El Gobierno y ERC blindan el diálogo tras la detención de Puigdemont

Después del sobresalto de la noche del jueves, el Gobierno y ERC, los dos aliados clave en el proceso de diálogo iniciado para buscar una salida al conflicto de Cataluña, respiraron este viernes algo más aliviados. Las primeras conversaciones discretas entre ambos y algunas declaraciones públicas de los líderes, tanto de Pere Aragonès como de Oriol Junqueras y del propio presidente Pedro Sánchez, dejan claro que el Gobierno y ERC intentan blindar el diálogo sobre el futuro de Cataluña y la negociación de los Presupuestos y aislarlos de la crisis desatada por la detención de Carles Puigdemont.

Tras los primeros contactos discretos, fuentes del Gobierno y de ERC coinciden en respaldar la apuesta por el acuerdo para dar estabilidad a la legislatura “¿Cuál es la alternativa?”, repiten en privado dirigentes de ERC y planteó el propio Junqueras en RAC1. Ninguno de los consultados, ni en el Ejecutivo ni en ERC, niega que la situación es muy delicada y esta última crisis por la detención de Puigdemont en Cerdeña complica aún más las cosas, pero la decisión de consolidar la legislatura y apostar por la mesa de diálogo es estratégica y no puede cambiar por más “accidentes” que haya en el camino, señalan. Eso sí, si finalmente el expresident fuera entregado a España y encarcelado, un escenario ahora poco probable tras su puesta en libertad, la situación se tornaría explosiva y difícil de predecir.

La mesa de diálogo no se cae, pero sí es posible que en las próximas semanas no tenga mucha actividad, hasta que se aclare el panorama. Pero lo más urgente ahora son los Presupuestos. PSOE y Unidas Podemos están en plena negociación entre ellos y en cuanto alcancen un acuerdo que será complejo irán a buscar a ERC, clave para esas cuentas. A finales de octubre llegará la primera gran decisión, la de las enmiendas a la totalidad. Ahí se verá si ERC sigue en la mayoría o se sale. Junts no apoyará, como el año pasado, pero ERC estaba dispuesta a negociar y sigue, de momento, en esa actitud. Junts presionará y la situación de Puigdemont en ese momento será clave para tomar esa decisión, pero los mensajes que traslada ERC ahora no van en la línea de la ruptura con el Gobierno. La Moncloa ha explicado a sus aliados que esta es una cuestión entre jueces, en la que ellos no pueden hacer nada. Lo que estaba en sus manos, que eran los indultos a los presos, se hizo en junio asumiendo el coste político.

La defensa por parte de Junqueras de la mesa de diálogo alivió a La Moncloa y confirmó en el Gobierno la impresión de que sus socios van en serio. Lo contrario habría sido una sorpresa después de que ERC siguiera adelante con la mesa después del desafío de Junts, que se quedó fuera tras pretender estar representado en la reunión por dos indultados del procés.

Aun así, nadie da nada por definitivo y, con varios dirigentes con procesos pendientes y otros fugados como Puigdemont, el frente judicial puede dar sorpresas como esta en cualquier momento. “Hay que vivir con ello”, resume un ministro, que advierte que otros procesos judiciales abiertos por el procés podrían encrespar el ambiente en los próximos meses. Sin ir más lejos, el Tribunal de Cuentas exige 5,4 millones a una treintena de ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat, entre ellos Puigdemont y Junqueras, por los gastos para promover el procés en el extranjero. El propio negociador de la mesa por parte de ERC, Roger Torrent, se sentó la semana pasada con los ministros pocas horas después de declarar como investigado por un delito de desobediencia. El Gobierno ha cerrado filas e incluso Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, trasladó el “respeto” a las decisiones judiciales aunque insistió en que el Ejecutivo ha apostado por “abandonar cuanto antes la vía de judicialización” y explorar soluciones políticas.

Tanto Sánchez como Aragonès hicieron declaraciones públicas en el sentido previsible, cada uno en su espacio, pero manteniendo los puentes en pie. Sánchez dijo que Puigdemont, que suma 1.426 días huido fuera de España, “tiene que comparecer y someterse a la justicia”. Pero enseguida defendió la mesa con ERC. “Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo. Hoy, si cabe, el diálogo es más necesario. Lo fue hace diez años, lo fue en 2017, lo es hoy y lo seguirá siendo en el futuro”, remató.

Mientras, Aragonès planteó una línea muy diferente a la de Sánchez sobre la justicia, y exigió la liberación inmediata de Puigdemont, así como la retirada de las euroórdenes. Arropado por todos sus consejeros, de ERC y de Junts, Aragonès leyó una declaración institucional en catalán y en inglés en la que calificó de “gravísima” la situación, al asegurar que la justicia española ha engañado a la europea. “Es un sistema judicial que solo busca venganza. La única solución pasa por la amnistía y la autodeterminación”, insistió.

Aragonès, que viajó este viernes por la noche a Cerdeña en solidaridad con Puigdemont, admitió que esta decisión judicial no ayuda al diálogo, pero no dio ni mucho menos por acabada la mesa, al contrario que el expresident Quim Torra, que aprovechó para denunciar el sinsentido de la continuidad de la mesa. Ningún otro dirigente de Junts dio por acabado el diálogo, aunque mostraron su escepticismo. Aragonès se reafirmó “en la defensa de la amnistía y la autodeterminación”, mientras que Oriol Junqueras era mucho más rotundo en su defensa de la mesa, en línea con las conversaciones discretas entre los dos gobiernos en las últimas horas. “Todo pone en peligro la mesa de diálogo. Pero hay que hacer un esfuerzo para no ponerla en peligro. Hay sectores del Estado que quieren reventarlo todo”, aseguró el líder de ERC.

Mientras el Gobierno y ERC trataban de controlar las consecuencias de esta detención, PP y Ciudadanos se felicitaban y exigían a Sánchez que prometa que no vaya a indultar a Puigdemont como lo hizo con Junqueras después de casi cuatro años en prisión.

Casado pide que se entregue a Puigdemont

El líder del PP, Pablo Casado, pidió al presidente del Gobierno “que se comprometa a hacer todo lo posible para que Puigdemont sea extraditado a España y se ponga a disposición judicial del Supremo. Y que si el Supremo, libremente, lo condena, se comprometa a cumplir con la sentencia y a no indultarlo para recibir los votos de los independentistas para seguir en el poder”. El líder del PP instó al Gobierno a “movilizarse diplomáticamente” para apoyar a la justicia española en la extradición de Puigdemont.

Ciudadanos ha exigido al Gobierno que no rebaje las penas por sedición y que no indulte a Puigdemont si es juzgado y condenado en España. “Su detención es una buena noticia para los demócratas, pero estoy convencida de que Sánchez ahora mismo está deseando que a Puigdemont no le traigan [a España] porque a él se le complican las cosas”, aseguró su presidenta, Inés Arrimadas.

Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Aragón, Javier Lambán, también se mostraron muy satisfechos por la detención de Puigdemont, antes de saber que quedaba en libertad. “La misma ley que permitió que Puigdemont fuera presidente de la Generalitat, la misma ley y los mismos tribunales son los que están reclamándole que se siente ante la justicia española. Ojalá que sea en esta ocasión porque de esta manera vamos a poder pasar una página dolorosa. Es una página pendiente de la democracia española”, dijo García-Page.