El Gobierno rechaza la petición de las víctimas del Alvia de repetir la investigación que invalidó Bruselas

Supervivientes y familiares de los 80 fallecidos en el accidente del Alvia han visto pasar desde aquel trágico 24 de julio de 2013 a cuatro ministros responsables de la red ferroviaria española, dos del PP y dos del PSOE. Ninguno de ellos ha atendido su demanda para que se impulse una investigación técnica independiente sobre las causas del descarrilamiento. De nada ha servido, critican los afectados, que su petición esté basada en un demoledor informe de la Comisión Europea que invalidó las pesquisas del Gobierno de Mariano Rajoy por su falta de imparcialidad. Este jueves han recibido el no de la actual ministra de Transportes, la socialista Raquel Sánchez, que alega que carece de competencias, según informan las víctimas.

Los portavoces de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 se han reunido con Sánchez en la sede del ministerio en Madrid, un encuentro que le arrancaron hace solo unos días al abordarla en un acto oficial tras cuatro meses viendo que su petición era ignorada. Según explica Jesús Domínguez, la responsable de Transportes les ha transmitido “como los anteriores ministros, que está con las víctimas, que tiene mucha sensibilidad”. “Consideramos que son palabras vacías como las de sus antecesores”, ha lamentado Domínguez.

También “como otros ministros”, abunda el representante de las víctimas, la ministra “ha intentado escabullirse” alegando que su departamento no puede realizar una nueva investigación técnica ni tiene potestad para ordenársela a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) porque es un organismo autónomo. Sin embargo, la Plataforma Víctimas Alvia 04155, le ha recordado que “lo que sí puede hacer es cesar al presidente [de la CIAF] y a sus vocales por incumplimiento de sus funciones” al negarse a repetir unas pesquisas invalidadas por Bruselas por su falta de imparcialidad. La ministra ha evitado comprometerse a tomar esta medida y solo ha accedido a “estudiarla”, cuenta la asociación. A preguntas de este periódico, su departamento no ha aclarado si destituirá a los miembros de la CIAF y ha anunciado un anteproyecto de ley para crear una comisión que centralice todas las pesquisas de siniestros, tanto ferroviarios como aéreos o marítimos.

Las víctimas del Alvia acumulan ocho años de lucha para depurar las responsabilidades por un accidente que conmocionó a España. Al margen de la causa penal que sentará en el banquillo al maquinista y a un excargo de Adif en un juicio previsto para el primer trimestre de 2022, han emprendido una batalla judicial para forzar al Gobierno a repetir esa investigación técnica que les niega. La Comisión Europea tumbó en 2016 las pesquisas que la CIAF impulsó justo después del siniestro y que se limitaban a culpar de la tragedia a un despiste del conductor, que no frenó en la curva porque estaba hablando por teléfono. La Agencia Ferroviaria Europea invalidó aquel dictamen por diversas irregularidades, entre ellas que en el equipo investigador estaban presentes los directores de Seguridad de Adif y Renfe, organismos implicados en el siniestro, y su trabajo pasó de puntillas por la relación que la gestión de la vía pudo tener con el accidente.

Pese a este tirón de orejas de Bruselas, tanto los Ejecutivos del PP como la coalición del PSOE y Unidas Podemos se han resistido a repetir la investigación. El anterior ministro socialista, José Luis Ábalos, llegó a asegurar que la veía viable en la primera y última reunión que mantuvo con las víctimas del Alvia. Nunca más volvió a recibirlos. Por ello los afectados decidieron presentar la pasada primavera una demanda en los tribunales contra el Ministerio de Transporte. Este miércoles, justo el día antes de reunirse con la ministra, entregaron en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid su escrito de conclusiones y esperan que la sentencia “salga entre febrero y marzo”.

Las víctimas reclaman que el Ministerio de Transportes sea condenado a garantizar la “total independencia” de la CIAF siguiendo lo establecido en la legislación española y comunitaria, con el objeto de que investigue el accidente “de forma totalmente objetiva e imparcial”. Para ello reclaman que “cese a la totalidad de miembros que hayan tenido relación profesional con cualquier empresa ferroviaria, administrador de infraestructuras, solicitante o entidad contratante, así como de cualquier entidad adjudicadora de contratos de servicio público o que presente el más mínimo conflicto de interés”. De los actuales miembros, seis están en esta situación según los demandantes, entre ellos su presidente, Fernando Montes Ponce de León.

El tramo en el que descarriló el Alvia forma parte de la línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid que se lleva construyendo por tramos desde hace 20 años. Las obras acaban de terminar y el próximo lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI realizarán el viaje inaugural. La celebración disgusta a las víctimas del accidente, que consideran “inaceptable” un acto “a bombo y platillo” cuando aún no se ha esclarecido el accidente que segó la vida de 80 personas e hirió a 145. La Plataforma Víctimas Alvia 04155 sospecha que detrás de los obstáculos que en 2013 impuso el Gobierno de Rajoy para investigar la tragedia se oculta el afán por “proteger” los “intereses comerciales” de las constructoras que entonces se valían del prestigio de la alta velocidad ferroviaria española para acceder a contratos en otros países.