Polonia decreta prisión provisional hasta el 29 de mayo para el periodista español acusado de espionaje

La familia de Pablo González, el periodista español detenido en Polonia a finales de febrero acusado de espiar para Rusia, ya tiene una primera fecha sobre la mesa: el próximo 29 de mayo. Las autoridades polacas han decretado que el reportero permanezca en prisión provisional hasta ese día, según una notificación enviada por correo al domicilio de su mujer en el País Vasco. Según detalla el entorno de González, esta es la primera vez que Polonia se pone en contacto con ellos —solo han tenido noticias a través de Exteriores—, y siguen sin poder hablar con él más de tres semanas después de su arresto.

El escueto escrito remitido por Polonia, fechado el 3 de marzo y al que ha tenido acceso EL PAÍS, apenas cuenta con un párrafo donde informa de la situación del investigado sin entrar en detalles del caso y sin aclarar si la prisión provisional es prorrogable después del 29 de mayo. El texto solo explica que el Tribunal Regional de Rzeszów “ordenó privar temporalmente de libertad” al periodista, al que identifica con los alias de Aleksey Rubtsov y Pavel Rubtsov. Según la nota, González permanecerá así por un “periodo de tres meses, es decir hasta el 29 de mayo de 2022”, y se encuentra “a disposición de la Fiscalía Nacional de Rzeszów y ha sido trasladado al centro penitenciario” de dicha ciudad. La Agencia de Seguridad Interior de Polonia detuvo al periodista en la noche del 27 al 28 de febrero “bajo sospecha” de “participar en actividades de inteligencia extranjera”.

La familia denuncia que, desde que se le apresó hace 23 días, no ha podido comunicarse todavía con el reportero. Ni por teléfono ni en persona. Su abogado, Gonzalo Boye, repite que él tampoco ha podido hacerlo y que no ha conseguido permiso para visitarlo en la cárcel. “Vivimos en el desconocimiento absoluto. No sabemos de dónde han sacado las acusaciones, no sabemos a qué supuestas pruebas se refieren. Su letrado no ha podido hablar con él y, por tanto, no se puede empezar a trabajar en su defensa”, explicaba Oihana Goiriena, pareja de Pablo González, hace dos semanas. El cónsul de España en Varsovia, que se puso en contacto con la mujer, sí pudo visitarlo en la cárcel y contó que se encontraba “bien” y que insistía en su inocencia.

A través de un comunicado difundido cinco días después del arresto, sin mencionar el nombre de González, las autoridades afirmaron que lo detuvieron en Przemyśl, a escasos kilómetros de la frontera de Ucrania. Polonia lo identifica como “agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU)”, la poderosa agencia de inteligencia militar del Kremlin; y le atribuye un delito de espionaje castigado con hasta 10 años de cárcel. Según la nota, hay “evidencias” contra él: “Realizó operaciones en beneficio de Rusia, beneficiándose de su condición de periodista, lo que le permitió viajar libremente por el mundo y Europa, incluyendo zonas de conflicto militar y territorios marcados por tensiones políticas [...] Antes de su detención, tenía previsto viajar a Ucrania para continuar con su actividad”.

La organización Reporteros Sin Fronteras ha denunciado que la familia no haya podido contactar con el periodista, que estuvo incomunicado al menos 72 horas tras su arresto —sin hablar, si quiera, con los servicios consulares de España—. “El Gobierno polaco es el que tiene que probar las acusaciones. Y, de momento, no solo no las ha probado, sino que ha dificultado la comunicación de Pablo con el exterior. No entendemos las razones”, ha dicho el presidente de la ONG en España, Alfonso Bauluz, en una entrevista en Público. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que Polonia le había comunicado que se le había asignado una abogada de oficio, pero Goiriena explica que esta letrada no les ha facilitado ningún dato del caso, más allá de confirmar que ha asumido su representación.

El entorno sospecha que, entre las supuestas pruebas que esgriman contra el reportero, se encuentren sus pasaportes ruso y español, con supuestas identidades distintas de González, nacido en Moscú y nieto de uno de los niños evacuados a Rusia durante la Guerra Civil española. Boye explica que, simplemente, la madre del periodista se divorció y, cuando volvió a España con su hijo, acordó que la documentación española contara con su nombre en español y el apellido materno, mientras que en la rusa seguía como Pavel Rubtsov, su nombre ruso y el apellido de su padre. De hecho, en los alias que Polonia le atribuye en la notificación, se le identifica como Pavel Rubtsov y Aleksey Rubtsov (Aleksiej era el nombre de su progenitor).

La familia de González, colaborador de medios españoles como Público y La Sexta, no se cree las imputaciones y defiende que él solo trabajaba como periodista en la zona, a la que había vuelto ahora para cubrir la invasión de Rusia a Ucrania. Tres semanas antes de su arresto en Polonia, ya había sido retenido en Ucrania por los servicios de inteligencia de ese país. En aquel momento, agentes del CNI también contactaron con su entorno en España, según confirmó la ministra de Defensa, Margarita Robles.