El freno a la tramitación en el Congreso de los Diputados del Estatuto de Autonomía de Murcia, aprobado en el final de la legislatura pasada, ha abierto un embrollo jurídico que previsiblemente llegará a los tribunales. El nuevo texto se aprobó por unanimidad en abril de 2019 con Fernando López Miras al frente y necesitaba, como en el resto de casos, de su aprobación en las Cortes Generales. Pero, tras el envío de la nueva ley desde Murcia al Congreso, los grupos de PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos en el Parlamento presentaron varias enmiendas. Entre ellas, la limitación de los mandatos a solo dos legislaturas —por lo que el presidente de la Región de Murcia no podría volver a concurrir en unos comicios—, o medidas contra políticos tránsfugas, —lo que devolvería el poder del grupo regional a Ciudadanos, tras la fallida moción de censura del pasado mes de marzo—. Las enmiendas presentadas —propiciadas, entre otros conflictos, por la fallida moción de censura— recibieron el rechazo frontal del Gobierno murciano, que el miércoles pasado maniobró para evitar que el Estatuto de Autonomía entrara finalmente en vigor con esos cambios.

Para conseguir su propósito, el Ejecutivo de López Miras reformó el miércoles el reglamento de la Asamblea de Murcia. En concreto, el PP y los siete tránsfugas aprobaron la modificación del artículo 221 del reglamento del Parlamento Autonómico. Un cambio que permite retirar el texto presentado en las Cortes Generales sin la necesidad de reunir ningún tipo de mayoría, cosa que antes sí ocurría. Eso habilitó al Pleno, que se reunió justo una jornada después, para votar a favor de sacar el nuevo Estatuto del Congreso y frenar así su tramitación. También solo con los apoyos de los populares y de los parlamentarios tránsfugas.

La estrategia de la oposición pasa ahora porque la Mesa del Congreso, que tiene que aceptar la retirada del Estatuto en los próximos días, invalide la jugada del Ejecutivo de López Miras. En principio, los populares podrían acogerse a la resolución de la Presidencia del Congreso del 25 de septiembre de 2018 que permite que “la Asamblea de una comunidad autónoma, cuyo Estatuto sea objeto de reforma” retire la propuesta “en cualquier momento de la tramitación de la reforma”. Y en ese sentido se pronunciará la Mesa. Fuentes del Congreso confirman que “aceptarán la retirada del Estatuto” y que no les compete a ellos entrar o no en el fondo jurídico de lo ocurrido en Murcia la semana pasada. En este sentido, las mismas fuentes indican que deberán ser los tribunales quienes diriman si se ajusta o no a la legalidad.

Entre la oposición a la medida adoptada por el PP regional está el coordinador de Unidas Podemos en Murcia, Javier Sánchez, quien es además secretario tercero en la Mesa del Congreso. El diputado explica que la reforma plantea una situación “anómala” porque la modificación introducida por el PP en el reglamento murciano no puede afectar a una norma tramitada anteriormente, como el Estatuto de autonomía, que se aprobó en 2019. Y basará su defensa en el “principio de irretroactividad”. Sánchez teme que el conflicto “termine en el Tribunal Constitucional” y advierte de que “seguirán adelante hasta en los tribunales si es necesario”.

Desde el PSOE murciano confían más en otro fleco que quedó abierto la semana pasada. Alfonso Martínez, viceportavoz del grupo parlamentario en la Asamblea, explica que al no especificar, tras la modificación del reglamento, cuál es la mayoría requerida desde ahora para retirar el Estatuto, tendría que ser la misma que aprobó su presentación, tres quintos. Un fleco que, según Martínez, refuerzan los letrados a los que han consultado. Y denuncia que el movimiento de la Asamblea se hizo “sin pedir un informe jurídico”, como así les exigieron.

Ciudadanos se lamenta de que un Estatuto “que metía a Murcia en el siglo XXI” haya sido rechazado finalmente. “El PP de López Miras está asalvajado. Pacta con quien haga falta para quedarse en el poder”, asegura el senador de Cs, Miguel Sánchez. El dirigente autonómico recuerda que la limitación de los dos mandatos era algo que ya estaba vigente en la Región cuando el nuevo Estatuto fue aprobado y que el presidente popular modificó la ley a su interés en junio pasado para poder repetir una tercera legislatura. “Por eso se introdujo esa enmienda”, añade. Desde el partido subrayan, no obstante, que los populares ni siquiera les propusieron negociar y que Cs podría haber estado abierto a quitar esta enmienda si de esa forma el Estatuto seguía su curso. Algo que no hubiera ocurrido, sin embargo, respecto a las medidas contra los tránsfugas o a la enmienda que dota de personalidad jurídica al Mar Menor. Asuntos infranqueables para Ciudadanos.

La postura de los populares

El PP de Murcia se queja de que los grupos de la oposición hayan “abierto un debate que ya estaba cerrado y consensuado en abril de 2019, cuando se aprobó por unanimidad el Estatuto por los grupos presentes entonces en la Asamblea murciana”, afirma el portavoz popular, Quino Segado. El PP asegura que se ha visto obligado a plantear la retirada del trámite del estatuto del Congreso porque las 53 enmiendas presentadas en este tiempo por la oposición han reabierto el debate y ya no existe el consenso suficiente para aprobar el texto.

Los populares sostienen que están “dispuestos a aprobar el mismo Estatuto que se consensuó en 2019″, pero no con las nuevas enmiendas de la oposición. Una vez solicitada la devolución del Estatuto a la Asamblea de Murcia, el PP reconoce que “va a ser muy difícil que en esta legislatura se apruebe un nuevo texto”, señala Segado, porque “va a ser muy difícil alcanzar el consenso necesario”.