El fiasco de Enrique Arnaldo complica la negociación del Poder Judicial

En los pasillos del Congreso el comentario era casi unánime esta semana entre los diputados tanto del PSOE como de Unidas Podemos que se tenían que tragar el sapo de votar a Enrique Arnaldo como nuevo miembro del Tribunal Constitucional: “Esto solo tiene sentido si a cambio hay alguna garantía de que se va a renovar el Consejo General del Poder Judicial y cambiar la mayoría en el Tribunal Constitucional en junio de 2022. Si no, hemos hecho el primo”. Y, sin embargo, el escándalo provocado por el fiasco del controvertido Arnaldo, el candidato más denostado de los que han llegado al Constitucional, propuesto por el PP, juega precisamente en contra del acuerdo para renovar el Poder Judicial. Un posible pacto que, según fuentes tanto del Gobierno como del PP, no estaba ni mucho menos cerrado ni acordado.

El PSOE, a través de su negociador, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, estaba dispuesto a ceder en casi todo para lograr un acuerdo con Teodoro García Egea, secretario general del PP, menos en la exigencia que los populares consideran central, el cambio en el sistema de elección de los miembros del Consejo. Entre las posibles cesiones estaba dejar caer como candidato al juez José Ricardo de Prada, hombre clave en la primera gran sentencia del caso Gürtel, que provocó la moción de censura que en junio de 2018 acabó con la carrera de Mariano Rajoy. Ahora, después del escándalo de Arnaldo, Unidas Podemos, la formación que impulsó la candidatura de De Prada, se niega a permitir el veto que los populares impusieron al juez hace meses. “Si nosotros nos tragamos a Arnaldo, ellos no pueden vetar absolutamente nada ya. Es una cuestión de pura democracia, por el bien del país, De Prada tiene que estar”, señalan fuentes del socio minoritario del Gobierno. Los contactos entre el Ejecutivo y el PP están, de momento, en suspenso, y la previsión era reanudarlos en breve, aunque, si así fuese, tropezarían ahora con muchas más dificultades.

De Prada fue el nombre que truncó el último intento negociador, en febrero. El PP dijo que por ahí no pasaba, que ellos vetaban al juez de la Gürtel, algo especialmente simbólico. Unidas Podemos, a través de su hombre clave en esta negociación, Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030, contestó que su formación aceptaba el veto a otra de sus candidatas, Victoria Rosell —exdiputada suya y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género— pero en ningún caso el de De Prada. Plegarse a la exigencia de dejar a este fuera, dijo entonces Santiago, sería como decirle a los próximos jueces que se encuentren ante un escándalo político que tengan cuidado con sus sentencias porque eso puede acabar con sus carreras. Bolaños apoyó la postura de su socio de Gobierno, rechazó ese veto y la negociación murió ahí, a medianoche de un día de febrero.

Ahora, nueve meses después, el ministro de la Presidencia confiaba en poder negociar con De Prada fuera de la ecuación, y Unidas Podemos parecía dispuesto a renunciar a él para poder al fin desbloquear la renovación. Pero las cosas han cambiado tras la tormenta desatada por el caso de Arnaldo, cuya candidatura fue rechazada por seis diputados de los dos grupos del Gobierno, en abierta desobediencia a las directrices internas. Si Unidas Podemos insiste en mantener a este juez, que el PP ya ha dicho que no aceptará bajo ningún concepto, la negociación se complica bastante, porque el PSOE no puede desairar a su socio de coalición en un asunto tan sensible. Unidas Podemos señala, además, que, mientras Arnaldo tiene una trayectoria absolutamente discutida, como se ha visto en el Congreso, De Prada es un juez intachable al que el PP no soporta por la sentencia de la Gürtel. Esa postura de los populares resulta indefendible en la visión del grupo de Yolanda Díaz. De hecho, el PP públicamente se escuda en el argumento de que De Prada no puede ser elegido en el cupo de juristas —uno de los que deciden los partidos— porque es un juez en activo.

Antes del escándalo de Arnaldo, Bolaños y García Egea transmitían en sus entornos mensajes positivos sobre la posibilidad de renovación del Poder Judicial. Para el ministro de la Presidencia y para su partido es trascendental lograrlo, porque solo eso justificaría haber aceptado un candidato como Arnaldo: por el bien mayor de renovar el Poder Judicial ahora, después de tres años de bloqueo. Así se cambiaría a una mayoría progresista, en realidad un reparto de 10 miembros cada uno entre el Gobierno o el PP, pero con un presidente de consenso más próximo a la izquierda, según la idea inicial. La otra defensa de los socialistas de su apoyo a Arnaldo es que supone el primer paso para la renovación completa del Constitucional, en junio de 2022, esta vez sí, con cambio de mayoría, del 7-5 conservador de ahora a un 7-5 progresista.

Coste político en vano

Si el PP sigue bloqueando la renovación del Poder Judicial, que también elige a dos de los cuatro miembros del Constitucional que hay que renovar el próximo junio, todo el coste político de asumir a Arnaldo habrá sido en vano. Y algunos se volverán contra una negociación que La Moncloa consideraba un gran éxito, pero que sin esa segunda pata se queda muy coja. Fuentes del Gobierno aseguran que incluso en el caso de que el PP siga bloqueando el Poder Judicial, se podrá renovar el Constitucional en junio y cambiar la mayoría. En el mundo judicial hay muchas dudas de que eso pueda suceder.

Bolaños estaba dispuesto en esa negociación a ceder casi todo menos el cambio de la forma de elección de los vocales del Consejo, la condición que el PP presenta como inexcusable y que los socialistas consideran imposible. Según el PSOE, si los jueces eligieran directamente a todos los vocales, como piden los populares, esa sería la garantía de un control eterno de este órgano clave por parte de los conservadores, ampliamente mayoritarios en este sector profesional. La ley no se toca, insisten en La Moncloa. Todo lo demás se puede hablar. Sin embargo, en el PP confían en que el Gobierno sí va a entrar en la modificación legal, de la que aseguran que ya han empezado a hablar Bolaños y García Egea. Los populares creen que la presión de Bruselas para avanzar hacia un modelo en el que los vocales sean elegidos por la carrera judicial surtirá efecto. “No van a tener otra opción”, transmiten fuentes al más alto nivel del PP.