Detenidos cuatro trabajadores de la cárcel de Valdemoro acusados de introducir droga durante la pandemia

La Guardia Civil ha detenido este lunes a cuatro trabajadores del Centro Penitenciario de Madrid III, en la localidad de Valdemoro, acusados de introducir droga durante la pandemia, cuando las cárceles españolas fueron aisladas del exterior. Tras los arrestos, los agentes han registrado, con la ayuda de perros adiestrados en la detección de estupefaciente, las taquillas que los detenidos, tres hombres y una mujer, utilizaban en los vestuarios para el personal del penal, así como de dos celdas del módulo 7 de la cárcel, uno de los que alberga a presos conflictivos, según han informado a EL PAÍS fuentes cercanas a las pesquisas y han confirmado compañeros de los afectados. En una de las celdas se localizó, al menos, un teléfono móvil, objeto cuya tenencia y uso están prohibidos a los reclusos. Fuentes del instituto armado y de Instituciones Penitenciarias han declinado confirmar los detalles de la operación al haber decretado el secreto de las actuaciones el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valdemoro, a cargo del caso.

La investigación, que ha desembocado en las detenciones de este lunes, se inició en la primavera del año pasado, tras detectarse que en la prisión madrileña seguía circulando la droga pese a que el Ministerio del Interior había suprimido, tras decretarse el estado de alarma por el coronavirus, tanto las visitas a los presos de familiares y amigos (incluidos los encuentros con contacto físico o vis a vis) como los permisos de salida de los internos, consideradas las principales vías de entrada de estupefaciente dentro de las prisiones. Entonces, las medidas para minimizar el riesgo de expansión de la covid en las cárceles provocaron un descenso drástico del tráfico clandestino de drogas en su interior y el consiguiente incremento del precio de las mismas. Así, la bellota de hachís, que antes de la pandemia costaba una media de 100 euros, pasó a pagarse a 150 euros o más. Lo mismo ocurrió con el pollo (gramo) de cocaína, que de 60 euros subió hasta los 90 e, incluso, los 100 euros.

Esta carencia de droga, que en algunas cárceles provocó altercados y riñas entre presos, muchos de ellos con el síndrome de abstinencia, fue menor en el centro penitenciario de Valdemoro y disparó la sospecha de que el estupefaciente estaba entrando en este penal por otras vías. Las pesquisas han determinado ahora que una parte presuntamente era introducida por los cuatro funcionarios arrestados. Fuentes cercanas la investigación detallan que estos fueron detenidos en la mañana del lunes en sus domicilios cuando estaban fuera de servicio ―uno de ellos llevaba semanas de baja médica― y, a primera hora de la tarde, fueron trasladados hasta la prisión para que asistieran a los registros de sus taquillas. Los representantes sindicales de la prisión difundieron anoche entre sus afiliados una nota interna, a la que ha tenido acceso este periódico, en el que aseguraban haber sufrido durante el registro de los vestuarios “una de las peores humillaciones” y denunciaba que Instituciones Penitenciarias no hubiera impedido que caiga “la sombra de la duda” sobre la integridad de los trabajadores penitenciarios.

En los últimos años, las cifras de incautaciones de estupefacientes dentro de las cárceles se han incrementado a pesar de que el número de presos ha descendido de manera significativa: de 4.500 intervenciones de droga en 2012 se ha pasado a más de 5.100 en 2018 a pesar de que había 10.000 reclusos menos. En 2019, se intervinieron en prisión cerca de 3.500 psicotrópicos; 30 kilos de cannabis y 417 gramos de heroína, según una respuesta del Portal de Transparencia. En ese mismo periodo, 53 reclusos fallecieron por reacción adversa a las drogas.

Por ello, en diciembre de 2019, Instituciones Penitenciarias lanzó una campaña que buscaba sensibilizar a los visitantes del riesgo que para sus familiares presos suponen las drogas, además de las consecuencias penales que para ellos mismos tendrían si eran descubiertos intentando introducirla. Lo hizo tras constatar que uno de cada cinco reclusos fallecidos por sobredosis se acababa de comunicar con sus familiares o regresaba de un permiso. Significativamente, durante los primeros meses de restricciones en las cárceles por la crisis de coronavirus no se registró ningún fallecimiento por sobredosis, señalan fuentes penitenciarias.

La detención de los cuatro funcionarios es el tercer suceso de gravedad que se produce en la prisión de Valdemoro en los últimos dos años y medio. En febrero de 2019 fue detenido un trabajador penitenciario acusado de colaborar con una supuesta célula yihadista. El funcionario, que ha sido juzgado recientemente aunque aún no hay sentencia, fue acusado de entregar a internos radicalizados dispositivos móviles ―principalmente pendrives― con material yihadista a cambio de dinero. Más recientemente, en diciembre de 2020, se fugaron de la cárcel dos reclusos, Jonathan Moñiz, alias El Piojo, y su hermano Miguel Ángel, detenidos meses más tarde. La investigación de esta evasión también puso el foco en un trabajador de la prisión madrileña por supuesta complicidad.