La ‘ley mordaza’ abre un frente no unitario de los policías con el Gobierno

Algunas asociaciones temen que se politice la protesta contra la reforma de la norma

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional controlaban el pasado 22 de octubre una protesta en la Cañada Real, de Madrid.
Agentes antidisturbios de la Policía Nacional controlaban el pasado 22 de octubre una protesta en la Cañada Real, de Madrid.Luis de Vega

El inicio de los trabajos parlamentarios para cambiar 23 de los 54 artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el PP, la conocida como ley mordaza, ha incendiado los ánimos de los integrantes de las fuerzas de seguridad, que consideran que las modificaciones que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos pretende introducir con el apoyo de sus socios parlamentarios dificultarán la labor de los agentes. Sindicatos y asociaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral y cuerpos locales han salido en tromba a criticar la iniciativa y anunciado movilizaciones. Sin embargo, estas no serán unitarias por la desconfianza previa existente entre algunas de ellas y el miedo de un parte de ellas a que los partidos de la oposición —PP, Vox y Ciudadanos ya han anunciado su apoyo a las protestas— politicen los actos.

Por un lado, 42 asociaciones reunidas en la plataforma No a la España insegura han convocado concentraciones para el próximo miércoles ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España. Tres días después se celebrará en Madrid otra manifestación bajo el lema “no a la inseguridad ciudadana”. Sus convocantes son Justicia Salarial Policial (Jusapol, una plataforma que en 2018 sacó a la calle a miles de agentes para reclamar la equiparación salarial con los mossos) y las dos organizaciones surgidas de ella, el sindicato Justicia Policial (Jupol) y la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), mayoritarias entre los agentes de ambos cuerpos, que aseguran contar con el apoyo de otra veintena de asociaciones. No obstante, uno y otro bloque han mostrado su apoyo público a la iniciativa de los otros en un intento de acercar posiciones para futuras movilizaciones, según reconocen fuentes de ambos grupos.

Fuentes de Interior insisten en su respeto a estas protestas, pero reconocen su “inquietud por el riesgo de que una instrumentalización por determinados partidos perjudique la imagen de neutralidad que deben tener en todo momento las fuerzas de seguridad”. Un temor que también manifiestan a EL PAÍS dirigentes de algunas organizaciones policiales. Estos destacan que entre los dos bloques convocantes hay coincidencia casi unánime en criticar los mismos puntos de la reforma: aquellos que permiten difundir imágenes de los agentes grabadas durante su actividad profesional; el que elimina la presunción de veracidad de los policías; la posibilidad de celebrar manifestaciones sin comunicación previa; la reducción de seis a dos horas del tiempo máximo de retención de una persona para su identificación, y la exigencia de devolver al punto donde fueron interceptadas a las personas trasladadas a comisaría.

Las divergencias surgen en “los plazos y las formas, y cómo estas pueden facilitar esa politización”, señala el dirigente de una organización convocante de las concentraciones del miércoles y que pide mantener el anonimato. “Una manifestación no puede ser el primer movimiento. Primero hay que intentar negociar y, si no es posible, entonces sí hay que salir a la calle”, añade. Este agente admite que la plataforma No a la España insegura se vio “abocada” a organizar estas protestas de modo “apresurado” para evitar que Jusapol, Jupol y Jucil, que fueron los primeros en anunciar una movilización, acapararan todo el protagonismo y la protesta se politizara por su supuesta cercanía a determinados partidos.

David Serrada, diputado del PSOE que participará en la ponencia de la reforma de la ley mordaza, también muestra esa preocupación: “Hay un intento de capitalizar este movimiento policial por parte de la ultraderecha al que se ha sumado el PP”. El líder popular, Pablo Casado, se reunió el martes en el Congreso con representantes de 17 de estas asociaciones, a las que confirmó la presencia de su partido en las movilizaciones en lo que fuentes políticas interpretan como una maniobra para recuperar su hegemonía en el colectivo que en los últimos años le ha arrebatado Vox.

La diputada del PP Ana Belén Vázquez, que participará en la ponencia para su reforma, niega que su partido quiera “capitalizar nada”. Y añade: “Con nuestra presencia en las movilizaciones solo pretendemos apoyar a los que defienden una ley que aprobó el PP y que ahora el gobierno y sus socios quiere anular”. Gustavo Leal, portavoz de Jucil, también niega ese riesgo: “Desde que surgió Jusapol se nos ha relacionado sucesivamente con Podemos, Ciudadanos y, ahora, con Vox, pero somos apolíticos”. Su compañero de Jupol, Pablo Pérez, incide en la misma idea, aunque admite que son conscientes de que las formaciones que asistirán “lo hacen en busca de réditos políticos porque los agentes y sus familias somos un buen puñado de votos”.

Ese temor también planeó en la Plataforma No a la España insegura por la presencia en la misma del Partido Orden y Ley (POLE), encabezado por un policía y un guardia civil retirados que pertenecieron a Vox. POLE se presentó a las elecciones autonómicas madrileñas del pasado mayo y obtuvieron 1.134 votos (el 0,03%). El viernes, la plataforma apartó a esta formación por los recelos que su presencia había generado, reconocen dirigentes de la misma. Permanece, eso sí, la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, cuyo presidente es Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de Madrid.

Actualizar la norma

Adolfo Medina, presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP, representante de la escala de mando) y uno de los promotores de la plataforma No a la España insegura, admite que la Ley de Seguridad Ciudadana no puede mantenerse en su redacción original y debe ser “actualizada”, pero añade que con las protestas lo que pretenden los agentes es que, antes de que se haga, “el Gobierno y los grupos parlamentarios escuchen a los expertos en seguridad ciudadana de las fuerzas de seguridad”. Javier Montes, vicepresidente de la Unión de Oficiales (UO) de la Guardia civil, incide en el mismo sentido y asegura que las asociaciones policiales “no son inmovilistas. La ley necesita cambios, pero no los que plantea este proyecto de reforma, que afectará gravemente a la seguridad de todos los ciudadanos”.

Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), señala como responsable del actual enfrentamiento al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que critica que “no se haya reunido con los representantes de los agentes hasta ahora [empezó a hacerlo de manera individual el 11 de noviembre con Jupol]”. Mónica Gracia, secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y que se entrevistó el 15 de noviembre con Grande-Marlaska, insiste en que los puntos más polémicos de la reforma suponen “un grave ataque a los cometidos diarios de los policías”. Gracia augura que, si se mantienen, las movilizaciones del 24 y el 27 de noviembre “no serán las últimas”.

Sobre la firma

Óscar López-Fonseca

Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. Llego a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

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