El Constitucional consolida su blindaje ante las recusaciones

El Tribunal Constitucional culminó este martes su operación de blindaje frente a las posibles recusaciones de magistrados. Por unanimidad, cerró el paso al intento de los dirigentes del procés de bloquear su actuación y cambió su doctrina para dejar sentado que la pluralidad ideológica de sus miembros no solo no es un inconveniente para su labor ni un indicio de falta de imparcialidad, sino un rasgo de fortaleza democrática.

La ocasión que ha permitido este giro del Constitucional la han facilitado los dirigentes del procés, con sucesivas iniciativas para apartar a los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, ambos propuestos por el PP en la reciente renovación de la institución. El tribunal sostiene que las recusaciones perseguían bloquear su labor, porque si se hubieran admitido no habría existido quórum para dictar las resoluciones.

El Constitucional ha consolidado una nueva doctrina que desactiva prácticamente cualquier iniciativa que pueda plantearse para recusar a alguno de sus miembros por las opiniones expresadas durante su trayectoria. El tribunal llega a decir que la “heterogeneidad de posiciones” en su seno “guarda estrecha correspondencia con el pluralismo político que, como valor superior del ordenamiento jurídico, permite diversas formas de organización de la comunidad”.

Nueva doctrina

Los dirigentes del procés imputaban a los magistrados falta de imparcialidad, atribuyéndoles una clara afinidad con el PP, no solo por haberles propuesto, sino por su cercanía a planteamientos conservadores. El órgano de garantías considera que circunstancias de este tipo en modo alguno constituyen un problema, sino que suponen un rasgo de salud democrática. La “pluralidad de perspectivas” es, en realidad, “una seña” de “la propia identidad” del tribunal, recalca.

En definitiva, “las diversas circunstancias que definen la personalidad de cada uno de los magistrados y conforman su trayectoria personal no pueden considerarse sin más condicionamientos negativos que afecten a su imparcialidad”. Atrás quedan, por tanto, las advertencias de la Fiscalía sobre la necesidad de cuidar el “perfil público” de los candidatos a formar parte del tribunal o las abstenciones de los magistrados Narváez y Conde-Pumpido por haberse manifestado sobre el procés. Lo que cuenta ahora es que “la imparcialidad (…) no equivale a un mandato de neutralidad general”.