Examinar sin titubeos

El mecanismo adoptado por la Generalitat para apoyar a ex altos cargos perseguidos por el Tribunal de Cuentas por una presunta malversación de fondos en la promoción exterior del proyecto independentista suscita importantes recelos. De entrada, en una evaluación de carácter político, resulta censurable la acción del Ejecutivo de todos los ciudadanos catalanes en defensa de 34 exdirigentes independentistas a los que se reclaman 5,4 millones de euros. Se trata del uso cuando menos cuestionable de una institución pública para defender un interés de parte, algo recurrente en la historia del procés. A partir de esa consideración, una serie de elementos enturbian aún más el cuadro. De entrada, porque pese a las declaraciones del Govern, no parece que la ingeniería financiera de avales y contravales ideada permita descartar el riesgo de pérdida de dinero de los contribuyentes —por ejemplo, en el caso de eventual insolvencia de un condenado en firme—. Después, por la extrema opacidad que envuelve toda la operación —como muestra la reticencia a revelar la entidad bancaria que se hará cargo de poner los avales en primera instancia con el contraval de la Generalitat—. Además, por la distorsión que la maniobra implica para el Institut Català de Finances (un organismo de la propia Generalitat), cuyo objetivo estatutario de vitalizar la economía encaja muy poco con un papel en el esquema montado.

Más allá de la valoración política, resulta naturalmente fundamental dilucidar los aspectos legales. La cuestión es sin duda compleja. Las autoridades competentes deben actuar examinándola con rigor. En ese sentido, el Gobierno tiene la responsabilidad especial de proceder a ese estudio a través de las competencias y recursos humanos de los que dispone, y el deber de hacerlo sin titubeo ninguno y al margen de conveniencias políticas. El diálogo sobre la cuestión catalana es bienvenido; pero nada que no se ajuste estrictamente a la ley es aceptable. Si un rigoroso estudio técnico del mecanismo de la Generalitat arrojara dudas sobre el encaje legal del mismo, sería un grave error político no impugnarlo. La opacidad de la operación no ayuda: al contrario, refuerza las dudas.

En un contexto tan complejo como el de la cuestión catalana, no facilitan las cosas ciertas circunstancias que rodean al Tribunal de Cuentas, institución que encarna un importante mandato constitucional y tiene pleno encaje en el marco democrático. Ello no empece que, igual que para otras instituciones, puedan observarse aspectos mejorables. En esta, los hay manifiestos, desde la necesidad de revisar la fuerte marca política de sus nombramientos; de evitar el riesgo de conflictos de interés; de afinar procedimientos que garanticen la robustez del derecho de defensa, impidiendo por ejemplo que los abogados deban estudiar en solo tres horas 500 páginas del expediente, y además formular sus alegaciones. Estas observaciones, sin embargo, no justifican ningún cuestionamiento a priori de la acción de la institución. Y, en cualquier caso, conviene no olvidar que el aspecto central de toda la cuestión es el abuso de las instituciones que practicó el liderazgo independentista. Sin ello, no estaríamos aquí.