El Defensor del Pueblo insta al Gobierno a que permita viajar a España a la niña congoleña tutelada por un veterinario gaditano

El Defensor del Pueblo ha enviado sendas sugerencias a los ministerios de Asuntos Exteriores e Interior para que faciliten el viaje a España de Esther, una niña congoleña de nueve años tutelada por un veterinario español residente en la República Democrática del Congo. El veterinario, Luis Flores, que trabaja en un santuario de primates en el país africano, lleva desde junio batallando con las autoridades diplomáticas para poder llevar a la pequeña de vacaciones a Jerez de la Frontera (Cádiz).

En los correos electrónicos que Flores ha estado intercambiando con distintas embajadas, la respuesta siempre ha sido negativa. Primero le argumentaron que las restricciones sanitarias impedían la entrada en España de ciudadanos congoleses y, después, que necesitaba homologar en un juzgado español la tutela de la pequeña. Flores lleva dos años sin poder ir a España y quiere que tanto Esther como su mujer y el hijo de dos años que tienen en común conozcan a los hermanos del veterinario y a su padre, que con 89 años estuvo a punto de morir por covid. Sin el visado de Esther, se quedarían en tierra. “No pienso dejarla sola aquí, se le caería el mundo encima”, contó Flores a EL PAÍS la semana pasada, la primera vez que hizo pública su historia.

Tras analizar la queja de Flores, el defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, considera que en el caso de Esther están acreditados los motivos familiares imperativos así como los humanitarios, dos excepciones que establece la norma vigente que restringe la entrada desde determinados países debido a la pandemia. La institución, sin embargo, no entra en la exigencia de las autoridades españolas de validar la tutela de la niña en España. El procedimiento de homologación que le exigen a Flores, el llamado exequatur, sirve para validar sentencias extranjeras en España, como es el caso de la tutela, pero según se desprende de las sugerencias del Defensor no sería necesario para conceder un visado de corta duración para unas vacaciones.

Flores llegó a la República del Congo a finales de 2016, donde ejerce como veterinario jefe del Centro de Rehabilitación de Primates de Lwiro y donde lidera el programa de capacitación de futuros profesionales. Vivía solo, pero poco después de su mudanza se cruzó con Esther, una niña que entonces tenía cinco años y que residía con su madre en una chabola cercana a la casa del veterinario. La pequeña, que pasaba el día sola, mal alimentada y sucia, comenzó a visitar a Flores asiduamente. Comía y descansaba en su casa y al anochecer volvía a dormir con su madre, que sufre una enfermedad mental, en el suelo de su chabola. Un día, Esther apareció llorando y pidió quedarse a dormir e ir a la escuela y desde entonces se volvieron inseparables. La niña, según Flores, es ahora la primera de la clase, ha aprendido francés y chapurrea inglés y español.

El veterinario, que por entonces comenzaba a formar su propia familia con Oda, su mujer ruandesa, y su hijo Antonio, inició los trámites para tutelar a Esther en un país donde no están permitidas las adopciones. Buscó a la familia del padre fallecido de la niña, montó un consejo familiar que decidió por unanimidad que se hiciese cargo de la pequeña, la madre dio su beneplácito y un juzgado de menores local aprobó el trámite en enero de 2020.

Ya en enero de este año, Flores se dirigió a la Embajada española en Kinsasa, capital del país, para consultar qué tendría que hacer para homologar la tutela, pero, según él, nunca obtuvo respuesta. Fue solo en junio, cuando empezó a moverse para solicitar el visado, cuando se topó con todos los obstáculos que aún no ha logrado superar. Flores quiere salir de la región donde vive, Sud Kivu, por motivos familiares, pero también porque, según cuenta, está agotado psicológicamente. La zona lleva años experimentando una escalada de violencia y los informes de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, Acnur, da cuenta de las violaciones de derechos humanos derivadas de los conflictos entre diferentes grupos armados y el propio ejército. “El Defensor está teniendo en cuenta sencillamente el lugar y la situación en la que vivimos y que solo estamos pidiendo un visado de corta duración”, celebra Flores.

Fuentes de Asuntos Exteriores explicaron a EL PAÍS la semana pasada cuando preguntó por el caso que “la legislación española es muy garantista en el caso de menores”. “Se ha procurado apoyar de todas las maneras la solicitud, pero debido a las restricciones de frontera derivadas de la pandemia y al no estar la tutela reconocida en España, no se puede autorizar la entrada”, añadieron. En Interior tampoco veían margen de maniobra. “Mientras no tenga el exequatur que reconozca la legalidad de esa tutela no puede entrar en España”, aseguraron fuentes del departamento. Esa homologación, un filtro para evitar adopciones fraudulentas o tráfico de niños, no es un trámite contemplado para la aprobación del visado, pero las autoridades españolas entienden que sin él Esther no tiene derecho a viajar como familiar de un ciudadano de la UE.

Desde que dio a conocer su caso en EL PAÍS, Flores ha contado su historia en varios medios locales y nacionales y ha iniciado una campaña de firmas en la plataforma change.org que ya cuenta con más de 42.000 apoyos.