Los representantes de los trabajadores más vulnerables: “Rechazar la reforma laboral es insolidario”

“Quien no quiera sacar adelante la reforma laboral tendrá que explicarle a muchas personas por qué no quiere luchar contra la precariedad laboral y por qué no le importa nada la inestabilidad que genera firmar 100 contratos al año”, afirma Raúl de la Torre, responsable del sector de Consultoría en Comisiones Obreras (CC OO), en referencia a las fuerzas políticas que han anunciado su rechazo a la reforma laboral pactada por el Gobierno con la patronal CEOE y los sindicatos. De la Torre considera que la temporalidad de los contratos y los despidos —dos grandes problemas de su sector— se reducirían si el Congreso convalida el texto el próximo 3 de febrero.

El dirigente sindical pide a los partidos políticos que “piensen” en los colectivos “más desfavorecidos”. “Tienen una responsabilidad respecto a estas personas”, continúa el responsable de Consultoría del sindicato, que incide en que los derechos laborales “no tienen que ver con la ideología” sino con los “derechos de las personas”. El Gobierno tiene apenas dos semanas para recabar los apoyos en el Parlamento.

Carmen Casín es camarera de piso y miembro de la Dirección Sectorial Federal de Hostelería de la Unión General de Trabajadores (UGT). Admite que, si se aplican los convenios salariales que fija la reforma, “va a ser un beneficio importante” para la mayoría de sus compañeras en situación precaria, aunque no se cumple la reclamación principal de que las camareras sean contratadas por los hoteles directamente y no a través de empresas externas. No obstante “todo cambio que mejore cualquier condición, aunque sea mínimamente, es positivo siempre”, asegura.

Asunción Tarrazo, responsable de acción sindical de la Federación de Servicios de Madrid en CC OO, señala que, de aprobarse la nueva legislación laboral, sería “un buen avance” para todos los trabajadores en general y particularmente para los del sector de la hostelería: “La reforma del 2012 construía empleo precario y pobre”, advierte, “y con esta reforma la tendencia es la contraria”. Tarrazo aprecia que a grupos parlamentarios como PNV o ERC —que han anunciado que votarán en contra de la reforma laboral— les está “pesando más la territorialidad” que la mejora de las condiciones laborales: “Están centrados en los convenios autonómicos”.

Tarrazo señala también que, desde una perspectiva de izquierdas, “no tiene sentido” oponerse a un acuerdo que supone “un avance y un cambio de modelo”. “Deberían apoyarla o, al menos, no impedir su entrada en vigor”, añade, y critica la postura de todas las fuerzas políticas que han mostrado su rechazo al pacto entre el Gobierno y los agentes sociales: “Me parece poco solidario con la clase trabajadora de todo el país”.

“Conozco gente con contratos de tres, cuatro, cinco horas y con dos trabajos (...) La reforma laboral da estabilidad a estas personas”, asegura De la Torre, que cree que “protege” a las personas “que necesitan estabilidad, no encadenar contratos de días u horas”. Según el responsable del sector de Consultorías de CC OO, la introducción de los ERTE —expedientes de regulación temporal de empleo— como alternativa a los despidos aborda uno de los principales problemas de su sector: “Hasta ahora, si una empresa consultora tenía a unas 60 personas trabajando en un cliente y perdían el cliente, todas esas personas podían ser despedidas”. Además, De la Torre insiste en que esta reforma “impide una parte de los contratos temporales”, “fomenta” empleo con contratos indefinidos y “limita los bajos salarios de las empresas multiservicios”.

Tarrazo también hace referencia en este cambio a la prevalencia del salario fijado en el convenio sectorial, generalmente más alto, sobre el del convenio de empresa. Esto favorece a los empleados de compañías multiservicios —que no desarrollan una actividad concreta, sino que prestan multitud de ellos a otras— como las llamadas kelys o camareras de piso, que según un informe de UGT incrementarían su sueldo en más de 5.351 euros brutos al año en el caso de Barcelona o 1.240 en el caso de la Comunidad de Madrid. Al igual que cocineros o camareros contratados por este tipo de empresas.

Este incremento de los salarios también afecta a los transportistas de mercancías por carretera. Diego Buenestado, secretario federal de Carreteras en UGT, destaca que en la anterior reforma laboral “no se contó con nadie” y reconoce que, aunque no está del todo satisfecho, “algo se ha mejorado” y defiende que salga adelante ante la posibilidad de “volver a lo que tenemos ahora”. Precisamente por este motivo, Buenestado asegura que “no entendería” que la nueva ley no se aprobara. Y añade: “A partir de ahí, tenemos que seguir negociando”.

De la Torre coincide en la importancia de que el acuerdo se haya logrado con todos los agentes sociales —sindicatos y patronal— frente a las reformas que ejecutaron los Gobiernos anteriores de Mariano Rajoy (PP) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), que las hicieron “sin consenso”. Y hace un “llamamiento” a los partidos que tienen que votar esta reforma: “ayuda a las personas que más lo necesitan”.