrozan sobre todo a la industria, que incluso creen que será difícil esperar dos semanas, lo que queda para la cumbre en Bruselas, sin tomar medidas drásticas en España. “Hay que actuar ya, esto es insostenible”, repite uno de ellos. Nadie había visto nunca una cosa así. Y se ha contagiado a todo: gas, electricidad, petróleo, combustibles. La gran industria no aguanta, y los consumidores más vulnerables mucho menos.

Más bajadas de impuestos, ninguna subida. Sánchez ya ha anunciado un “plan nacional de respuesta del impacto de la guerra” con medidas sobre todo de bajada de impuestos a la energía. La mayoría de ellas son prórrogas de medidas tomadas en 2020, en plena crisis energética. Suele pasar desapercibido, pero es un coste enorme para las arcas públicas. El Gobierno calcula que cada trimestre que lo prorroga —de momento ahora se ha hecho hasta el verano— se pierden unos 3.000 millones de euros en impuestos que podrían dedicarse a servicios sociales, a sanidad, a educación. Son 12.000 millones anuales. Por eso Sánchez aprieta para intervenir el mercado, porque no todo pueden ser bajadas de impuestos.

Aún así, aún queda margen en un paquete muy relevante: los que gravan los combustibles. La presión ahí es muy fuerte y es probable que el presidente lo anuncie en breve. Sánchez ha convocado este domingo una conferencia de presidentes, donde se estudiarán medidas. Todos los barones autonómicos tienen presión de sus industrias y ciudadanos y están muy preocupados. De hecho el catalán, Pere Aragonés, después de amagar con no ir, no ha querido perderse un debate muy relevante como este. Los barones están reclamando un fondo de salvamento como el del covid, y el PP pide más bajadas de impuestos. En este contexto se ha presentado el informe de los expertos sobre la reforma fiscal que plantean subidas de impuestos para aumentar la recaudación, más baja en España que en los países de su entorno, pero ahora todo queda aparcado por la guerra.

El pacto de rentas. La reunión del lunes con empresarios y sindicatos no fue todo lo bien que esperaba La Moncloa. Los agentes sociales, en especial la patronal, no quiere que el Ejecutivo se meta en la negociación salarial. No será nada fácil un acuerdo. Las empresas cotizadas han tenido un beneficio récord en 2021, en plena crisis, de 64.021 millones de euros. Los sindicatos exigen que si quieren moderación salarial a cambio cedan en esos beneficios, a través de impuestos o reinversiones. Pero después de las tensiones de la reforma laboral, la patronal no parece dispuesta a un nuevo acuerdo con el Gobierno y tampoco a ceder en topes a los beneficios.

A finales de año llega la revalorización de las pensiones, que con estos números sería un agujero enorme para las arcas públicas. “La única suerte es que esto ha pasado a principios de año. Si llega a ser a finales, cuando se suben pensiones y muchos salarios, habría explotado. Hay que corregirlo antes”, resume un negociador. “La guerra cambia el escenario económico. Hay que trabajar con los agentes sociales para que no lleve a un espiral inflacionista para la economía”, admitió Calviño, que insiste en que “la recuperación se puede ralentizar, pero no se para”.

El diálogo del Gobierno con el nuevo PP. La conferencia de presidentes será un buen test para ver si ha cambiado algo la dinámica entre los dos grandes partidos. El pacto PP-Vox en Castilla y León ha subido la tensión entre ellos, pero varios interlocutores de los dos sectores creen que Alberto Núñez Feijóo, el nuevo líder, querrá compatibilizar ese pacto con Vox con acuerdos con el PSOE en grandes asuntos de Estado, y la economía de guerra que viene lo es. De momento, el PP aprobó el último decreto de prórroga del escudo social en el Congreso. Solo Vox se quedó fuera. Esa es otra de las consecuencias políticas de la guerra: la mayoría se ha reforzado, y después de la crisis de la reforma laboral, el Gobierno ha sacado todo sin muchos apuros.

¿Chalecos amarillos en España? Vox se está moviendo en las aguas revueltas por la crisis, en especial con una gran manifestación del campo el día 20. En el Ejecutivo preocupa que se intente crear un movimiento de chalecos amarillos en España. Los precios de los alimentos se están disparando. Sánchez ha insistido en la cumbre de Versalles en que Europa debe evitar una “crisis alimentaria” reforzando su agricultura y su autonomía. Luis Planas, ministro de Agricultura, está multiplicando esfuerzos para diversificar el origen de las importaciones españolas para no depender tanto de Ucrania y Rusia en algunos productos clave y reforzar la producción nacional en sectores como las proteínas vegetales. Pero todo requiere tiempo y dinero.

Las medidas más políticas, en segundo plano. La guerra y la crisis que provoca ocupa casi toda la agenda del Gobierno. Como en pandemia, lo demás queda en un segundo plano. Medidas muy políticas como la ley de memoria histórica, aparcada por el rechazo de ERC, o la ley mordaza, que sigue adelante pero lentamente, o las reformas legales para dar más transparencia a la monarquía, que duermen en un cajón en Moncloa a la espera del nihil obstat de Zarzuela, dejan de ser una prioridad. Lo que sí se mantiene es la presión al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que ahora con Feijóo debería ser más fácil, aunque en el Ejecutivo no lo creerán hasta que lo vean. Sánchez y Feijóo solo hablarán formalmente cuando sea elegido en el congreso, aunque se verán este fin de semana en La Palma.

El futuro: las interconexiones y el cambio energético. Toda crisis es una oportunidad. España ahora sufre el shock de la crisis energética. Pero el Ejecutivo confía en que esto pueda servir para que muchos países se acerquen a las posiciones españolas sobre el cambio del mercado y también que miren a España como posible nueva entrada de energía en Europa a través del gasoducto con Argelia y las seis plantas regasificadoras que hay en la península. El proyecto es caro y España quiere que lo pague la UE. Además tiene resistencias de Francia. Pero implicaría un cambio estratégico para el país, de ser una isla energética a convertirse en la entrada natural de energía de transición como el gas y en el futuro de energía limpia como el hidrógeno verde. El Gobierno ya está acelerando las inversiones previstas en renovables con el fondo de recuperación europeo. La idea es aprovechar la crisis para acelerar el cambio y salir de ella mucho menos dependientes de una energía que no solo contamina sino que depende, como se ha visto, de la voluntad de un autócrata como Putin que, al igual que sucedió en los 70, puede hundir al mundo entero en una crisis durísima con la decisión de invadir un país por su cuenta y riesgo.