El diálogo aguanta la presión judicial

Sánchez y Junqueras conservan el acuerdo de fondo al margen de “accidentes”

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el actual presidente, Pere Aragonès, este sábado en Alguer.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el actual presidente, Pere Aragonès, este sábado en Alguer.Francesca Salaris (AP)

Han pasado tres largos años desde entonces. En septiembre de 2018, en una sesión de control en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, portavoz de ERC, dejó muy claro lo que tenía que hacer el Gobierno si quería su apoyo. “Inste a la fiscal general del Estado a retirar la acusación de rebelión para negociar los presupuestos”, emplazó al presidente.

Sánchez nunca lo hizo. Al PSOE le costó mucho convencer a ERC de que debía de dejar de condicionar la legislatura a lo que sucediera en el Tribunal Supremo. Cada decisión del tribunal o de la fiscalía generaba enormes tensiones. Cada vez que PSOE y ERC intentaban un acercamiento y consolidar un proceso de diálogo, una decisión judicial devolvía todo a la casilla de salida.

Tanto que en el PSOE, Unidas Podemos y ERC se instaló la idea de que la justicia, o al menos un sector conservador cercano al PP, estaba trabajando para debilitar al Gobierno. Esa convicción llegó al máximo cuando 48 horas antes del pleno de investidura de Pedro Sánchez, cuando ya estaba todo cerrado entre el PSOE y ERC después de una compleja negociación, la Junta Electoral Central, formada sobre todo por magistrados, decidió inhabilitar a Quim Torra en plenas vacaciones navideñas, el 4 de enero de 2020.

Ahí se fraguó un pacto de fondo que, con altibajos, aún sobrevive hoy, cuando el último “accidente”, como lo llaman en el Gobierno —la detención de Carles Puigdemont en la isla italiana de Cerdeña— ha reinstaurado la sensación de que se podía volver a la casilla de salida. El acuerdo entre los grupos liderados por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras es sencillo: el diálogo y la negociación no se puede parar por causas ajenas a los negociadores. Y las decisiones judiciales y de la fiscalía lo son, explican fuentes del Ejecutivo y de ERC.

Una frase de Junqueras el pasado viernes, un día clave en el que decidió salir en varios medios de comunicación para trasladar la idea de que el diálogo no se detiene, llamó mucho la atención en el Gobierno, porque confirmó los mensajes que les trasladan de forma discreta desde ERC. “Hay poderes del Estado que trabajan con ahínco para intentar dinamitar cualquier posibilidad de acuerdo. Yo no rompería en ningún caso ninguna mesa de negociación. Romper la negociación no nos ayuda nada y lo empeora todo”.

Esta idea resume lo que ERC le está diciendo al Gobierno en privado: pase lo que pase en el frente judicial, e incluso en el político, con un sector del independentismo y a la vez la oposición del PP y Vox intentando dinamitar el diálogo, Junqueras, Pere Aragonés y la cúpula de ERC aguanta.

Y el Gobierno, a cambio, ha trasladado la idea de que hará todo lo que esté en su mano para facilitar el diálogo, como demostraron con los indultos a los condenados por el procés. “La política abandonó el campo y la justicia lo ocupó todo. Ahora toca que la política vaya ganando terreno”, resume un miembro del Gobierno.

En este momento el Ejecutivo tiene pendiente una decisión importante: recurrir o no el decreto de la Generalitat que permite avalar las fianzas millonarias impuestas por el Tribunal de Cuentas a los principales dirigentes independentistas. Este fue el último de los episodios de tensión que tampoco frenó el diálogo.

En casi todas las conversaciones políticas entre el Ejecutivo y ERC está presente el escenario judicial. Además de Puigdemont, que es el principal desafío, hay dirigentes importantes de este partido que tienen causas pendientes, y la secretaria general, Marta Rovira, sigue en Suiza huida de la justicia española.

Todas esas conversaciones llegan siempre al mismo punto: el Gobierno no controla ni siquiera a la fiscalía del Supremo, así que ERC debe dejar esas decisiones fuera del diálogo. En el proceso también ha habido malentendidos fuertes. Por ejemplo, el Gobierno creyó que era un gesto claro que la abogacía del Estado pasara de acusar de rebelión a sedición a los presos del procés, una decisión polémica que acabó con Edmundo Bal, hasta entonces encargado del caso, fuera de la abogacía del Estado y poco después en Ciudadanos. Pero ERC lo vio como una agresión, porque ellos querían que la abogacía solo acusara de malversación.

El problema fundamental para gestionar políticamente estas situaciones es que el Ejecutivo no tiene forma de prever las decisiones judiciales. “El problema que tiene el Gobierno es que no controla los tiempos de ese proceso”, admiten fuentes judiciales.

De hecho, es Puigdemont, que no quiere negociar con el Gobierno y con el que el Ejecutivo no tiene ninguna intermediación, quien domina las decisiones sobre su proceso. Es él quien ha decidido viajar a Italia, origen del problema, y quien puede también controlar su propio proceso. Incluso podría en algún momento presentarse o intentar que se le pueda juzgar solo por algunos delitos en España si hay una entrega limitada de algún país. Estas fuentes judiciales señalan que no es cierta la teoría de que la justicia revienta la negociación, porque por ejemplo el Supremo podría haber complicado mucho los indultos si hubiera planteado una cuestión de constitucionalidad, algo que no hizo. Lo previsible además es que el Supremo no tumbe esta medida de gracia. Aun así, desde el Ejecutivo y ERC lo ven de manera muy diferente, y están convencidos de que el escenario se complicará todavía más porque el proceso judicial tiene aún muchos frentes abiertos.

En cualquier caso en el Ejecutivo se nota cierto optimismo pese a las dificultades. Los ministros y dirigentes consultados están sorprendidos por la resistencia de ERC frente a la presión de Junts. Y ven al independentismo más duro cada vez más debilitado frente a la apuesta de ERC por el diálogo. La última muestra fue la decisión de cancelar la manifestación a favor de Puigdemont prevista para hoy, para “concentrar los esfuerzos en el próximo 1 de octubre”. El Ejecutivo está convencido de que este esfuerzo por el diálogo será premiado por la sociedad catalana, y pronto lo reflejarán las encuestas. De momento ya hay datos objetivos de sus efectos: los delitos de odio relacionados con ideología bajaron un 62% en Barcelona en 2020. El Ejecutivo y ERC aguantan así el pulso. El próximo paso serán los Presupuestos

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