Los socios del Gobierno exigen investigar hasta el final al rey emérito

Los escándalos en torno a la figura y algunas actuaciones del rey emérito han reabierto la brecha sobre la institución monárquica entre los dos socios de la coalición de Gobierno y con la mayoría de sus aliados habituales en el Parlamento. Unidas Podemos, Más País y hasta partidos de centroderecha como Ciudadanos han reclamado al Ejecutivo que “se investiguen hasta el final” las últimas informaciones aparecidas este mismo viernes. El PP aboga por la prudencia, aunque también demanda aclaraciones. Podemos y otras formaciones han aprovechado estas revelaciones para rescatar la propuesta ya rechazada 10 veces para que se abra una comisión de investigación sobre sus actuaciones económicas en el Congreso.

EL PAÍS ha revelado que Hacienda indaga sobre los pagos desde La Zarzuela a Juan Carlos I desde que abdicó en 2014 y hasta 2018. El Mundo publica extractos de un informe del teniente fiscal del Tribunal Supremo en el que se sitúa al padre del actual monarca como “comisionista internacional”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha defendido con contundencia la “investigación hasta el final” en el caso de las presuntas actividades ilícitas del rey emérito, sobre las que ha reconocido que le hubiera gustado no tener que conocerlas porque no se hubieran producido. En una rueda de prensa ofrecida en Vitoria tras asistir al Foro Grandes Empresas Alavesas, Díaz ha asegurado que una “democracia robusta” necesita que “de una vez por todas se esclarezca qué es lo que ha pasado”, tras ser preguntada por el hecho de que la Fiscalía del Tribunal Supremo mantenga que el rey emérito “cobró comisiones” por su intermediación en negocios empresariales internacionales. Díaz ha remachado sobre las informaciones publicadas en las últimas horas que en pleno siglo XXI “la transparencia y la igualdad” son factores claves.

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Yolanda Díaz: "Pedimos investigación hasta el final"

Desde el Gobierno ha trasladado su postura el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha reconocido que no le gustaba recibir este tipo de noticias y ha concedido que en una democracia como la española “todo debe ser investigado”. Marlaska estaba ofreciendo una rueda de prensa de balance de la campaña de verano de la Dirección General de Tráfico (DGT). El ministro, en cualquier caso, ha derivado el asunto a la investigación judicial: “Dejemos que la Fiscalía actúe y tome las medidas oportunas”. Y ha insistido en que ahora en un Estado de derecho como el español es la Fiscalía la que dirige la investigación y debe llegar “hasta el final para esclarecer los hechos”. Y concluyó: “Para que una democracia funcione, todos los poderes deben de funcionar de forma independiente y eficaz”.

Los dirigentes de Unidas Podemos que no están dentro del Gobierno fueron mucho más expeditivos en sus comentarios. El portavoz parlamentario, Pablo Echenique, se cuestionó sobre la noticia de EL PAÍS “¿por qué Hacienda y la fiscalía del Tribunal Supremo están investigando solamente los hechos presuntamente delictivos posteriores a la abdicación de Juan Carlos I en 2014?”. Y planteó si “¿significa eso que Hacienda y la fiscalía del Tribunal Supremo aceptan la interpretación jurídica según la cual la inviolabilidad y la irresponsabilidad del rey que figura en el artículo 56.3 de la Constitución Española se extienden más allá de sus funciones como jefe del Estado y le hacen inviolable e irresponsable respecto de cualquier delito que pudiera haber cometido en su vida privada?”.

Uno de los portavoces de Podemos, Pablo Fernández, tachó de “vergüenza” que PSOE, PP y Vox se “nieguen” a impulsar una comisión parlamentaria sobre las “presuntas corruptelas” del rey emérito, cuya situación es, en su opinión, “insostenible”. Y añadió: “Proteger así al emérito degrada la democracia parlamentaria”. El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, también utilizó las redes sociales para asegurar que “si la Monarquía no va a la democracia, que la democracia vaya a la Monarquía”, y se preguntó: “¿Qué más falta para que el PSOE y la derecha dejen de encubrir su corrupción?”. Desde la cuenta oficial de Podemos se ironizó sobre la función de Juan Carlos I como un “Rey pluriempleado” y se apostilló: “Lo que hace la precariedad laboral... Rey a tiempo completo y comisionista internacional en sus ratos libres. O más bien, al contrario. Y amparado por políticos y gran parte de la prensa. Una jefatura del Estado que es una vergüenza internacional para España”.

Otra portavoz nacional de Podemos, Isa Serra, abundó en la idea de que estos escándalos relacionados con Juan Carlos I “ya no sorprenden a nadie” y emplazó al Gobierno a facilitar que sea juzgado. “La novedad debe ser que deje de estar impune ante la justicia”, ha dicho Serra, para insistir en la necesidad de la comisión de investigación. Serra exigió así al Ejecutivo que dé “pasos adelante” precisamente a través de actuaciones de la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda para volver a transmitir a la ciudadanía que “la justicia no parece ser igual para todos”.

Desde otros partidos, como Más País o Compromís, habitualmente socios del Ejecutivo, también se cuestionaron las actuaciones del emérito y se insistió en la necesidad de indagar todo lo que sea necesario y montar la comisión de investigación. Íñigo Errejón, de Más País, solicitó que el Gobierno “tome cartas en el asunto” con “transparencia”, que no actúe como un gabinete del PP y que deje de vetar en la Mesa del Congreso la formación de esa comisión. Más País y Compromís volvieron a registrar la composición de esa comisión, pero tendrán de nuevo problemas para su montaje porque la mayoría de la Mesa, con PSOE, PP y Vox, se oponen.

Prudencia desde el PP

Desde el PP se optó por la prudencia. Lo hizo el alcalde de la capital y portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida, que pidió no hacer juicios de valor del rey emérito y esperar a que los tribunales se pronuncien definitivamente sobre sus actividades: “Tratándose de temas tan serios, no utilizo condicionales, espero a lo que digan las resoluciones judiciales”. Almeida reseñó que se pronunciaba así por “una cuestión de respeto y prudencia”. El regidor madrileño reiteró su “admiración” por “la obra política del rey emérito”, que permitió a España “pasar de una dictadura a una democracia en la cual él se despojó de los plenos poderes que recibió cuando fue investido rey”. Y consideró que eso “por mucho que suceda, nadie se lo podrá quitar”.

Desde las puertas del Congreso, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha mostrado a favor de que la Fiscalía investigue “hasta el final y que se sepa todo” sobre las presuntas actividades ilícitas del rey Juan Carlos, pero ha avisado a Podemos y los partidos independentistas “que no sueñen, porque esto no va a hacer caer a Felipe VI”. Arrimadas también valoró el papel histórico de Juan Carlos I en la Transición y por ese motivo destacó el malestar por algunos comportamientos posteriores de los que quiso desligar totalmente a su hijo, el actual rey, Felipe VI, cuyo mandato ensalzó “desde la ejemplaridad y la transparencia”.

El portavoz parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha criticado que el fiscal esté actuando de una manera “partidista” en las diligencias iniciadas al rey emérito y ha recordado que el fiscal al frente del caso depende de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, que está actuando “dentro de este proceso de derribo” de “todo lo que tenga que ver con la Corona”, que representa “la unidad de España”. La Fiscal General del Estado ha estado precisamente este viernes en La Zarzuela con el actual monarca, Felipe VI, para presentarle la memoria de su departamento. Espinosa reiteró la posición de Vox sobre que se está produciendo un ataque “desde las instituciones del Gobierno de España a la unidad de España”.