Cs se alía con la patronal para ofrecerse al Gobierno ante el rechazo del PNV
El PSOE activa una ronda de contactos con todos los partidos en el Congreso
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acudió este lunes a la sede central de la CEOE para ofrecer al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, el apoyo de su partido a la convalidación en el Congreso de la nueva reforma laboral siempre que no se cambie nada del acuerdo alcanzado en Navidades entre el Gobierno y los agentes sociales. La posición de Ciudadanos es la misma que reitera hace semanas Garamendi, gran defensor de ese pacto social con el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos frente a posturas más radicales en contra incluso dentro de la propia patronal.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el sector socialista del Gabinete, conscientes de esas dificultades internas de Garamendi, ha dado instrucciones a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para que todo lo que negocie con los socios parlamentarios del bloque de investidura para refrendar la reforma lo pueda avalar sin problemas la CEOE, como adelantó este lunes EL PAÍS.
El Grupo Socialista en el Congreso activó una ronda de contactos con los portavoces de todos los partidos en la Cámara baja para conocer de primera mano su intención de voto en el pleno clave que debe ratificar la reforma el próximo 3 de febrero. El PSOE constató que tanto ERC como el PNV, y mucho más aún EH Bildu, persisten en el rechazo frontal al texto del real decreto y reiteran como exigencia innegociable que se blinde la primacía de los convenios autonómicos sobre los estatales, los provinciales o los sectoriales. El Gobierno, el PSOE, Unidas Podemos, la patronal nacional CEOE, la vasca Confebask, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras reafirman que “ese blindaje ya está totalmente salvaguardado” en la normativa y los acuerdos laborales vigentes.
Los portavoces parlamentarios del PSOE, Héctor Gómez, y de Ciudadanos, Edmundo Bal, mantuvieron durante el fin de semana algunas charlas “informales” sobre las dificultades críticas del Gobierno para convalidar en el Parlamento el decreto aprobado en diciembre sobre la nueva reforma laboral. La norma, que deja sin efecto la ley del PP vigente desde 2012, es una de las grandes promesas y compromisos de la coalición gubernamental. Los votos cerrados hasta ahora no dan para sumar más síes que noes. La coalición apenas tiene asegurados sus 154 escaños actuales. El dirigente socialista habló ayer de nuevo con todos los demás portavoces en el Congreso y ratificó que los socios habituales de la legislatura, particularmente PNV y ERC, están enquistados en el rechazo. Habrá más conversaciones en estos días, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y su equipo, también han intensificado la negociación, por ahora sin grandes avances.
El PSOE, en previsión de que esa vía fracase, quiere tener abierta alguna alternativa. Y la alianza ahora coyuntural con Ciudadanos, sus nueve diputados, y algunos partidos pequeños del Congreso les permite pensar que superarían la barrera de entre 174 y 176 votos afirmativos, más que los negativos.
La presidenta de Ciudadanos confirmó este lunes ante Garamendi y la cúpula de la CEOE que, aunque la reforma planteada ahora es “muy mejorable”, la alternativa sería aún peor. Arrimadas planteó en la CEOE la opción de formar un “frente común” con los autónomos y las empresas para “frenarle los pies” al separatismo, Bildu y ERC y para evitar que destrocen “todo lo que funciona” en España y la “unidad de mercado”. Desde la CEOE no se ofreció ninguna versión del encuentro. El que sí habló antes, en una entrevista en El Mundo, fue su vicepresidente y presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, para reflejar en este momento crítico de la negociación la versión del sector de la patronal más radical contra el acuerdo. Cuerva llegó a tildar la reforma como “una pena” y “una oportunidad perdida” y avanzó que él no iría a La Moncloa a firmar ese pacto.
Confebask: “Los convenios autonómicos están blindados”
La única línea roja del PNV para votar contra la reforma laboral del actual Gobierno es que no establece una primacía de los convenios autonómicos sobre los estatales. A esa demanda se agarran EH Bildu, muy influida por los sindicatos ELA y LAB, y ERC. El Gobierno, la CEOE, la patronal vasca Confebask, CC OO y UGT, que firmaron el acuerdo, defienden que ese punto, que no se incluyó entre los 23 asuntos de la agenda del pacto, ya está asegurado. El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, lo ha ratificado en estos días varias veces: “Eso no ha cambiado, está en vigor, y por eso decimos que no es una fuente de preocupación. Es más un debate político y filosófico que una preocupación real, porque todos los convenios firmados en Euskadi tienen prioridad ante los del Estado”. Así quedó firmado desde enero de 2017 en el acuerdo interterritorial por Confebask, ELA, LAB, CC OO y UGT. La patronal insiste, ante la desconfianza del PNV que pide un blindaje mayor, que “esa salvaguarda está garantizada”. Entre los cientos de convenios vigentes y firmados en el País Vasco, solo ocho son autonómicos.
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