Carmen Calvo, sobre el decreto de la Generalitat: “La legalidad no se negocia”

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó este jueves que el Ejecutivo está estudiando el decreto con el que la Generalitat de Cataluña ha creado un fondo de dinero público para avalar las fianzas de los encausados en el Tribunal de Cuentas por presunta malversación durante el procés. En ese decreto, dijo Calvo, “se ponen algunas cosas que son difíciles de entender”; por ejemplo, el texto establece que los encausados solo tendrían que devolver los avales si son condenados en firme y una vez agotadas todas las vías de impugnación, “estatales e internacionales”. “Este país, su vía judicial la cierra aquí, así de claro”, avisó Calvo, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.

La vicepresidenta ha subrayado que, si se detecta el menor viso de ilegalidad, el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional; y, a la pregunta de si está negociando con la Generalitat la letra pequeña, contestó: “El Gobierno la legalidad no la negocia, que le quede claro a todo el mundo. El Ministerio de Política Territorial está analizando este decreto en aquellas partes que puedan ser inaceptables en su constitucionalidad o su legalidad. Si no es aceptable, tendremos que recurrirlo”.

Ante la reanudación el próximo septiembre de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, el periodista preguntó a Calvo por la posibilidad de que de esa mesa salga una propuesta de algún tipo que sea sometida a referéndum en Cataluña. Calvo respondió: “El modelo de financiación de las comunidades autónomas es un objetivo importante, y ahí en ese modelo se vuelca también una idea territorial de España. En ese sentido, es verdad que cuando tomemos esas decisiones estamos proyectando una mirada nueva sobre la estructura territorial de nuestro país”.

La vicepresidenta, como también ha hecho el presidente Pedro Sánchez en otras ocasiones, ha repartido la culpa de lo sucedido en Cataluña en 2017 entre “el PP y los independentistas”; y explicó que Sánchez tomó la decisión de “hacer política” con este asunto y “no volver a los tribunales” mucho antes de los indultos: en concreto, durante los días y noches de graves disturbios en Cataluña tras la sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo en octubre de 2019. El presidente entendió entonces, según Calvo, que la situación en Cataluña corría el riesgo de volver al pasado “otra vez”.