Los consejos audiovisuales autonómicos reprueban el proyecto de ley por centralista

Los presidentes de los tres consejos audiovisuales, que son autoridades independientes de regulación audiovisual en Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, han criticado este jueves el proyecto de ley audiovisual que consideran centralista. Además, los tres han apuntado que el texto limita las competencias autonómicas y deja en manos de la autorregulación las medias y sistemas de protección de la desinformación, los discursos de odio, la discriminación o los derechos de los menores que, hasta ahora, desempeñaban estos consejos.

En una rueda de prensa telemática conjunta, el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Antonio Checa; el del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher; y el del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, José María Vidal, han apelado a que sean las enmiendas, durante el trámite parlamentario, las que corrijan el texto para adaptar la distribución competencial al Estado autonómico. ¿Aliados? Los tres presidentes han coincidido en que su principal aliada es la ciudadanía pero también todos los partidos políticos porque, si excluyen a las comunidades sería ir en contra de la propia Constitución, tal como ha dicho Vidal. “Los aliados deberían ser todos los partidos porque las alegaciones se corresponden a la distribución competencial de la Constitución”, ha incidido Loppacher.

Los tres ofrecen su experiencia en la regulación audiovisual y consideran necesario establecer un principio de colaboración entre la autoridad estatal y las autonómicas, “reconocido en el marco jurídico y habitual entre las autoridades audiovisuales de otros estados descentralizados, como el alemán o el belga”, según detallan en el comunicado conjunto emitido. De esta manera, el modelo, además de acorde a un Estado descentralizado, permitiría optimizar los recursos.

“Los consejos disponemos de amplia experiencia y trayectoria”, tal como ha dicho Loppacher en referencia al sistema de control de riesgo de contenidos nocivos. Los reguladores territoriales tienen atribuida, por ley, la misión de velar por los derechos de las personas en el ámbito audiovisual. Por ello consideran que centralizarlas en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, como propone el proyecto de ley, “supondría recortar la capacidad de acción y las competencias autonómicas en temas tan relevantes como la protección de los menores de edad, el discurso de odio, la publicidad encubierta, la desinformación o las previsiones relativas a la diversidad cultural” en los servicios de comunicación audiovisual televisivos a petición y las plataformas de intercambio de vídeos. Además, tanto Loppacher como Checa y Vidal han destacado que ya trabajan en unos territorios que suman 21 millones de personas, el 45% de la población total, mientras que el presidente del CAC ha destacado el hecho “especialmente grave” de que se trate de servicios que constituyen una de las principales fuentes del consumo audiovisual de la ciudadanía.

Además, han indicado que, de la misma manera que las plataformas van a dedicar una parte a la financiación de RTVE por el desplazamiento de la publicidad, las televisiones públicas autonómicas también deberían recibir una parte en función de la población o de la población y la audiencia.