Murcia blinda el derecho al agua y elimina los aforamientos
La Asamblea Regional aprueba por unanimidad la reforma del estatuto de autonomía, que ahora deberá validar el Congreso para someterse a referéndum
La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este lunes por unanimidad un nuevo estatuto de autonomía para la región. El texto incluye la eliminación de los aforamientos, la mención explícita al derecho al agua o al de la memoria democrática, y la protección a las mujeres víctimas de violencia machista.
La nueva redacción, que sustituirá a la actual, aprobada en 1982, no entrará en vigor, previsiblemente, hasta la próxima legislatura, ya que para ello debe pasar por el Congreso de los Diputados y después someterse a referéndum. El ambiente del parlamento autonómico, sin embargo, ya era festivo este mediodía, con caras de satisfacción después de trabajar toda la legislatura en la modificación de esta norma.
El estatuto tiene 99 artículos, 44 más que el aprobado hace 37 años, pero entre sus novedades destaca precisamente la eliminación de uno de ellos, el que hacía mención a los aforamientos. No tendrán ya esa protección especial ni los diputados regionales ni los miembros del consejo de Gobierno, aunque no es la primera vez que la Cámara debate este asunto: ya lo aprobó en una reforma parcial del estatuto, también por unanimidad, en abril de 2017. Fue la primera comunidad autónoma que decidió eliminar esa figura en un momento de especial relevancia política ya que el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez, que había dimitido unas semanas antes como presidente acosado por causas judiciales, mantenía aún su acta de diputado, que no abandonó hasta septiembre de ese año. La reforma, sin embargo, nunca llegó a entrar en vigor, y quedó enrocada en las comisiones del Congreso de los Diputados sin llegar a votarse.
La mayoría de los nuevos artículos incluye derechos de tipo social para darles un blindaje especial y entre ellos, destaca el 17, que recoge el "derecho a la protección integral contra la violencia de género", prestando especial atención, detalla, a las medidas de prevención y a la educación en valores de igualdad. También se aborda de forma explícita el derecho "a la igualdad entre hombres y mujeres" (artículo 9) y a la orientación sexual (artículo 18).
Otra de las novedades más destacadas para buena parte del sector productivo murciano es el derecho al agua que, según el artículo 19, debe llegar a los ciudadanos "en calidad y cantidad suficiente", tanto para abastecer a la población como para atender las "necesidades presentes y futuras para el desarrollo de actividades sociales y económicas". El agua ha sido históricamente uno de los principales caballos de batalla del Ejecutivo murciano y, durante esta legislatura, sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez en relación con el Trasvase Tajo-Segura han sido constantes.
Novedoso es también el artículo 25, que recoge el derecho a la "memoria democrática" y la obligación de los poderes públicos por velar por su conocimiento y mantenimiento, por convertirla en "símbolo permanente de identidad, multiculturalidad, tolerancia, dignidad de los valores democráticos, rechazo de los totalitarismos y reconocimiento" a quienes han sido perseguidos por sus ideas.
Se recoge asimismo el derecho a la educación gratuita, los apoyos necesarios a los alumnos con necesidades especiales y la gratuidad de los libros de texto en las etapas obligatorias, una medida que se ha puesto en marcha por primera vez este curso 2018-2019 para los alumnos de tercero y cuarto de primaria y que está previsto extender al resto de estudiantes de primaria y secundaria de manera escalonada hasta 2022.
Además, hay derechos relacionados con el medio ambiente, como el de "disfrutar de un entorno ambiental saludable" o el de acceder a las fuentes de energía renovables, principalmente la solar, para lo que se insta a los poderes públicos a "velar para garantizar el autoconsumo", y otros sobre las nuevas tecnologías como la salvaguarda de datos personales.
El nuevo estatuto contempla varias novedades en cuanto al ámbito territorial, ya que su artículo 2 deja abierta la puerta a una división en "comarcas y/o provincias" y el 3 considera la ciudad de Cartagena, donde se ubica la Asamblea Regional, como "capital legislativa" de la región (la capital es la ciudad de Murcia, donde está la sede de la presidencia del Gobierno). Estas concesiones no han contentado, sin embargo, al partido Movimiento Ciudadano, que no tiene representación en la Cámara pero ocupó la alcaldía de Cartagena los dos primeros años de la legislatura gracias a un acuerdo con el PSOE, y que es un firme defensor de dividir la comunidad autónoma en dos provincias, una por cada una de las ciudades.
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