Sánchez exige a Díaz que la patronal acepte lo que pacte con ERC y PNV

La búsqueda de apoyos para convalidar el decreto de la reforma laboral, que se vota el 3 de febrero, está más avanzada de lo que parece. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, está buscando fórmulas con ERC y el PNV que impliquen no tocar una coma del decreto para la votación del día 3, como exige el PSOE y sobre todo la patronal, pero a la vez den garantías a los socios de que más adelante se podrán lograr algunos avances en cuestiones que han quedado fuera de esta reforma y que son importantes tanto para el PNV como para ERC, claves con sus 6 y 13 escaños, respectivamente.

El intercambio de papeles es intenso, según fuentes de los republicanos, y esta semana parece la definitiva, porque ERC no quería alargar la negociación hasta el final como otras veces.

Sin embargo, la negociación tiene un límite muy claro, que le ha puesto Pedro Sánchez y su equipo, en especial Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, a la vicepresidenta Díaz: cualquier cosa que se pacte con ERC y PNV, no ya para esta reforma sino para el futuro, tiene que ser asumido por la CEOE como algo que no afecta al acuerdo de la reforma laboral, esto es, que los empresarios tengan claro que lo que se firme no toca el texto avalado por ellos y los sindicatos a finales del año pasado y no lo perjudica de ninguna manera porque no se refiere a cosas negociadas allí.

Los socialistas temen que el grupo que dirige Antonio Garamendi pueda utilizar esta negociación como excusa para salirse de un acuerdo que fue muy difícil fraguar y que tiene algunas críticas internas. Y quieren cerrar esa posibilidad como sea. Por eso, si la patronal pone en riesgo el acuerdo en la reforma laboral por lo que pueda negociar Díaz con ERC o PNV, el pacto con estos grupos no valdrá para la parte socialista y, por tanto, se volvería atrás, según fuentes del Gobierno.

Un escenario de este tipo, que en Unidas Podemos no contemplan porque creen que podrán convencer al PNV y a ERC sin que la patronal se salga del pacto, provocaría una tensión muy fuerte dentro del Gobierno de coalición. Similar a la que hubo en 2020, cuando los socialistas querían intentar sacar los Presupuestos con Ciudadanos, algo que finalmente no sucedió.

Y es ahí donde entraría el “plan b”, que los socialistas tienen preparado, pero el sector de Unidas Podemos rechaza. Un plan que tiene algunas complicaciones numéricas, además de políticas: sacar la reforma con Cs (9), PDeCAT (4), Más País (2) y Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe, con la abstención de UPN (2). Un resultado por la mínima en el que cualquier fallo podría dar al traste con la operación.

“Lo que no vamos a hacer es perder la votación ni aceptar que la patronal se salga del acuerdo. Ninguno de esos dos escenarios es posible. Habrá que hacer lo necesario para evitarlos”, señalan en el sector socialista del Ejecutivo, donde confían en que si Díaz ve un riesgo real de perder la votación en una reforma clave que lleva su sello aceptará que hay que sacarla como sea, incluido con Cs.

En cualquier caso, de momento el PSOE está dejando que Díaz siga intentando ese acuerdo con ERC y PNV. De hecho, el sector socialista del Ejecutivo sigue sin llamar a Ciudadanos, un gesto claro hacia Unidas Podemos, que ha exigido no explorar esa vía mientras trabaja en la otra, el plan A.

Las cosas aún no han llegado, pues, al punto dramático, y de hecho en el Ejecutivo aún confían en lograr un acuerdo con sus socios y en ERC admiten que ahora sí hay negociaciones en serio. Los socialistas ven muy duro al PNV, y eso les hace pensar en ese plan alternativo con Cs.

Lo más complicado de resolver es precisamente lo que según varias de las fuentes consultadas en el Gobierno y en los sindicatos tiene un efecto práctico menor: la primacía de los convenios autonómicos. En la práctica, esto es algo que ya se produce, sobre todo en País Vasco, donde tienen más fuerza. En Cataluña apenas hay, son provinciales. Ante un convenio autonómico más favorable para el trabajador que el estatal, el juez lo aplica. Además, hay un acuerdo en el País Vasco, firmado por la patronal y los sindicatos, para respetar esos acuerdos.

Pero como explicaba en EL PAÍS el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, el PNV quiere garantías jurídicas de que se cumplirá ese acuerdo. Y alrededor de esta idea se están buscando fórmulas que la patronal pueda aceptar, siempre sin tocar el decreto pactado, que irá tal cual a la votación del día 3 y así quedará si se aprueba.

Pero es, insisten varios de los consultados, una cuestión más simbólica y política que de efectos reales, por lo que no debería ser imposible resolverla. La regulación en este punto no se ha tocado en el nuevo decreto de la reforma laboral. Está como estaba. Así que no hay que echar atrás nada. En cualquier caso, este es el asunto más sensible porque sí se negoció en el diálogo social entre patronal y sindicatos, y se decidió dejarlo como estaba, con primacía del estatal. La CEOE podría utilizar cualquier acuerdo aquí para dar por roto el suyo, y así lo ha apuntado Garamendi.

Además del delicado asunto de la primacía de los convenios autonómicos, hay otras cuestiones para el futuro que se están debatiendo para garantizar que los socios de la investidura apoyen la reforma laboral: entre ellas, el abuso de la contratación a tiempo parcial para trabajos estructurales —empresas como supermercados que contratan a casi toda su plantilla 30 horas a la semana para pagarles por debajo del SMI, pero luego hacen muchas más— que ERC reclama.

Es un asunto que no ha estado en las negociaciones de la reforma laboral porque el diálogo se limitó a las cuestiones comprometidas con Europa —temporalidad, prevalencia de los convenios de sector, contratación, flexibilidad a través de los ERTE para que no haya despidos, subcontratación— pero sí está en los planes del Ministerio de Trabajo para lo que queda de legislatura.

Además, hay otra cuestión que interesa a ERC: una mayor participación de la administración en el control y la posible mediación en procesos de ERE de grandes empresas, como el reciente de la Nissan en Barcelona.

También está otro proyecto central, el llamado Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, una reforma profunda de esta norma para adaptarla a un mercado laboral absolutamente nuevo, y en ese contexto se pueden negociar posiciones con ERC que insiste en que la reforma laboral le parece escasa.

En cualquier caso, al margen de la negociación discreta, tanto el PSOE como Unidas Podemos y los sindicatos están multiplicando la presión sobre el PNV y ERC con el argumento de que no pueden tumbar una reforma que es buena para los trabajadores, porque va a reducir mucho la precariedad y la temporalidad —por ejemplo acaba de un plumazo con los contratos por obra, de los que hubo ocho millones en 2019, y trata de empujar a todos los temporales hacia el indefinido— y porque forzará a subir muchos salarios, en especial los más bajos. Si la suma de presión y negociación no funciona, el PSOE sí se planteará “el plan b”. Y ahí la tensión interna con Podemos podría llegar a ser muy fuerte.