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Hacienda documenta en Púnica un amaño de 10 millones con la obra de un centro deportivo y de ocio

La Fiscalía remite el informe al juez que lleva la investigación en la Audiencia Nacional

J. J. Gálvez
Caso Punica
David Marjaliza, uno de los empresarios imputados en en el 'caso Púnica', a su llegada a la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo.© CARLOS ROSILLO

Los avances del caso Púnica han permitido documentar cómo la trama perpetró un presunto amaño de 10 millones de euros con la construcción de unas instalaciones deportivas, comerciales y de ocio en Valdemoro (Madrid), epicentro de la supuesta red de corrupción que anidó durante más de una década en la Comunidad de Madrid de la mano de Francisco Granados, ex secretario general del PP autonómico. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha elaborado un nuevo informe, fechado el pasado 5 de abril y al que tuvo acceso EL PAÍS, donde detalla que el Ayuntamiento de dicha localidad cedió una parcela de 17.000 metros cuadrados a una empresa del constructor David Marjaliza para que levantara un complejo de 15 millones de euros. Pero la obra apenas tuvo un coste real de cinco millones.

Este reciente análisis de la IGAE, organismo dependiente de Hacienda que concluye que “no se realizó la obra en la cuantía prevista en el contrato de concesión”, ya se encuentra sobre la mesa de Manuel García-Castellón, juez instructor de la Audiencia Nacional, que mantiene abiertas dos líneas de investigación en Púnica —bautizadas como Piezas número 4 y 5— sobre todas las irregularidades urbanísticas que se han detectado en los municipios de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, entre otros.

El pasado 18 de mayo, las fiscales Anticorrupción del caso, María Teresa Gálvez y Carmen García, pidieron que el informe de la Intervención del Estado se incorporase a la instrucción. Con este documento como base, donde se incluyen informes municipales y el certificado final de obra, el ministerio público describe la maniobra urdida para esquilmar las arcas locales. El Ayuntamiento de Valdemoro adjudicó en 2011 el proyecto a la compañía Open Sport Life Center, que debía levantar unas instalaciones con un coste de 11 millones (que se elevaba hasta los 15,5 millones al incluir el IVA y otros gastos). Y, a cambio, podría explotar el área durante 75 años pagando solo un canon anual de 1.770 euros. La compañía subcontrató entonces las obras con la Constructora San José para un proyecto de solo 5,8 millones.

Extracto del estudio de viabilidad económica donde se plasmó el coste que debía tener la obra, según recoge el informe de la IGAE.
Extracto del estudio de viabilidad económica donde se plasmó el coste que debía tener la obra, según recoge el informe de la IGAE.

Para la IGAE está muy claro quién resultó perjudicado: “El incumplimiento contractual de Open Sport Life Center ha producido al Ayuntamiento un perjuicio económico de 9.759.305,42 euros, que resulta de la diferencia entre la obra que debía realizar según el contrato (15.571.621,49 euros) y la que efectivamente realizó (5.812.316,07 euros)”, concluye en el informe de 11 páginas. Según los investigadores, detrás de la compañía señalada se encontraba Marjaliza, uno de los principales imputados por la trama y que colabora con la justicia desde el verano de 2015.

Certificado final de la obra ejecutada por Constructora San José, según consta en el informe de la IGAE.
Certificado final de la obra ejecutada por Constructora San José, según consta en el informe de la IGAE.
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El expediente de esta obra bajo sospecha se inició cuando José Miguel Moreno (PP) ostentaba el puesto de alcalde. El popular, que se encuentra imputado, había ocupado el puesto de edil de Urbanismo hasta 2003, cuando asumió el bastón de mando tras la salida de Granados del Ayuntamiento rumbo al Gobierno regional de Esperanza Aguirre. La lideresa del partido conservador lo eligió como consejero de Transportes e Infraestructuras.

Valdemoro es el epicentro de la presunta red de corrupción tejida por los populares en la Comunidad de Madrid. El ministerio público considera que esta trama operó, al menos, desde 1999 hasta mediados de la década pasada. Y durante todo ese tiempo, entre otras ilegalidades, acometieron en esta localidad madrileña un “expolio con pocos precedentes”, según la Fiscalía Anticorrupción. En una de sus confesiones, Marjaliza admitió pagos de 400.000 euros en comisiones al alcalde José Miguel Moreno, que también fue diputado en la Asamblea regional.

“[Moreno] es amigo mío. Tenemos una buena relación”, detalló el constructor, que explicó en la Audiencia Nacional cómo abonaba las mordidas en efectivo durante comidas y cenas, siempre después de las adjudicaciones. “Yo siempre apretaba un poquito [con las comisiones] para pagar lo mínimo”, apuntó Marjaliza en su declaración, durante la que llega a decir: “Si usted quiere una vivienda protegida en la Comunidad de Madrid o paga o no tiene”.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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