España no es un país de seis millones de parados donde se protege la okupación ilegal y se abandona a su suerte a los propietarios de viviendas. Ni el Gobierno central ha permitido la muerte de 20.000 ancianos de covid en residencias por la mala gestión de un vicepresidente que carecía de competencias sobre la materia. Tampoco se ha producido una subida de impuestos de 80.000 millones de euros en un año; ni se ha excarcelado a etarras a cambio del apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado. Estas son solo algunas de las mentiras que se han colado este año en los debates del Congreso de los Diputados cuando la legislatura llega a su ecuador.

La Cámara Baja ha celebrado 74 plenos en 2021, de los que EL PAÍS ha analizado 23: aquellos que incluían las sesiones de control. Cerca de 45 horas de debate con 343 preguntas al Gobierno. La revisión arroja un resultado poco halagüeño: casi la mitad de las preguntas (166, según los cálculos de EL PAÍS) contienen falsedades, exageraciones, acusaciones sin pruebas o comentarios fuera de lugar que desvirtúan el debate público y devalúan la función fiscalizadora del Parlamento. Este comportamiento ha estado encabezado por los partidos mayoritarios de la oposición, PP y Vox. Los diputados tienen el derecho y la obligación de examinar de forma constante e incisiva la actuación del presidente y su Gobierno, pero el control de la gestión debe versar sobre lo que se hace y lo que se dice, cumpliendo el compromiso de supervisión. Y no siempre ha sido así.

Lo que sigue es un resumen cronológico de algunos de los episodios en los que diputados recurrieron a premisas falsas o manipulaciones para atacar al adversario.

Febrero, del supuesto recorte de pensiones a las madres. La oposición zarandeó al Gobierno por, entre otras cosas, un supuesto recorte de las pensiones a las madres.

— Santiago Abascal (Vox): “Ustedes atacan el interés general, señor Sánchez, cuando aplauden la censura de las oligarquías digitales contra este grupo político por denunciar la inseguridad y la criminalidad que trae la inmigración ilegal y los mena”. Mientras el número de menores extranjeros no acompañados aumentó de 2019 a 2020, de 2.873 a 3.307, según la Fiscalía, la cifra de infracciones penales investigadas relativas a menores extranjeros (el registro del ministerio no distingue si acompañados o no) disminuyó de 4.673 a 3.992.

— Pablo Casado (PP): “... Y lo que es más grave, [Pablo Iglesias] lleva semanas diciendo que España es una dictadura en la que hasta te pueden envenenar”.

Lo que dijo en realidad Iglesias fue: “No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan en Cataluña, uno está en la cárcel y el otro está en Bruselas”. Días después hizo otra declaración similar, pero en ningún caso se acercó a los términos que expresó Casado.

— Iván Espinosa de los Monteros (Vox): “Mañana traen aquí una ley para rebajar las pensiones a las madres con hijos, una ley sin ningún escrúpulo”.

Con el cambio en el complemento de maternidad (artículo 60 de la Ley de Seguridad Social), el cómputo por hijo, hasta un total de cuatro, comienza en el primero, en lugar de en el segundo, como ocurría con la normativa anterior. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social calcula que esto amplía la prestación a unas 30.000 mujeres. Además, sustituye la fórmula de cálculo basada en porcentajes sobre la propia pensión (5% para dos hijos, 10% para tres, 15% para cuatro), por una cuantía fija de 378 euros al año repartidos en 14 mensualidades por cada hijo. El departamento estimó que aumentaría la pensión media un 6% y la mínima un 8% en el caso de dos hijos. En conjunto, el ministerio calcula que el 75% de las mujeres con hijos que se convertirán en pensionistas a partir de ahora recibirán una cuantía mayor que con la normativa anterior.

— Macarena Olona (Vox). “... Nuestra democracia está en solfa desde el momento en que el Partido Comunista está en el Gobierno; un partido comunista corrupto, imputado por financiación ilegal proveniente de narcodictaduras”.

