El PP cree que juzgar los crímenes de la dictadura “dinamita los acuerdos de la Transición”

“El comodín de Franco”. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, considera tacticismo político la iniciativa del Gobierno de coalición progresista para intentar sortear la Ley de Amnistía de 1977 y abrir un resquicio para que puedan investigarse y juzgarse los crímenes del franquismo. A juicio del portavoz del partido, “con la que está cayendo en España”, por la inflación, la subida de la luz o la crisis del gas, carece de sentido abordar este asunto, que al principal partido de oposición le parece que no es ni mucho menos prioritario, y defiende que “divide” a los españoles. Los conservadores se oponen frontalmente a juzgar los crímenes de la dictadura porque entienden que “dinamita los acuerdos de la Transición”, ha manifestado Montesinos en TVE.

“No vamos a contribuir a dinamitar los grandes consensos”, ha expresado el vicesecretario de Comunicación popular, dejando claro el rechazo de la formación a esta iniciativa del Gobierno y sus socios parlamentarios. “Es el comodín de Franco. Cuando hay muchos problemas en España sacan el comodín de Franco. Los socios radicales de Sánchez hablando del pasado”, ha sostenido Montesinos.

La fórmula que han encontrado el PSOE y Unidas Podemos no toca, ni anula, ni deroga la Ley de Amnistía de 1977, como exigía ERC, pero sí establece, a través de una enmienda al proyecto de ley de Memoria Democrática registrada el miércoles, un posible resquicio para sortearla y que los tribunales la interpreten de una manera diferente a la que han consolidado hasta ahora. Los efectos prácticos de esta modificación, sin embargo, serán muy limitados, según reconocen sus promotores, porque la inmensa mayoría de los autores de los crímenes franquistas ya han muerto. Pero al menos se busca un resarcimiento moral y simbólico. Y otras enmiendas pactadas proponen facilitar compensaciones económicas a las víctimas. Alianza Popular, partido precursor del PP, se abstuvo en la aprobación de la Ley de amnistía de 1977, que recibió el voto a favor de UCD, PSOE, PCE, minoría vasco-catalana, PSP y Grupo Mixto y dos votos negativos (uno de ellos, del excomandante de la UMD Julio Busquets, elegido diputado en las listas socialistas).

El PP de Pablo Casado se opone a esta iniciativa y además quiere derogar las leyes de memoria democrática (la que se tramita en el Congreso y la ley de memoria histórica vigente). El líder popular pretende aprobar, en su lugar, una “ley de concordia” cuyo contenido se resiste a revelar, y así lo ha manifestado públicamente. En el mitin de clausura de la convención nacional del partido, el pasado octubre, avisó de que aprobará una ley de concordia “que dejará sin efecto las leyes de memoria histórica”, y criticó al Gobierno por “desenterrar los rencores”, aunque no se opuso a la apertura de fosas y dijo que ayudará “de verdad a las familias a encontrar los restos de sus seres queridos”, algo que no han hecho otros Gobiernos del PP.

En la misma línea, aunque en un tono más beligerante, se ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también en contra de la iniciativa gubernamental. Una vez más se demuestra que la disputa entre Casado y Ayuso no es ideológica, sino de poder. “Ustedes, si pudieran impondrían ahora mismo la República por decreto”, ha reprochado la presidenta regional a la izquierda en la Asamblea. “Lo harían dando la espalda a las instituciones, como lo están haciendo con la Monarquía, con la unidad de España, y como lo están haciendo con la memoria de la Transición. De esta no les va a salvar ni Franco, ni llevarlo en un helicóptero ni hablar de la Guerra Civil, que es el último recurso que les queda”.

El líder del PP sigue la estela de su mentor, el expresidente José María Aznar, que en la convención del partido le instó a que, si llega al poder, derogue “inmediatamente” la Ley de Memoria Democrática (si termina aprobándose), porque “activa los mecanismos del odio”, según cree Aznar. “La legitimidad de origen de las elecciones democráticas del 77 y con el rey Juan Carlos está hoy en cuestión por la Ley de Memoria Democrática”, subrayó el expresidente ante Casado en un acto conjunto en Sevilla. “Todas esas cosas tienen que ser inmediatamente suprimidas y derogadas. Es una incitación completa al enfrentamiento y al revisionismo absurdo de la historia, no tiene sentido”, se quejó.

El PP no derogó la ley de memoria histórica aprobada en 2006 por el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en las dos legislaturas de Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), aunque lo hizo de facto, porque la dejó sin fondos, lo que motivó que una de las peticiones de los enviados de la ONU tras su visita a España fuera que el Gobierno asumiera como una “política de Estado” la localización de los desaparecidos del franquismo y que “proporcione los fondos adecuados para que la ley de Memoria pueda aplicarse eficazmente”. Casado asegura que sí derogará la ley si llega a La Moncloa, aunque para elaborar una nueva norma “en positivo”.

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez avanza en iniciativas de corte progresista, el PP sufre para lograr el foco por su labor de oposición, por sus problemas internos. El partido ha sumado a la guerra con Díaz Ayuso por el control del partido de Madrid la publicación del libro de Cayetana Álvarez de Toledo, en el que la exportavoz lanza duras invectivas contra el secretario general, Teodoro García Egea. Este jueves, la dirección ha invitado a la diputada a marcharse y dejar su escaño. “Yo estoy en la vida política por Casado. Si considero que no estoy ilusionado, seguramente daría las gracias por haberme permitido estar en este lugar, pero luego daría un paso atrás”, ha afirmado Montesinos, preguntado por las críticas de Álvarez de Toledo al PP. “Yo creo que si no estás contento con el devenir de tu formación... Si yo perdiera la ilusión o las ganas o no me sintiera contento, actuaría de la forma que le he dicho anteriormente”, ha abundado el vicesecretario de Comunicación. Álvarez de Toledo asegura, no obstante, que no se marchará, como ha dejado por escrito en su libro.

El PP sí da por seguro que multará a la diputada por romper la disciplina de voto en la votación de los magistrados al Tribunal Constitucional. El grupo parlamentario popular abrió expediente contra Álvarez de Toledo y fuentes de la dirección dan por hecho que este concluirá de forma “automática” con la sanción, cuya cuantía oscilará entre los 500 a los 700 euros.