La justicia europea devuelve temporalmente a Puigdemont la inmunidad como eurodiputado

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha devuelto este miércoles provisionalmente la inmunidad, de la que gozaban como eurodiputados, al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí. Recuperan así momentáneamente la protección que les fue retirada por sus colegas del Parlamento Europeo el 9 de marzo de este año, tras la votación que permitió reactivar los procesos de extradición contra los tres eurodiputados residentes en Bélgica y reclamados por la justicia española desde su huida de Cataluña en 2017. La resolución les dará la posibilidad de viajar como eurodiputados a la sede de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) sin riesgo de ser detenidos.

El auto, que ha adoptado el vicepresidente del Tribunal General, llega como consecuencia del recurso de anulación presentado por los políticos catalanes ante la justicia europea contra las decisiones adoptadas en el Parlamento Europeo. En el recurso, interpuesto el 19 de mayo, aducen que no se les ha garantizado la posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales como representantes de los ciudadanos de la Unión, y que se han vulnerado los derechos que les confieren varios artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según el comunicado emitido por el tribunal.

Acto seguido, el 26 de mayo de 2021, Puigdemont, Comín y Ponsatí presentaron una demanda de medidas provisionales (similar a las medidas cautelares) en la que reclamaron la suspensión del levantamiento de su inmunidad, “al considerar que hay un riesgo real e inminente de que puedan ser detenidos y encarcelados con arreglo a las decisiones del Parlamento, lo que les impediría representar a los ciudadanos de la Unión durante el resto de su mandato”, según el comunicado del TGUE.

Los tres eurodiputados, defendidos por el letrado Gonzalo Boye, han alegado ante el tribunal con sede en Luxemburgo que las decisiones de la Eurocámara permiten a cualquier Estado miembro y al Reino Unido ejecutar las órdenes de detención europeas emitidas contra ellos por el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del proceso independentista, Pablo Llarena. Cualquier autoridad judicial, añadieron, podría por lo tanto detenerlos o limitar su libertad de circulación y entregarlos a las autoridades españolas.

La decisión llega en un momento clave, a punto de que regrese el pleno del Parlamento Europeo a Estrasburgo la semana que viene. Debido a la pandemia, la Eurocámara echó el cierre a la sede francesa en marzo de 2020, y ha estado funcionando desde entonces únicamente en la sede de Bruselas. “Habida cuenta de que el Parlamento ha anunciado que reanudará sus sesiones en su sede de Estrasburgo (Francia) el 7 de junio de 2021, los diputados añaden que se verían expuestos al riesgo de ser detenidos si viajaran a Francia”, asegura el comunicado.

Los eurodiputados de Junts alegan que se les podría causar un perjuicio “grave e irreparable” y que “su probable detención o la limitación de su libertad de circulación vulneraría su derecho a desempeñar sus funciones de diputados europeos”.

El vicepresidente del Tribunal General ha ordenado que se suspenda la ejecución de las decisiones del Parlamento hasta que se adopte el auto que ponga fin al procedimiento de medidas provisionales, en el que, hasta la fecha, el Parlamento Europeo aún no ha presentado sus observaciones. Y devuelve, de forma momentánea, a los políticos catalanes al statu quo previo al levantamiento de su inmunidad por parte de la Eurocámara.

Puigdemont ha reaccionado con un escueto tuit que muestra una foto de él junto a Comín y Ponsatí, en gesto de triunfo, sobre las palabras: “No surrender” (”sin rendirse”, en inglés). “¡Una victoria más ante los tribunales europeos!”, ha añadido Comín en redes sociales. “Y no será la última”. El letrado que les representa, Gonzalo Boye, explica a través de un mensaje que la decisión es relevante porque indica que han presentado “un caso sólido”.

La batalla legal contra los políticos catalanes ha empezado a ramificarse de forma compleja. En principio, los tribunales belgas deberían haber comenzado a revisar la solicitud española de extradición después de la decisión del levantamiento de la inmunidad decretado por el Parlamento Europeo, pero el proceso quedó en suspenso cuando el magistrado Llarena elevó inmediatamente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A través de ella, el magistrado español busca obtener garantías después del revés asestado en enero de este año por parte de la justicia belga, que rechazó de forma definitiva extraditar al también exconsejero Lluís Puig, en una decisión que podría marcar un claro precedente en el proceso sobre las euroordenes contra Puigdemont, Comín y Ponsatí.