Las causas contra Podemos —al que Olona identifica como partido comunista— por financiación ilegal proveniente de Venezuela se han demostrado, de momento, falsas. Algunas recogían incluso pruebas fabricadas por la policía española. En cuanto a la imputación por el conocido como caso Neurona, cuyo nombre viene de la consultora de origen mexicano a la que Podemos reclutó para su última campaña electoral, en caso de que finalmente se probase que no realizó los trabajos para los que se la contrató y hubiera sido el canal del partido para cobrar comisiones en negro, el dinero procedería del propio Estado español; en ningún caso de uno extranjero.

— Ignacio Gil Lázaro (Vox). “[El Gobierno] usa masivamente a los presos de la banda, concediéndoles beneficios penitenciarios, excarcelándolos”.

Las excarcelaciones, tanto por cumplimiento de la pena como por disfrute de la libertad condicional, dependen única y exclusivamente del juez de vigilancia penitenciaria: el Ministerio del Interior no interviene. En el caso de los llamados beneficios penitenciarios, como la progresión de grados, aunque son concedidos por Instituciones Penitenciarias de acuerdo con el reglamento de Prisiones, en caso de recurso de la Fiscalía o del interesado, también es el juez quien tiene la última palabra.

— Diego Gago Bugarín (PP). “Si seguimos por el camino que usted nos marca [a Teresa Ribera, vicepresidenta tercera], probablemente el cierre de empresas será todavía mucho mayor. Ya el año pasado se fueron 70.000 empresas literalmente al cierre”.

De acuerdo con el anuario de Trabajo, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social en 2019 fue de 2.919.407. En 2020, la cifra descendió hasta las 2.897.425, lo que dejaría un saldo negativo de 12.982.

Marzo, de las prisiones vascas a la okupación. La oposición denunció las supuestas maniobras del Gobierno para favorecer a presos etarras.

— Teresa Jiménez-Becerril (PP): “En pocos días traspasarán al Gobierno vasco la competencia de prisiones para que los etarras y los terroristas salgan a la calle”. El traspaso, previsto en los artículos 10.14 y 12.1 del Estatuto de Autonomía vasco de 1979, solo abarca la gestión de las prisiones, es decir, la ejecución de la legislación en materia penitenciaria es competencia del Gobierno y la excarcelación de presos depende de los jueces.

— Ana María Zurita (PP). “Traen dos decretos donde, con el pretexto de prohibir los desahucios[...], legalizan la okupación y la libre disposición de propiedades que no son suyas. Okupa y expropia, ataca impunemente a la propiedad privada”. Los reales decretos del 31 de marzo y del 22 de diciembre suspendían, sin cancelar y “con carácter extraordinario y temporal” por el estado de alarma, los desahucios en determinados supuestos. Entre otras condiciones, se establecía que el inquilino estuviera en una situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales y no tuviera una alternativa habitacional —se conminaba a la Administración a encontrársela, en cuyo caso se levantaría la suspensión y se reanudaría el desahucio— y que el propietario de la vivienda fuera titular de más de 10 domicilios. No se aplicaría en ningún caso en inmuebles cuyo titular tuviera menos de 10 viviendas, tampoco en casos de primeras o segundas residencias acreditadas, independientemente del número de propiedades del titular, y tampoco si el ingreso o la permanencia en el inmueble eran consecuencia de la comisión de un delito. En el segundo decreto, este último punto se sustituyó por el supuesto de que hubiera mediado “intimidación o violencia” en la entrada o para permanecer en la vivienda. En cualquier caso, se reconocía la potestad al juez de realizar una “valoración ponderada y proporcional del caso concreto”. En el pleno del 24 de marzo, el popular Miguel Ángel Castellón volvía a sostener que el decreto “ampara la okupación ilegal” e “impide que los jueces puedan devolver el uso de un inmueble okupado a sus propietarios”.

