Bruselas evita entrar en la batalla PSOE-Podemos sobre la reforma laboral

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, aterrizó el domingo por la noche en Madrid, en medio de la pugna abierta entre el PSOE y Unidas Podemos por la reforma laboral. El político italiano se ha reunido con el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Nadia Calviño en su viaje a España y también cenó con Yolanda Díaz y no puso obstáculos a las propuestas que le presentó esta, según fuentes conocedoras del encuentro. Y este martes, en un desayuno organizado por Europa Press, no se ha pronunciado sobre el conflicto. También en la capital comunitaria se elude entrar en la pugna.

Bruselas tampoco concreta cómo le gustaría que fuera la reforma del mercado laboral que se negocia en España y que ha provocado el choque entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. La Comisión Europea tiene claros los objetivos: pide que se reduzca la temporalidad, que mejore la negociación colectiva y, sobre todo, reclama que estos cambios no rebajen la flexibilidad que introdujo la reforma de 2012. Así lo ha declarado el comisario Gentiloni esta mañana en Madrid al pedir que las modificaciones se hagan sin “restar el dinamismo del sistema español y de las empresas”. Otra forma de decir lo que ya recogen los documentos que el Consejo Europeo aprobó cuando dio luz verde al plan español y los 70.000 millones de euros de la UE para España que lleva aparejados.

La negociación del plan español de recuperación a finales de 2020 y en el primer trimestre de 2021 ya desató una lucha en el seno del Gobierno. Y también entonces hubo un tira y afloja con Bruselas.

En aquellos puntos en que había diferencias se recurrió a un lenguaje ambiguo a la espera de que la negociación con los agentes sociales lo precisara. Uno de ellos fue la negociación colectiva, cuyo cambio despierta muchos recelos en Bruselas. La posición histórica de la Comisión Europea y de otros organismos como el Banco Central Europeo respaldan los cambios que se establecieron en la reforma de 2012: descentralizar la negociación dando prioridad plena a los convenios de empresa frente a los del sector. Aunque la reforma de hace nueve años no causase un auge de convenios de empresa y en las encuestas del Ministerio de Trabajo —tanto en los gobiernos del PP como del PSOE— las compañías respondan que no tienen intención de adoptar uno y se contentan con el sectorial, aquel cambio desniveló las mesas de negociación en favor de la parte empresarial, porque en los niveles sectoriales los sindicatos suelen tener más fuerza que las organizaciones empresariales. Esto explica que las centrales de trabajadores exijan su cambio, que el pacto de Gobierno en este punto no deje dudas y hable claramente de devolver la prevalencia a los sectores. El elemento común que se encontró fue la palabra “modernizar”, no “reforzar”, que podía interpretarse como un respaldo a las tesis de Yolanda Díaz, ni “ahondar”, que podría leerse en sentido contrario.

Pero cuando ha llegado el momento de precisar qué se entiende por ese “modernizar”, han aparecido las fricciones. Las hubo en marzo, cuando Trabajo envió el primer documento a los agentes sociales para iniciar la negociación proponiendo empezar a hablar por la negociación colectiva y dando prioridad a los convenios sectoriales, al menos como un mínimo común, en lo referente a los sueldos y a las horas anuales de trabajo. Cuando EL PAÍS publicó este documento, el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, reaccionó recordando que Bruselas priorizaba la lucha contra “la dualidad del mercado laboral “, es decir, la diferencia entre la precariedad de los temporales frente a la estabilidad de los indefinidos.

Hace unas semanas una delegación de la capital comunitaria se desplazó a Madrid para evaluar la marcha de las negociaciones, un paso previo a dar luz verde al segundo pago del plan de rescate (por importe de 10.000 millones de euros) y dejó claro que aceptaría los cambios que llegaran de España siempre que contasen con el pacto entre el Gobierno y los agentes sociales. A primera vista, la cuestión puede parecer obvia, pero cuando se habla de una mesa de negociación esto supone dar poder de veto a una de las partes. Y esto convendría a la patronal CEOE, la parte negociadora más reticente a tocar la reforma laboral de 2012 salvo que sea para ir más allá.

También refuerza las palabras del comisario el informe que reclamó la Comisión al Gobierno en el que se evalúen las deficiencias de la negociación colectiva antes de cambiarla. Y también de los otros puntos sobre la mesa, como las restricciones en la contratación temporal, el descuelgue o incumplimientos de convenios, la modificación unilateral por parte de los empresarios de las condiciones de trabajo o el mecanismo de ERTE permanente que sustituirá a la regulación extraordinaria actual.

Buena parte de estas medidas restan poder y flexibilidad a los empresarios y, para compensarlo, el paquete íntegro deberá articular los nuevos ERTE que permitan a las empresas adaptarse a las malas épocas. Pero para saber si eso es suficiente para la Comisión Europea, habrá que esperar a que el documento, ya con un texto concreto, se envíe a Bruselas.