“Hubo una cacería del Gobierno contra el maquinista para proteger intereses comerciales”

Cuando al fin salió de la UCI después de resultar gravemente herido en el accidente del tren Alvia que descarriló a las puertas de Santiago el 24 de julio de 2013, Jesús Domínguez entró en la web de Adif. Allí descubrió que la empresa pública de infraestructuras ferroviarias seguía presumiendo falsamente de que toda la línea de alta velocidad entre Ourense y la capital de Galicia, en la que él había elegido viajar con su pareja y dos sobrinas pequeñas “por seguridad”, contaba con un sistema de frenado automático que, si así fuera, hubiera evitado la tragedia. Fue la primera “mentira” del Gobierno con la que se tropezó, pero no la única.

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Tras cinco años tirando del hilo, el portavoz de la víctimas de aquella catástrofe que dejó 80 muertos y más de 140 heridos ha desenmarañado este martes en el Congreso de los Diputados la madeja de decisiones políticas que rebajaron la seguridad en la fatídica curva de Angrois. Y ha denunciado que la “maquinaria del Estado trabajó para ocultar las responsabilidades de quienes fueron negligentes” y “contaminar a la opinión pública”, concentrando toda la culpa en Francisco José Garzón, el maquinista que se despistó y no frenó a tiempo.

La intervención de Domínguez como portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, la asociación mayoritaria de heridos y familiares de fallecidos, ha sido la primera de la comisión de investigación del accidente que se ha abierto en las Cortes tras muchos intentos frustrados con los votos de PP y PSOE, los dos partidos implicados en el diseño y gestión de la línea ferroviaria en la que ocurrió el accidente. El representante de las víctimas ha señalado a tres exministros, el socialista José Blanco y los populares Ana Pastor y Rafael Catalá, como los cargos políticos responsables de varias decisiones que fueron claves para que el error humano del conductor desencadenara la mayor tragedia ferroviaria de los últimos 40 años en España.

Según ha explicado Domínguez, Blanco dirigía el Ministerio de Fomento cuando se cambió el proyecto de alta velocidad entre Ourense y Santiago y se suprimió el sistema de frenado automático ERTMS en los ocho kilómetros de vía que daban entrada a la capital gallega, el tramo más peligroso por las curvas. Pastor era ministra y Catalá, secretario de Estado de Transportes cuando se decidió desconectar este dispositivo también dentro del tren para evitar los retrasos que provocaban ciertos problemas técnicos. Bajo el mando de estos políticos, ha proseguido, se hizo “caso omiso” a la alerta del jefe gallego de maquinistas sobre la peligrosidad del pronunciado giro donde el Alvia se salió de la vía, un punto donde hasta “en cuatro ocasiones” se optó por no realizar el análisis de riesgos al que “obligaba la normativa”. “Nuestra seguridad dependía de que el maquinista se acordara de frenar”, ha resumido Domínguez sobre una línea que costó cerca de 3.000 millones de euros.

Con toda España y parte del extranjero conmovidos y pendientes de lo ocurrido, una atención que el paso de los años han ido diluyendo, el Gobierno emprendió el mismo día del siniestro “una cacería contra el maquinista”, sostienen los afectados, que fue convertido en el "malo malísimo". El objetivo, esgrimen, era “tapar el resto de responsabilidades” y “proteger” los intereses económicos de las constructoras que se valían del prestigio de la alta velocidad ferroviaria española para acceder a millonarios contratos en distintos países del mundo. “Había intereses comerciales y con un accidente no puedes concursar”, ha incidido Domínguez, quien recordó que Catalá y Feijóo llegaron a "sugerir que había intereses económicos para desacreditar la alta velocidad española".

El portavoz de los supervivientes atribuye a esa campaña del Gobierno de Mariano Rajoy contra el conductor la filtración a las pocas horas del accidente de un audio mutilado de Garzón que recogía la parte de sus palabras en las que reconocía no haber frenado a tiempo pero no el momento posterior en el que también desvelaba que el peligro de aquella curva ya había sido denunciado. A ese episodio se ha referido en su comparecencia, María Cristina Liras, que perdió a su hijo de 27 años en el accidente y es vocal de la Plataforma Víctimas Alvia 04155: "¿Saben ustedes lo que es escuchar el audio del conductor diciendo: “Esto ya lo había avisado a los de Seguridad, somos humanos, un día iba a pasar?”.

Las víctimas han criticado asimismo la divulgación por parte del Ministerio de Interior, como supuesta prueba de la temeridad del maquinista, de una antigua publicación de Facebook en la que Garzón mostraba cómo los Alvia alcanzaban los 200 kilómetros por hora. Además de que se trataba de una velocidad permitida, ni siquiera conducía él.

Reproches del PP

A preguntas de los diputados de la comisión, Domínguez no ha dudado en afirmar que hubo un “pacto” para salvaguardar a “todos los que formaban parte de ese pastel”. Solo así se explica, defiende, que los cargos de Fomento implicados en la gestión de la línea ferroviaria entre Ourense y Santiago no solo no fueran destituidos sino que fueron "premiados" con ascensos. Entre ellos Catalá, que fue aupado a ministro de Justicia.

El representante del PP en la comisión de investigación, el diputado gallego Celso Delgado Arce, ha declinado hacerle preguntas al compareciente y ha dedicado sus minutos de intervención a subrayar la "gran complejidad técnica" de la causa judicial, aún en instrucción y con ocho imputados, y a reprocharle al portavoz de las víctimas que haya acusado a Blanco, Pastor y Catalá de "desviarse en su recto proceder" en la gestión del asunto.

Domínguez le ha replicado que las responsabilidades que él le atribuye a los tres son políticas, no penales. Y ha añadido que "la causa es compleja" porque se cambió al juez cuando el sumario ya acumulaba más de 20.000 folios; la fiscalía "no quería investigar"; y la Xunta de Alberto Núñez Feijóo "eligió a peritos sin experiencia que pertenecen al Estado" y cuyos dictámenes discrepaban de los del único perito independiente y los técnicos de la Comisión Europea. "Eso de decir que aquí no hay nada claro es un poco infantil. Bajo mi punto de vista y con todos los respetos", ha concluido el representante de las víctimas.