— Ana María Zurita (PP). “Tenemos una España con 5,5 millones de parados y, en vez de 20.000 viviendas construidas, tenemos 15.000 okupadas”. En febrero, según el SEPE, el número de desempleados era de 4.008.789. Las condenas por allanamiento de morada en 2020 (en cuyo tipo cae la okupación a particulares) fue de 185, según el INE. Las condenas por usurpación (donde caería la okupación de casas vacías de bancos) fue de 3.157. Para encontrar una cifra parecida a 15.000 okupaciones habría que ir a las denuncias, pero sin tener en cuenta su desenlace. Ascendieron en 2020 a 14.675, sin distinción entre uno y otro tipo.

— Pablo Casado (PP). “Más de 30.000 ancianos han muerto en residencia y 55.000 han fallecido esperando su prestación por dependencia. Ese es el único legado del señor Iglesias”. Las residencias de ancianos son competencia autonómica, por lo que no corresponde atribuirle a Iglesias la responsabilidad por los fallecimientos.

— Cuca Gamarra (PP). “Los casi seis millones de españoles que quieren trabajar y no pueden [...] no son la prioridad de su Gobierno”. El paro en febrero ascendió a 4.008.789 personas. Si se incluyera a los trabajadores en ERTE como parte de los que “quieren trabajar y no pueden”, habría que sumarle 858.785. En total, 4.867.574, aún lejos de los seis millones. En el pleno del 24 de marzo, Casado volvía a hablar de “seis millones de desempleados”.

— Edmundo Bal (Ciudadanos). “Ha prometido usted el escudo social, y más del 80% de los hogares españoles aún esperan el ingreso”. De acuerdo con los datos disponibles en aquel momento del Ministerio de Seguridad Social, a 16 de diciembre de 2020, de las 1.079.422 solicitudes de ingreso mínimo vital (IMV) válidas, se habían resuelto 626.355, es decir, el 58%. Quedarían por resolver el 42%.

— Pablo Casado (PP). ”El Gobierno ha ocultado casos de extorsión y abusos a menores en Valencia y Baleares”. Los casos a los que se refiere no se ocultaron sino que fueron investigados y, en el caso de Valencia, castigados. El Consell Insular de Mallorca, gobernado por PSOE, Més per Mallorca y Unidas Podemos, creó una comisión de expertos que en septiembre presentó un informe con recomendaciones para evitar nuevos casos. La Fiscalía de Menores de Baleares archivó la investigación sobre una supuesta red organizada dedicada a la explotación sexual tras nueve meses de investigación.

— Rosa María Romero (PP). “¡Estamos en la cola de Europa en vacunación!”. A 23 de marzo de 2021, en España había 2,16 millones de personas completamente vacunadas, lo que la colocaba en el cuarto puesto de la UE, detrás de Alemania, Italia y Francia. En porcentaje, eso suponía el 4,61% de su población, lo que la situaba en noveno lugar.

Abril, la violencia contra Vox. Las cifras del paro servían otro mes más como arsenal de la oposición contra el Gobierno.

— Ignacio Gil Lázaro (Vox). “La violencia callejera contra Vox en Vallecas la convocó personalmente Pablo Iglesias. Y, finalmente, la semana pasada el propio presidente del Gobierno la avaló desde esa tribuna”. La acusación contra Iglesias carecía de pruebas y la afirmación sobre Pedro Sánchez era falsa. Lo que dijo la semana anterior fue: “Condenamos la violencia, hasta la que ustedes han sufrido. No creemos en el conflicto, también descalificamos y condenamos cualquier tipo de violencia que usted o su formación hayan sufrido”.

Mayo, a vueltas con la fiscalidad. El debate sobre la supuesta intención del Gobierno de subir impuestos irrumpió en el Congreso.

— Pablo Casado (PP). ”¿Cómo puede decir que quiere usar los fondos europeos para repartir a dedo 70.000 millones de euros a cambio de subir 80.000 millones de euros de impuestos a las clases medias y trabajadoras?” El Gobierno no ha subido 80.000 millones en impuestos durante 2021. El Ejecutivo afirma que quiere, a lo largo de los próximos 30 años, cerrar la brecha de siete puntos entre el nivel de tributación del país y la UE. De conseguir cerrar esa brecha, se calcula que la recaudación anual podría aumentar en 80.000 millones de euros. Las estimaciones de final de 2021 señalaban que la recaudación iba a superar en 4.500 millones la prevista inicialmente en los Presupuestos.

