Las plataformas audiovisuales y el Estado pagarán producciones en las lenguas cooficiales

Esquerra Republicana de Catalunya y el Gobierno pactaron ayer, dentro de la ley audiovisual tres vías para fomentar el contenido en lenguas cooficiales. La primera recurre a la llamada “obligación de financiación anticipada”: las plataformas que facturen más de 10 millones por su actividad en España (independientemente de dónde esté su sede) destinarán un 5% de esos ingresos a producción europea. Los republicanos han logrado que el 0,525% (unos 15 millones de euros entre todas las plataformas si se usan las cifras de 2020) se dediquen a producciones independientes en catalán, gallego o euskera.

La segunda vía es aumentar la dotación del Fondo de Protección a la Cinematografía, que depende del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y del cual salen las subvenciones al cine. Aquí también se destinarían otros 10,5 millones adicionales, vía Presupuestos Generales del Estado, para “la creación de contenidos en lenguas cooficiales”. Es decir, ambas vía simplicarian tener más de 25 millones de euros para poder producir. Para contextualizar el alcance de la cifra, Pa Negre (2010), una de las películas en catalán más exitosas de los últimos años, costó cuatro millones. Cada capítulo de la serie Merlí, que también logró éxito internacional y cuyos derechos adquirió Netflix, ascendió a 200.000 euros.

ERC sí fracasó en su intento de obligar a las plataformas a usar los doblajes y las subtitulaciones ya existentes. El Gobierno cree que es imposible hacer esa exigencia (solo se aplicará para las empresas con sede en España, que si tienen que cumplir con un porcentaje de catálogo en lenguas cooficinales) y todo queda en manos de la buena voluntad de las empresas audiovisuales, con las que se seguirá negociando. Algunas ya lo hacen, como Disney+.

En compensación, el Ejecutivo destinará una cuantía anual para doblajes en lenguas distintas al castellano. Solo el año pasado, el departamento catalán de Cultura destinó tres millones de euros para subvencionar el doblaje de más de 1.700 contenidos. “El acuerdo es de mínimos, pero necesario”, justificó la portavoz republicana Marta Vilalta.

Ambas partes le han dado una vuelta a los términos iniciales de la negociación entre el Gobierno y ERC. La pretensión de los republicanos era que mediante la ley se blindara la obligación de las plataformas a ofrecer un 6% de su catálogo en lenguas oficiales. La formación catalana aún defiende que la interpretación de la directiva europea lo permitiría pero el Gobierno se negó rotundamente. Tras descartar esa vía, la formación de Gabriel Rufián apostó por apuntar a asegurar más dinero para producción propia, una de las reivindicaciones del sector audiovisual.