La justicia belga aleja la posibilidad de extraditar a Puigdemont a España

Lluís Puig, el exconsejero de Cultura de la Generalitat, huido en Bélgica desde hace tres años, dos meses y una semana, no será extraditado a España. La Fiscalía belga anunció ayer que no recurrirá la decisión de los tribunales de ese país de denegar su entrega a la justicia española. La decisión marcará presumiblemente lo que suceda en próximos episodios con el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y el también exconsejero Antoni Comín. Ambos siguen reclamados a Bélgica por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, por su papel en el proceso independentista de octubre de 2017.

La decisión sobre Puig, cuyo caso ha servido de avanzadilla del resto al no gozar de inmunidad como eurodiputado, es firme desde este viernes después de que la fiscalía belga rechazara recurrir en el plazo estipulado la decisión que emitió el jueves el Tribunal de Apelación de denegar la euroorden cursada por Llarena, siguiendo el ejemplo de lo que ya hizo un tribunal de primera instancia en agosto.

Según explicaba ayer la defensa del político catalán, la sentencia del Tribunal de Apelación reitera el argumento ya enunciado en primera instancia de que el Supremo español no es el órgano competente para juzgar el caso (y sí lo sería en cambio un tribunal del lugar de comisión de los hechos); y añadía, además, otro razonamiento que vuelve a dar alas al independentismo: la existencia del riesgo de vulneración del derecho a la presunción de inocencia en caso de ser extraditado a España, un argumento al que habrían llegado los jueces a través de la ingente documentación en forma de declaraciones públicas emitidas por políticos, jueces y fiscales españoles que aportó la defensa de Puig.

“Es prácticamente jaque mate”, espetó ayer Gonzalo Boye, uno de los abogados de los políticos independentistas. Boye no se refiere solo al caso de Puig, sino al de los otros dos reclamados, cuya senda jurídica aún se encuentra a salvo bajo el Parlamento Europeo. Puigdemont y Comín, tras presentarse a las elecciones europeas de mayo de 2019 y resultar elegidos, tomaron acta como eurodiputados en enero de 2020, lo cual suspendió la euroorden dictada contra ellos por Llarena y los dejó a salvo de ser llevados ante la justicia belga en el mismo paquete que Puig (la causa es la misma contra los tres reclamados por España).

Pero el Supremo español envió un suplicatorio a la Eurocámara solicitando que se les retirase la inmunidad. El pasado noviembre arrancó un procedimiento que se prolongaría otros dos meses. La segunda sesión, de las cuatro previstas, tendrá lugar el próximo jueves 14 de enero y en ella se escuchará la postura de Puigdemont, Comín y la también exconsejera y eurodiputada Clara Ponsatí, igualmente reclamada por España, pero cuya causa se sustanciaría en Escocia, donde se asentó tras escapar de Cataluña.

Recomendación

Una comisión del Parlamento Europeo habrá de decidir si levanta o no la inmunidad y emitirá una recomendación al Pleno de la Cámara, encargado de ratificarla o no. En este procedimiento las probabilidades no están del lado de los políticos independentistas: de los 60 casos de este tipo que el Parlamento Europeo sustanció en la última legislatura (2014-2019), los eurodiputados la levantaron en 55 ocasiones (más del 90%), según el recuento de este periódico.

Pero aquí es donde entra en juego la partida de ajedrez que según el letrado Boye roza el jaque mate: si el Parlamento decidiera levantarles la inmunidad, el caso de Puigdemont y Comín aterrizaría sobre la mesa de los mismos jueces que ya rechazaron la extradición de Lluis Puig el pasado agosto. Y si la fiscalía volviera a recurrir la previsible decisión de este (algo ahora menos probable, pues ya se ha inhibido) el asunto llegaría a los mismos jueces del Tribunal de Apelación que ya denegaron el jueves la extradición. “El resultado será el mismo”, esgrime Boye. “España ha perdido la batalla de nuestra extradición”, dijo ayer Puigdemont en un comunicado.

La decisión de la justicia belga sobre el exconsejero Lluís Puig podría tener consecuencias sobre el resto de los ya condenados por el procés: en caso de que decidieran recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (ahora mismo el caso encuentra en el Tribunal Constitucional español), ya podrían argumentar la existencia de un precedente en otro país de la Unión Europea: el de Puig.

Un abogado experto en euroórdenes califica de “barbaridad” los argumentos esgrimidos por la justicia belga para rechazar la extradición. “No puede cuestionarse la competencia del juez que emite la euroorden”, critica. “Si los jueces europeos hoy se dedican a valorar la competencia de otro país, estamos perdidos”, añade. Pero concede que, una vez tomada la decisión por parte de la justica belga, la capacidad de reacción desde el Supremo es ya “limitada”.