España rechaza el informe del Consejo de Europa sobre el ‘procés’

El Gobierno español rechaza la resolución sobre el procés que este lunes debatirá y probablemente aprobará la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, en la que están representados 47 países. Aunque el informe ha sido considerablemente suavizado y se han eliminado términos como “amnistía” o “exiliados” que figuraban en su redacción original, el Ejecutivo considera “inadmisibles” algunas de sus recomendaciones, como la de retirar las demandas de extradición contra Carles Puigdemont y los demás fugitivos del 1-O; o archivar los casos abiertos contra otros investigados por el referéndum independentista.

Para el socialista Antonio Gutiérrez Limones, vicepresidente de la asamblea, estas recomendaciones vulneran el principio de separación de poderes y la independencia de los tribunales, pues solo los jueces pueden retirar demandas de extradición o archivar causas pendientes.

Menos pegas pone el PSOE a la recomendación de perdonar o liberar por otros medios a los políticos catalanes presos; y a la de reformar el delito de sedición para evitar “penas desproporcionadas por vulneraciones no violentas”, pues el Gobierno ya ha anunciado pasos en ambas direcciones.

Para el Ministerio de Asuntos Exteriores, el informe, del que ha sido ponente el socialista letón Boriss Cilevics, que protagonizó una polémica visita a Cataluña en febrero de 2020, en la que acudió a la prisión de Lledoners, “parte de un planteamiento erróneo: la presunción de que los líderes políticos independentistas fueron procesados por expresar sus ideas en el ejercicio de su mandato. Ese prejuicio contamina todo el texto, se refleja en la resolución y en las recomendaciones y merece un reproche general”.

Lo más llamativo es que el informe del Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la asamblea, titulado ¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?, mete en el mismo saco la situación de los políticos de la minoría kurda en Turquía, perseguidos por reclamar la autonomía para la región o por criticar la actuación de las fuerzas de seguridad kurdas, con la condena a los líderes del procés por un delito de sedición, pretendiendo equiparar ambas situaciones.

El Gobierno ha realizado múltiples gestiones para suavizar un texto que ya desde el principio reconocía que “España es una democracia vibrante, donde impera una cultura de debate público abierto y libre y donde la mera expresión de ideas independentistas no es causa suficiente para una persecución legal”, pero a continuación añadía que “algunos veteranos políticos catalanes han sido perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de sus cargos en apoyo al referéndum inconstitucional de independencia de Cataluña o llamando a la participación en las protestas masivas que lo rodearon”. El texto corregido matiza ahora que han sido condenados “por sedición y otros delitos, entre otras cosas por declaraciones hechas en el ejercicio de sus cargos políticos”, en apoyo a un referéndum declarado inconstitucional por el tribunal español. Y añade que “la Asamblea [del Consejo de Europa] respeta totalmente el orden constitucional de España”.

El informe recuerda que el delito de referéndum ilegal fue derogado en España en 2005 y considera “indiscutible que ninguno de los políticos llamó a la violencia”, por lo que se felicita del “intenso debate abierto” en círculos políticos y jurídicos españoles sobre el alcance de los delitos de sedición y rebelión, en referencia a la reforma del Código Penal anunciada por el Gobierno.

Del texto han desaparecido expresiones como que la justicia española ha perseguido “implacablemente” a los nuevos líderes catalanes, que hay políticos “viviendo en el exilio” o que se ha considerado concederles una “amnistía” condicionada al arrepentimiento de sus convicciones políticas. En su lugar, se ha incluido una frase expresando respeto a los tribunales españoles para resolver casos pendientes, aunque con la posibilidad de recurrir sus decisiones a la Corte Europea de Derechos Humanos.

Finalmente, el texto insta a las autoridades españolas a “iniciar un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas de Cataluña, incluidas las opuestas a la independencia […] sin recurrir al Código Penal, pero [y esto es un añadido de última hora] con total respeto al orden constitucional de España”.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente denunciaron el pasado viernes que este informe “pone en entredicho”, a su juicio, la independencia de los tribunales españoles y lesiona el prestigio de su poder judicial.

Antes de que este lunes por la tarde el pleno debata la propuesta, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, que encargó el informe hace más de dos años, deberá decidir si acepta dos enmiendas de la Comisión de Igualdad de la misma asamblea, una de las cuales señala que todas estas recomendaciones deben aplicarse de acuerdo a los principios del Estado de derecho y la igualdad de todos los ciudadanos.