— Iván Espinosa de los Monteros (Vox). “A los de Bildu todos los viernes les acercan los presos condenados por terrorismo, ya solo les queda un último viernes de sangre para que estén todos bajo la tutela del PNV y que puedan soltar las autoridades penitenciarias, a las que les han transferido ustedes la competencia para ese fin”. Como se ha explicado anteriormente, El Gobierno no transfirió la política penitenciaria sino la gestión de las prisiones. Ignacio Gil Lázaro repetirá más adelante falsamente que se pondrá “en manos exclusivas de Urkullu y de Otegi la suerte final de los presos vascos”, y que “con la entrega de las prisiones”, se verán “excarcelaciones y cumplimientos de condena en libertad”.

— Yolanda Díaz (vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, de Unidas Podemos): “¿Sabe cuántos autónomos perdimos con la gestión de la crisis financiera del PP? Fueron 551.000″. Si se miran los números de afiliación a la Seguridad Social del Régimen de Autónomos, durante los Gobiernos de Mariano Rajoy también aumentaron paulatinamente. En noviembre de 2011 eran 2.875.415,47 y al término de junio de 2018 eran 3.084.641,90.

— Macarena Montesinos (PP). “Durante la pandemia, ustedes obligaron a los autónomos a pagar la cuota cuando no tenían ingresos, súmenle el hachazo del IRPF, el de la subida del diésel, el del impuesto de matriculación, el de las primas de seguro, el de los peajes de las autovías...”. El mismo marzo de 2020, el Gobierno aprobó una prestación extraordinaria para los autónomos que se hubieran visto obligados a parar su actividad o hubieran sufrido una merma del 75% en sus ingresos. La medida incluía la exención de pagar la cuota a la Seguridad Social. Además, no subió el impuesto del diésel y renunció a los peajes.

— Pablo Casado (PP). “Para la concesión de un indulto, debería recordar que hace falta primero pedirlo, luego tener el informe del tribunal y después arrepentirse y comprometerse a no reincidir. Nada de eso cumplen sus socios, sino todo lo contrario”. El artículo 21 de la ley que regula la concesión de indultos establece que el Gobierno puede abrir el expediente sin que medie solicitud del condenado. No requiere el compromiso de no reincidir, solo establece que no podrán ser indultados los reincidentes (artículo 2.3). Es decir, habla de actos ya producidos, no de la posibilidad de que ocurran en el futuro. El arrepentimiento forma parte de los aspectos a ponderar por el tribunal sentenciador, pero no es un requisito exigible al condenado (artículo 25).

— Inés Arrimadas (Ciudadanos). “¿Y qué hace el Gobierno de Sánchez? Eliminar la prestación por hijo a cargo. Si de verdad quieren ayudar a las familias, recuperen la prestación por hijo a cargo”. El Gobierno no eliminó la prestación por hijo a cargo, la integró en el ingreso mínimo vital (IMV). A partir del 31 de diciembre de 2020, todos aquellos que cumplieran los requisitos para recibir esa prestación pasaban a ser beneficiarios del IMV.

Junio, la ilegalidad de los indultos. Los indultos a los presos del procés, aprobados el 22 de junio en Consejo de Ministros, se convirtieron en arma arrojadiza en el Congreso.

— Iván Espinosa de los Monteros (Vox). “Si están indultando a los asesinos más peligrosos de la historia de España, ¿cómo no van a indultar ahora a los golpistas y corruptos?”. El Gobierno no ha indultado a ningún asesino.

— Pablo Casado (PP). “¡Si ya hasta acepta el referéndum que usted [Sánchez] prometió en campaña tipificar como delito!”. El presidente del Gobierno nunca ha aceptado la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

— Santiago Abascal (Vox). “Este indulto le sitúa a usted no ya en la ilegitimidad, porque llegó cabalgando sobre la mentira, sino directamente en la ilegalidad”. La potestad del Gobierno de otorgar indultos está recogida en la Ley desde 1870.

