Una votación en el Congreso abre un nuevo frente entre los policías y el Gobierno

El enfrentamiento abierto entre los sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el Gobierno, lejos de amainar, subió este miércoles un nuevo peldaño. El motivo: la decisión de los dos partidos del Ejecutivo de coalición, PSOE y Unidas Podemos, de votar en el Congreso en contra de una proposición de ley del PP que planteaba una modificación legal para facilitar nuevas subidas salariales para los agentes de ambos cuerpos con el argumento de que la equiparación salarial con las policías autonómicas aún no se había producido. Las cuatro organizaciones mayoritarias de agentes mostraron, tras conocerse el resultado de la votación, su malestar con los partidos del ejecutivo.

El debate parlamentario por la equiparación salarial de este miércoles ha servido para reproducir milimétricamente la división política surgida ante las reclamaciones policiales contra la reforma de la ley mordaza. Por un lado, los tres partidos de la derecha, que consideran a las fuerzas de seguridad y sus familias un importante caladero de votos, ha apoyado en bloque la propuesta del PP, aunque Vox y Ciudadanos consideran que se queda corta para las aspiraciones de los agentes. Enfrente, el PSOE y Unidas Podemos, que creen que la proposición no era “jurídicamente viable” e, incluso, que no tenía encaje en la Constitución. Entre medias, acusaciones cruzadas de los grupos parlamentarios en los que han salido a relucir ETA, el caso Kitchen, el dictador Francisco Franco y, por supuesto, la ley mordaza. El resultado final de la votación, 155 votos a favor de iniciar su tramitación y 190 en contra.

Justicia Guardia Civil (Jucil), la asociación profesional mayoritaria en el instituto armado, ha acusado en un comunicado de “irracionalidad” y “ceguera” a los diputados que votaron en contra. Aarón Rivero, secretario general de Justicia Policial (Jupol), mayoritaria en la Policía Nacional, también criticó la posición de la mayoría de la Cámara: “Se ha vuelto a perder una oportunidad para acabar con una situación injusta desde hace más de 30 años”. Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que han tildado de “indignante” el resultado de la votación, han acusado al Gobierno en un comunicado conjunto de dar la espalda a los agentes y de utilizar “la política de seguridad como una moneda de cambio en política” para conseguir el apoyo de las fuerzas nacionalistas.

El origen del nuevo frente viene de lejos, de las discrepancias entre las organizaciones policiales y el Ministerio del Interior sobre el cumplimiento del acuerdo firmado en marzo de 2018 por el entonces ministro Juan Ignacio Zoido, del PP, para la equiparación salarial de los policías y guardias civiles con las policías autonómicas. Este, cifrado en 807 millones de euros, ha supuesto que los policías pasen a ganar en tres años 561 euros brutos más al mes, y los guardias civiles, 720.

Desde un primer momento, este acuerdo fue rechazado por Justicia Salarial Policial (Jusapol, la plataforma que en 2018 sacó a la calle a miles de agentes precisamente para reclamar la equiparación salarial y que es el origen de Jupol y Jucil), que exigió lo que llamó la “equiparación salarial real”, que obligaría a un desembolso de casi el doble de dinero e incluye un mecanismo de actualización automática ligada a futuras subidas de los cuerpos autonómicas. Los otros sindicatos se han ido uniendo posteriormente a esta reivindicación con el argumento de que Interior no ha cumplido el acuerdo en su literalidad.

Jusapol, Jupol y Jucil llegaron a recoger medio millón de firmas y a plantear en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular, cuya tramitación finalmente fue rechazado por PSOE y Unidas Podemos, que impusieron su mayoría en Mesa del Congreso para bloquearla. Aquello ya provocó movilizaciones policiales. El 3 de marzo de 2020, justo antes del primer estado de alarma por la covid, estas tres organizaciones congregaron a miles de agentes ante la Cámara baja. Muchos asistentes cubrieron sus rostros con caretas de Anonymous y rompieron el cordón policial para plantarse ante la Puerta de los Leones. En aquella protesta se llegaron a repartir pasquines anónimos en los que se incitaba a los agentes a participar, una semana más tarde, en una huelga encubierta con bajas médicas —policías y guardias civiles no tienen reconocido este derecho—, que finalmente fue fallida.

La diferencia ahora es que a estas tres organizaciones se han sumado otros sindicatos y asociaciones, además de unirse el malestar que ya existía con el Gobierno desde finales de noviembre, cuando se conocieron las enmiendas que PSOE y Unidas Podemos planteaban para la ley mordaza. Entonces, los sindicatos y asociaciones salieron en tromba a criticar la iniciativa al considerar que, de aprobarse, supondría un perjuicio para el trabajo diario de los agentes. Por ello, anunciaron movilizaciones que se plasmaron, primero, en concentraciones y, días después, en una manifestación, el pasado 27 de noviembre, que congregó a 20.000 personas en las calles de Madrid. En ambas protestas, los agentes estuvieron arropados por PP, Vox y Ciudadanos, cuyos tres líderes (Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, respectivamente) acudieron a las protestas.