Puigdemont pide de nuevo cautelares al Tribunal de la UE para frenar el proceso de extradición en Italia

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha solicitado este viernes al Tribunal General de la UE, con sede en Luxemburgo, nuevas medidas cautelares. El objetivo es reactivar de forma provisional su inmunidad como europarlamentario con el fin de evitar una posible extradición a España desde Cerdeña, donde fue detenido la semana pasada por orden del Tribunal Supremo. El político independentista fue liberado al día siguiente con la obligación de comparecer ante la Corte de Apelación de Sassari el próximo 4 de octubre.

El lunes pasado regresó a Bruselas, aunque desde entonces ha defendido que se presentará a la inminente cita judicial en Cerdeña. Con este movimiento, trata de blindar su situación ante la creciente presión del instructor de la causa del procés, el magistrado Pablo Llarena, que remitió el jueves un escrito al tribunal de apelación de Sassari (Italia) para advertirle de que la euroorden contra Carles Puigdemont sigue vigente y pedirle la “entrega inmediata”

La defensa jurídica de Puigdemont, que capitanea el abogado Gonzalo Boye, anunció ya la semana pasada que presentaría un escrito pidiendo medidas cautelarísimas al TGUE, pero ha demorado la decisión durante siete días. En su comparecencia de entonces, Boye aseguró que la respuesta del TGUE podría darse en un periodo de entre 24 y 72 horas, a pesar de que no existe ningún plazo establecido para ello.

Este viernes, en cambio, Boye ha explicado a través de redes sociales que finalmente se ha decantado por solicitar medidas cautelares, “que no cautelarísimas”, “una vez comprobado que no existe voluntad por parte del juez Llarena de garantizar los derechos de los eurodiputados Puigdemont, [Toni] Comín y [Clara] Ponsatí”, los dos exconsejeros de la Generalitat residentes en Bélgica y a los que España persigue desde 2017.

“Esta petición, por su proceso de tramitación y duración, no afecta a la vista señalada para el próximo lunes ante los tribunales italianos toda vez que debería darse traslado de la misma tanto al Parlamento Europeo como al Reino de España para que se pronuncien al respecto”, ha añadido Boye. “En la anterior ocasión en que solicitamos tales medidas, el Reino de España indicó que no existía riesgo de detención”.

El movimiento defensivo de Puigdemont persigue que la justicia europea recupere la inmunidad provisional que el mismo tribunal le arrebató en un auto del 30 de julio, una resolución que se encuentra en el centro del conflicto jurídico al que se tendrá que enfrentar la justicia italiana. En ella, el TGUE argumentó, tras consultar con las autoridades judiciales españolas, que Puigdemont no corría riesgo de ser extraditado: “Nada permite suponer que las autoridades judiciales belgas o las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas emitidas contra los demandantes y puedan entregarlos a las autoridades españolas”, afirma el escrito, tras argumentar que desde España se ha asegurado que el procedimiento contra Puigdemont se encuentra en suspenso mientras el Tribunal de Justicia de la UE resuelve una cuestión prejudicial planteada por el magistrado Llarena.

Pero el mismo auto dejaba la puerta abierta a solicitar de nuevo estas medidas provisionales “en caso de detención de los demandantes por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o de aplicación de un procedimiento de entrega a las autoridades españolas”, que es lo que ha acabado pasando.

En el escrito de este jueves, sin embargo, Llarena asegura que la euroorden contra el eurodiputado catalán sigue en vigor y reclama que si Puigdemont recupera la inmunidad adopte “las medidas que puedan entenderse precisas” para garantizar su entrega cuando vuelva a perder la protección como europarlamentario.