La Generalitat defiende el aval de 10 millones para hacer política “en libertad”

El Govern se empleó este miércoles a fondo durante la sesión de control en el Parlament para justificar la puesta en marcha del fondo que busca avalar la responsabilidad patrimonial de casos derivados de decisiones de servidores públicos y que ampararía a los 34 ex altos cargos investigados por el Tribunal de Cuentas. La medida, según el consejero de Economía, Jaume Giró, busca “restablecer un espacio de libertad” y poder hacer política “sin miedo a que te embarguen”. El president Pere Aragonès, por su parte, defendió que pese a la aprobación de un fondo de 10 millones de euros, la cobertura de los funcionarios catalanes es menor a la de otras comunidades, si bien no detalló en qué consistía el supuesto agravio.

“Los trabajadores públicos no tienen que tener miedo a hacer su trabajo bien hecho, de acuerdo a lo que permite la ley y con un programa de Gobierno”, defendió Aragonès. El tema del decreto ley, aprobado el pasado martes y aún pendiente de convalidación en el Parlament, fue sacado en la sesión de la Cámara por Cs, PP y Vox, que ya adelantaron que recurrirán la medida. Entienden que se malversa dinero dándole contraavales a los investigados para que una entidad bancaria avale la multa colectiva de 5,4 millones. “No hay desplazamiento patrimonial en ningún caso”, aseguraron tanto Giró como Aragonès en sus intervenciones.

El president recordó que es una obligación de la Administración proteger a los altos cargos y trabajadores públicos en sus actuaciones y que ello está contenido en diversas normas tanto catalanas como estatales. Efectivamente, la Generalitat tenía un problema de cobertura después de la decisión de varias empresas de poner pegas a las pólizas en pleno órdago secesionista.

Dos semanas después de la celebración del referéndum ilegal del 1-O, en 2017, varias empresas aseguradoras como Zurich o Fiatc dieron un paso atrás. En octubre de ese mismo año, SegurCaixa Adeslas se negó a asumir los 5,2 millones de euros de fianza que se pidieron a miembros del Govern de Artur Mas por la organización de la consulta del 9-N, argumentando que dentro de la cobertura no figuraba cubrir “casos derivados de actos delictivos”. La caja de solidaridad creada por las entidades independentistas fue la que hizo frente a la multa que pedía también el Tribunal de Cuentas. Quedaban varios casos en el aire, como por ejemplo el del contencioso sobre las obras de arte religioso de Sijena, en las cuales la justicia ha obligado a los exconsejeros de Cultura Santi Vila y Lluis Puig a avalar posibles multas con su patrimonio personal.

“Se ha hecho una solución que es de emergencia, pero que es de cobertura general para evitar que las personas perseguidas tengan que responder con su patrimonio particular a unas fianzas que son indecentes”, defendió Aragonès, que de todas maneras cree que la “respuesta adecuada” sería la aprobación de una amnistía a los “perseguidos por la causa general contra el independentismo”.

El presidente catalán, sin embargo, alegó que la “solución de emergencia”, además de las pólizas vigentes, ofrece menos garantías en responsabilidad contable de la que tienen trabajadores públicos de otras Administraciones. Según Aragonès, Galicia, Castilla León, Andalucía o hasta el propio Gobierno central ofrecen más cobertura, aunque no entró en detalles. El jefe del Govern dejó entrever que, a diferencia de esos territorios, con la fórmula del fondo “no se asume directamente la responsabilidad contable, se garantiza un aval” bancario.