Diez días sin hablar con el periodista español detenido en Polonia: “No sabemos de qué se tiene que defender”

“Vivimos en la incertidumbre. Todavía no sabemos de qué se tiene que defender”. Oihana Goiriena, pareja de Pablo González, el periodista español detenido en Polonia a finales de febrero acusado de espiar para Rusia, resume así los diez días que han pasado desde su arresto. Diez días que han transcurrido sin que la familia haya podido comunicarse con él. Tampoco su abogado, Gonzalo Boye. “Las acusaciones son gravísimas y no sabemos de dónde se las sacan”, añade Goiriena, que hasta ahora solo ha tenido noticias del reportero a través del cónsul de España en Varsovia. Este les informó de que el pasado lunes había podido finalmente visitarlo en la cárcel y que se encontraba “bien”, que insistía en su inocencia y en que “no sabe por qué le acusan”.

La Agencia de Seguridad Interior de Polonia detuvo a González en la madrugada del 27 al 28 de febrero. Según un comunicado publicado cinco días después del arresto, las autoridades del país centroeuropeo lo capturaron “bajo sospecha” de “participar en actividades de inteligencia extranjera”. Lo calificaron como un “agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU)”, la poderosa agencia de inteligencia militar del Kremlin; le atribuyeron un delito de espionaje castigado con hasta 10 años de cárcel; y afirmaron que contaban con “evidencias” contra él.

Pero la familia del periodista, colaborador del diario Público y La Sexta, niega las acusaciones, y subraya que todavía no ha podido tener acceso a asistencia letrada. “El cónsul me llamó y me dijo que ya había podido hablar con él. Y que se encontraba bien, lo que nos tranquiliza un poco”, prosigue la pareja del reportero. “Pero vivimos en el desconocimiento absoluto. No sabemos de dónde han sacado las acusaciones, no sabemos a qué supuestas pruebas se refieren. Su abogado no ha podido hablar con él y, por tanto, no se puede empezar a trabajar en su defensa”, destaca Goiriena. La pasada semana, la organización Reporteros Sin Fronteras ya denunció que, antes de que los servicios consulares pudieran tener un primer contacto telefónico con el periodista, González permaneció más de 72 horas detenido e incomunicado. La familia llegó a temer por su integridad física.

Según explicó el Gobierno polaco en su comunicado, el reportero fue detenido en Przemyśl, una ciudad a escasos kilómetros de la frontera de Ucrania. “Realizó operaciones en beneficio de Rusia, beneficiándose de su condición de periodista, lo que le permitió viajar libremente por el mundo y Europa, incluyendo zonas de conflicto militar y territorios marcados por tensiones políticas”, aseguraban las autoridades del país centroeuropeo, que decían: “El detenido estaba obteniendo información que, si bien fue utilizada por los servicios especiales rusos, podría haber tenido un impacto negativo directo en la seguridad externa e interna de Polonia, así como en la defensa polaca. Antes de su detención, tenía previsto viajar a Ucrania para continuar con su actividad”.

Sin embargo, la familia no se cree esas imputaciones y defiende que él solo trabajaba como periodista en la zona, a la que había vuelto ahora para cubrir la invasión a Ucrania. Nacido en Moscú, González es nieto de uno de los niños evacuados a Rusia durante la Guerra Civil española. Tres semanas antes de su arresto, ya fue retenido en Ucrania por los servicios de inteligencia de dicho país. Según cuenta su entorno, regresó entonces al País Vasco después de que alguien contactase con su familia en España identificándose como agente del CNI. A los pocos días, volvió de nuevo a Polonia, donde fue detenido.

El arresto de González, así como la incomunicación a la que se le ha sometido durante días, ha causado un importante impacto en el País Vasco. El propio lehendakari Iñigo Urkullu contactó con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para interesarse por el periodista, según reveló esta semana el Ejecutivo autónomo. “Desde el Gobierno vasco estamos [haciendo] un seguimiento muy de cerca de esta detención”, detalló Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. “A mí me gustaría adherirme a lo que ha manifestado Reporteros sin Fronteras, que es reivindicar la profesión de periodista y urgir a un juicio justo y rápido con la asistencia letrada en Polonia para Pablo González”, remachó la consejera.

El pasado fin de semana, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, explicó en una entrevista en EL PAÍS que ya había hablado con su homólogo polaco, al que pedía “agilizar la asistencia consular”. “Efectivamente, está formalmente acusado y a muchos kilómetros de Varsovia, lo que ha dificultado visitarle en persona”, detallaba el titular de Exteriores. Un portavoz del ministerio ha confirmado este miércoles que el cónsul visitó en la cárcel a González el pasado lunes, al que encontró “bien”: “La embajada está en contacto con el abogado del preso y con las autoridades polacas para facilitar el acceso del letrado a su cliente”, informa Miguel González.