La Abogacía del Estado pide 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola y excluye a su padre de la acusación

La Abogacía del Estado ha solicitado este martes una pena de 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol, en la causa por delitos fiscales derivados de la gestión de su patrimonio. Además, para la exesposa de aquel, Mercé Gironés, ha reclamado 17 años y medio, y para su hermano Josep la pena de cuatro años de prisión. Los delitos que les imputa son los de falsificación en documento mercantil, contra la Hacienda, blanqueo de capitales y frustración a la ejecución. Los servicios jurídicos dependientes del Gobierno no proponen pena alguna para Jordi Pujol i Soley, presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, pese a que la Fiscalía pide nueve años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo. Ni para sus otros cinco hijos. Esto se debe a que esta acusación se limita a la comisión de delitos por los que se haya ocasionado un perjuicio a la Hacienda Pública.

En su escrito, la abogada del Estado Rosa María Seoane afirma que “los miembros de la familia Pujol allegaron grandes cantidades de dinero prevaliéndose del cargo que Jordi Pujol i Soley ostentó como Presidente de la Generalitat de Cataluña (1980-2003)” y que la familia mantuvo oculto ese dinero a la Hacienda Pública. Además, considera que Jordi Pujol Ferrusola ostentaba “la dirección operativa de la captación y distribución de los fondos”. El primogénito del clan realizaba, según el escrito, continuos ingresos en efectivo en las cuentas de la familia en bancos de Andorra, repartos de dinero entre las cuentas andorranas de la familia vía transferencia o mediante ingresos en efectivo e ingresos en metálico directos en cuentas de terceros. Además, considera que se dieron también “actuaciones transnacionales”, dirigidas a garantizar la máxima opacidad del dinero y que se produjo un “uso sistemático de mecanismos ilícitos de compensación internacional”.

Según el escrito, en una primera etapa, la familia tenía el capital ilícitamente obtenido escondido en distintos productos bancarios y cuentas abiertas en otras entidades en distintos países, Andorra entre ellos. Posteriormente, toda la familia procedió a abrir simultánea y sincronizadamente cuentas en Andorra “para ir distribuyendo el patrimonio obtenido ilícitamente”. En un momento posterior, varios de ellos, otra vez organizadamente, adquirieron sendas estructuras societarias absolutamente opacas a las que transfirieron sus capitales con la finalidad “declarada y admitida” de ocultarlos a la Hacienda. Finalmente, en 2014, cerraron estas estructuras fiduciarias.

Algunos, indica la Abogacía del Estado, regularizaron su situación tributaria con la amnistía fiscal, incluido Jordi Pujol Ferrusola, aunque “de forma incompleta e inexacta”, al tiempo que continuó, incluso con la investigación judicial en marcha, la estrategia de ocultar sus fondos, escondiéndolos esta vez en México. La Abogacía llama la atención sobre el papel desempeñado por Mercé Gironés como titular nominal de las “sociedades meramente instrumentales, carentes de medios personales ni materiales suficientes ni adecuados para prestar ningún servicio”, que se usó para ocultar este dinero al fisco español.

Además de las penas de cárcel, los servicios jurídicos dependientes del Gobierno reclaman a Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés la cantidad de 7.768.127 euros en concepto de responsabilidad civil por los delitos contra la Hacienda Pública correspondientes al pago del IRPF de los ejercicios de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012.

El informe de la Abogacía del Estado se conoce un mes después del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, en el que sí se solicitaban penas de cárcel para todos los miembros del clan de los Pujol excepto para la matriarca, Marta Ferrusola. En concreto, pedía 9 años de cárcel para el expresident y hasta 29 para su primogénito, y, añadía el delito de asociación ilícita. Para el resto del clan las penas solicitadas van de los 17 años a los ocho. Además, en julio de 2020, el instructor de la Audiencia Nacional propuso juzgar a toda la familia por formar presuntamente una organización criminal para acumular un patrimonio desmedido aprovechándose de su posición privilegiada.