Octubre, el crimen de Lardero y la política penitenciaria. El asesinato de Álex, un niño de nueve años, en Lardero (La Rioja), a finales de octubre, provocó un grave altercado parlamentario. La oposición atribuyó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la responsabilidad por lo ocurrido.

— Javier Merino (PP). “¿Qué responsabilidad van a asumir ustedes por la concesión del tercer grado al asesino del niño de Lardero, con el criterio en contra de la junta de tratamiento de la prisión?”.

— Ignacio Gil Lázaro (Vox). “¿Se considera usted responsable político de una decisión tomada por su ministerio concediendo el tercer grado al que luego ha resultado ser el asesino de Lardero? Es usted responsable político, señor ministro del Interior, porque tomó una decisión inadecuada, tomó una decisión frívola, tomó una decisión peligrosa”.

El asesino de Álex, durante el disfrute del tercer grado, el más restrictivo, solo podía salir del centro penitenciario “con controles y medios de tutela” para hacer gestiones. Esto no fue recurrido por la Fiscalía y, durante ese tiempo, el preso no cometió ningún delito. Un juez decretó su libertad condicional y un año después cometió el crimen.

Diciembre, ‘ley mordaza’. Con manifestaciones de los sindicatos policiales contra la reforma de la ley mordaza, el Congreso recogió más debates sobre esa iniciativa.

— Ana Belén Vázquez (PP). “Ustedes quieren una ley de impunidad de delincuentes; ustedes quieren una ley con capacidad para atacar a la policía y atacar a la sociedad. Si hace tres años esta era la línea tan delgada que defendía la seguridad [muestra una foto y sujeta con la mano una pelota diminuta de tenis de mesa], ¿me va a decir ahora que lo van a poder hacer jugando al ping-pong, señor Marlaska?”.

La propuesta del Gobierno no recorta el material antidisturbios ordinario, como las pelotas de goma. Solo señala la obligación de elaborar protocolos específicos de acuerdo con los estándares internacionales para emplear los medios menos lesivos y evitando aquellos que causen lesiones irreparables. Tampoco suprime la presunción de veracidad de los agentes de policía, solo los conmina a elaborar un relato de los hechos que sea “coherente, lógico y razonable, como sugería la diputada.

— Teodoro García Egea (PP). “Desde que usted [Yolanda Díaz] es vicepresidenta, la luz ha subido un 500%. ¿Va a incumplir su promesa de que se pague el mismo precio de la luz que en 2018?”. El secretario general del PP mezcla la subida del precio mayorista de la luz con el precio en la factura a los consumidores, y dirige su pregunta a una ministra sin competencias en la materia, puesto que recae en el departamento de Transición Ecológica que comanda Teresa Ribera.

— Iván Espinosa de los Monteros (Vox). “Lo que me dijo [la vicepresidenta primera, Nadia Calviño] fue: ‘El Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora’. Eso fue lo que dijo usted, pero luego no han dejado un impuesto atrás. Subieron el IRPF, el impuesto de sociedades, inventaron la tasa Google...”. Ninguno de los cambios en esos impuestos afecta a las clases media y trabajadora. El IRPF se ha subido tres puntos a las rentas del capital a partir de 200.000 euros y dos puntos a las rentas del trabajo superiores a los 300.000, menos del 0,2% de los contribuyentes. El impuesto de sociedades solo afecta al 0,7% de las grandes empresas, aquellas integradas en grupos o que facturan más de 20 millones anuales. La tasa Google grava al 3% las operaciones de publicidad online, intermediación digital y venta de datos de usuarios por parte de compañías que facturen al menos 750 millones de euros en el mundo y un mínimo de tres de ellos en España.

“Indecente, inmoral, fascista...”

Traición, falta de escrúpulos, indecencia, inmoralidad, sadismo… El Congreso de los Diputados ha escuchado a lo largo del año, y mayoritariamente en las sesiones de control al Gobierno, palabras gruesas, ataques personales y comparaciones excesivas que equiparan al adversario con un enemigo a abatir con toda clase de acusaciones, por muy infundadas que sean.

