Un estudio sitúa a España a la cola de Europa en el plazo de ejecución de sentencias

Las sentencias que dictan los tribunales españoles tardan en ejecutarse entre 6 y 12 meses, muy por encima de los ocho días de Hungría o los dos meses máximo de demora de Bélgica. Un estudio elaborado por la empresa Sigma Dos para el Consejo General de Procuradores sitúa a España no solo a la cola del plazo en que se tarda en ejecutar una sentencia, sino también del porcentaje de eficacia en la ejecución: según los autores del estudio, casi las tres cuartas partes de las sentencias que implican pago dinerario (en dinero o bienes) nunca se ejecutan o se ejecutan tan tarde que el pago no puede hacerse efectivo de forma completa. Esta demora se traduce, según los datos del estudio, en más de 10.000 millones de euros que se dejan de ingresar por sentencias que no llegan a ejecutarse.

El estudio ha sido encargado por el Consejo de Procuradores, que lleva años reivindicando un papel más activo en la fase de la ejecución de sentencias. “La justicia española funciona bien y así lo señalan todos los estudios. Pero solo hasta que se dicta la sentencia. A partir de ahí, pasa a la cola del pelotón o a estar entre las peores”, ha señalado este miércoles el presidente de los procuradores españoles, Juan Carlos Estévez, durante la rueda de prensa en la que se ha presentado el estudio elaborado por Sigma Dos. El informe se ha elaborado a partir de cuestionarios enviados a procuradores de 11 países europeos sobre el funcionamiento del procedimiento de ejecución de sentencias. Los resultados muestran que el de España es el segundo más lento (solo superado por Grecia), lo que repercute en que también se sitúe a la cola en el porcentaje de éxito de las ejecuciones.

En esta situación influye, según las conclusiones a las que llega el estudio, que el proceso de ejecución de sentencias es España es más farragoso que en la mayoría de los países. Requiere la participación del tribunal (al que hay que solicitarle la ejecución y que cifre el importe global y los intereses y costas) y del letrado de la administración de justicia, que es quien emite el decreto acordando las medidas definitivas. Todos estos pasos los tiene que ir solicitando el procurador, pero este no tiene competencias en la ejecución, al contrario de lo que ocurre en el resto de países analizados (Francia, Bélgica, Escocia, Países Bajos, Luxemburgo, Hungría, Lituania, Estonia, Grecia y Portugal).

Los procuradores españoles quieren asumir un papel más activo en ese proceso y confían en que los datos que se extraen del informe sirvan para poner de manifiesto los problemas del sistema español. De los 11 países analizados, España se encuentra en la décima posición en el plazo de ejecución de sentencias. De 6 a 12 meses. Por detrás, solo Grecia (de 12 a 15 meses). Y a la cabeza, Hungría (plazo máximo de ocho días para el abono de una deuda confirmada en sentencia), Estonia (15 días para la ejecución voluntaria y dos años para las no voluntarias), Lituania (de 15 días a varios años en cuantías muy elevadas) y Bélgica (máximo de dos meses). En la horquilla central, Escocia (de dos a tres meses), Francia (de tres a cuatro meses) y Luxemburgo (de dos a seis meses).

El informe destaca también la relación entre el tiempo de ejecución y la implantación de herramientas telemáticas que agilicen este procedimiento: de entre los países analizados, España es el que tiene un nivel más bajo de implantación de medios digitales en las diferentes fases del proceso (como la notificación, envío de comunicaciones, consulta de datos y la ejecución de acciones para el cobro de la deuda). Los países con mayor implantación de estas herramientas son también los más rápidos en la ejecución.

El estudio ha analizado también el porcentaje de éxito en la ejecución de sentencias, donde España y Grecia también ocupan los últimos puestos. En España solo se ejecutan un 25% de las sentencias civiles, muy lejos del 85% que se ejecuta en Estonia, el 72,5% de Bélgica, el 65% de Francia o el 62% de Países Bajos, según el informe. Y este fracaso tiene consecuencias económicas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para 2018 y 2019, a finales de 2019 solo se había ejecutado una de cada cuatro sentencias civiles cuya ejecución estaba en trámite en ese periodo. Había en trámite dos millones y medio de sentencias y solo se ejecutaron 609.589. Aproximadamente el 60% del total de sentencias civiles son de ejecución dineraria y el importe medio, según los datos del estudio, es de 10.000 euros. A partir de estas cifras, los autores del informe realizan una proyección del impacto económico de las ejecuciones: las sentencias que tenían que ejecutarse en esos dos años implicaban 14.500 millones de euros, pero dada la baja tasa de éxito de España, a finales de 2019 solo se habían ingresado 3.500 millones, lo que supone que se están dejando de ingresar casi 11.000 millones.