Interior ha detenido desde diciembre a seis captadores yihadistas en las cárceles

El Ministerio del Interior ha detenido, en cuatro operaciones antiyihadistas desarrolladas en las cárceles desde diciembre, a seis presos que intentaban atraer a otros reclusos a postulados extremistas. El último, el pasado jueves, en el centro penitenciario de Murcia II. En este mismo periodo han sido arrestados otros dos presuntos islamistas que acababan de ser excarcelados. Instituciones Penitenciarias tiene bajo control a 223 presos que, o bien entraron en prisión por yihadismo o, tras hacerlo por delitos comunes, se han radicalizado.

A sus 31 años, I. S. no era un desconocido para la Policía Nacional cuando el jueves fue detenido en la prisión de Murcia II, en la localidad de Campos del Río, acusado de adoctrinar a otros reclusos en el ideario del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés). En noviembre de 2017 había sido arrestado, y desde entonces estaba en prisión, acusado de ser un “reportero” de la yihad, utilizado para distribuir en tiempo real propaganda del ISIS a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Entonces, captaba con estos contenidos a jóvenes en Ceuta, a los que facilitaba información para desplazarse a zonas de conflicto. Ahora, sin los medios informáticos que disponía cuando estaba en libertad, utilizaba su liderazgo en prisión para atraer a otros presos al islamismo radical.

Con su arresto, ya son cuatro las operaciones antiyihadistas desarrolladas desde diciembre en las cárceles españolas, con el resultado de seis internos y un antiguo recluso detenidos. Además, un quinto operativo concluyó con el arresto de un exinterno radicalizado en la cárcel que hacía labores de proselitismo. En diciembre de 2020, la Guardia Civil detuvo en la prisión de Las Palmas II a Yassine K., condenado por delitos comunes y que mostraba su intención de crear una célula para atentar cuando fuera excarcelado. El pasado 10 de marzo, los arrestados eran Mohamed F., de 40 años, en el Centro Penitenciario de Daroca (Zaragoza) y Mohamed A., de 43 años, y Karroubi B., de 62, en la prisión de Murcia II. Integraban presuntamente una célula que instigaba con amenazas a otros presos musulmanes a seguir los postulados del ISIS. Los tres cumplían condenas por delitos comunes.

Solo dos días después caía en Melilla un exrecluso que, durante su paso por la prisión de Morón (Sevilla), había difundido material yihadista. Su actividad se descubrió tras detectar los funcionarios que un familiar intentaba pasarle durante una visita una pequeña memoria informática con vídeos y cánticos del ISIS. El 26 de marzo era detenido en la cárcel de Córdoba Kamal Mohamed D., condenado por yihadismo a seis años de cárcel, y, un día después el expreso Mohamed A., quien había cumplido una pena de dos años y dos meses por enaltecimiento del terrorismo y que, cuando salió de prisión el año pasado, no pudo ser expulsado a su país de origen, Marruecos, por la pandemia. Ambos habían mantenido presuntamente su actividad yihadista tras coincidir, en 2018, en la cárcel de Botafuegos (Algeciras), donde aparecieron varias pintadas relacionadas con el Estado Islámico.

“Las cárceles son un caldo de cultivo yihadista. Por eso seguimos pendientes de los terroristas que entran en prisión, para evitar que sigan allí con su actividad”, señala uno de los agentes de la Policía Nacional que ha participado en la última detención. La Fiscalía también apunta en el mismo sentido. En su última memoria, constataba que “día a día proliferan las investigaciones de organizaciones o grupos terroristas yihadistas en el interior de las prisiones, lo cual denota la dificultad de la reinserción de los internos condenados por dichos delitos, así como su peligro como adoctrinadores”. Y concluía: “Los centros penitenciarios se han convertido en uno de los focos principales de captación, radicalización y adoctrinamiento”.

La fiscalía ponía como ejemplo el arresto, en febrero de 2019, de cinco presos en la cárcel de Valdemoro (Madrid) en la Operación Kafig. El cabecilla del grupo proponía a presos cometer atentados cuando salieran de la cárcel. Un año antes, la Guardia Civil había desmantelado en la Operación Escribano una red presente en 17 cárceles en la que participaban 26 reclusos musulmanes, entre ellos dos condenados por el 11-M.

El profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla Manuel R. Torres, integrante del Grupo de Estudios de Seguridad Internacional (GESI), coincide en que las cárceles son “un entorno caliente de radicalización desde hace años”. Sin embargo, Torres hace una lectura positiva de las recientes operaciones: “Demuestran que existe un control eficaz sobre lo que se mueve dentro de las cárceles. Esto no se produce, por ejemplo, en Francia, donde ni siquiera existe un censo de los presos radicalizados”.

En España, tras los atentados del 11 de marzo de 2004, Instituciones Penitenciarias puso su foco en estos presos y, años después, comenzó a aplicar un protocolo para detectar la radicalización. Este manual divide a los reclusos yihadistas en tres grupos. El primero, formado en la actualidad por 108 internos, lo conforman los condenados por terrorismo. El segundo está integrado por 41 que entraron en prisión por delitos comunes, pero han derivado a postulados religiosos de defensa de la violencia. El tercero engloba a los denominados “presos vulnerables” que, por su situación personal, corren el riesgo de ser captados. Interior incluye en este a 74 internos. “Estos 223 presos han sido dispersados por las cárceles para evitar que creen un frente común”, detalla un experto de Instituciones Penitenciarias en procesos de radicalización.