Esta dinámica parlamentaria desplaza en muchas ocasiones los debates de fondo y añade ruido en la conversación pública, pervirtiendo el sentido del intercambio político de ideas. Estos son solo algunos episodios parlamentarios recogidos en el análisis de EL PAÍS sobre las 23 sesiones de control al Gobierno celebradas en 2021.

Santiago Abascal (Vox): “El Gobierno traiciona al Rey, al Supremo y al conjunto de los españoles. “Han convertido a esta Cámara en una especie de mercado negro en el que se trafica con la soberanía nacional y se entrega al postor más ventajista (...) Ustedes han traicionado todos sus juramentos al orden constitucional; ustedes han traicionado al Rey; ustedes han traicionado al Tribunal Supremo y a la Justicia; ustedes han traicionado al conjunto de los españoles honrados que cumplen las leyes, especialmente a los catalanes que padecieron el golpe del año 2017 [en referencia al referéndum ilegal y la declaración de independencia]. Este indulto le sitúa a usted no ya en la ilegitimidad, porque llegó cabalgando sobre la mentira, sino directamente en la ilegalidad”.

Edmundo Bal (Ciudadanos): “Cínicos sin escrúpulos que pisotean el Estado de derecho”. “No tienen escrúpulos con tal de mantenerse en el poder. Son ustedes unos cínicos. Si fuera necesario para mantenerse en el poder volverlos a meter en la cárcel, lo harían, porque no tienen moral. El problema es que pisotean el Estado de derecho con tal de dar contento a [Oriol] Junqueras”.

Montse Bassa (ERC): “Solo los fascistas tienen libertad de expresión”. “En su España solo tienen garantizado el derecho a la libertad de expresión los fascistas, aquellos que quieren fusilar a medio Estado y quienes insultan a judíos y a musulmanes”.

Cuca Gamarra (PP): “Entre traición y lealtad, siempre eligen traición”. ”Sabemos que su palabra tiene poco valor, pero lo realmente grave es que están traicionando a los españoles. Ustedes, cuando tienen que elegir entre traición y lealtad, siempre eligen traición”.

Andrés Lorite (PP): “Saco sin fondo de la indecencia, la encarnación de la mentira, la inmoralidad hecha carne”. ”Usted es un saco sin fondo de la indecencia, es la encarnación de la mentira, señor Ábalos [José Luis, ex ministro de Transportes] usted es la inmoralidad hecha carne, el brazo ejecutor de las miserias de Sánchez y de los devaneos chavistas de Zapatero”.

Míriam Nogueras (Junts per Catalunya): “Golpe de Estado togado”. ”¿Qué está haciendo el Gobierno más progresista de la historia frente a este golpe de Estado togado? Aprovecharse, rendirse a ese poder fascista y colaborar con él cuando les ha convenido”.

Ignacio Gil Lázaro (Vox): “Gobierno mafioso y pandillero”. “Ustedes saben que solo les queda Vox para defenderse del acoso de este Gobierno inútil, mentiroso y sectario, un Gobierno ahora también de vocación pandillera, un Gobierno mafioso”.

José Ignacio Echániz (PP): “Sacrificar a mujeres y niños para salvarse Sánchez”. ”Si Pedro Sánchez hubiera estado en el Titanic, habría sacrificado a las mujeres y a los niños para salvarse él”.

Pablo Casado (PP): “Un Gobierno sádico que señala a periodistas y presiona a jueces”. “El sadismo de su Gobierno es eso, es señalar periodistas, es presionar a jueces y es bloquear el Parlamento, pero usted sigue en su helicóptero de campaña diciendo además que la pandemia genera proyectos transformadores. Pero lo más grave es que, para ocultar este juego de trilero, usted destruye todos los contrapesos institucionales”.

Ignacio Gil Lázaro (Vox): “Ministros que jalean el terrorismo callejero”. ”Esos ministros comunistas [los de Unidas Podemos] con cartera en el Consejo que se atreven sistemáticamente a jalear cualquier forma de terrorismo callejero; a una chusma violenta que existe y que está ahí y que sigue pretendiendo poder quemar vivo a un policía algún día”.