Detenido un recluso radicalizado en prisión que planeaba crear una célula yihadista al salir

La Guardia Civil detuvo el pasado jueves en el Centro Penitenciario de Las Palmas II a Yassine K., un recluso de 33 años y origen marroquí condenado por delitos comunes que presuntamente se había radicalizado en prisión y mostraba su intención de crear una célula yihadista para atentar cuando fuera excarcelado, según informó este viernes el Ministerio del Interior. La investigación ha revelado que el ahora detenido, que iba a ser expulsado a Marruecos cuando se reabrieran las fronteras tras haber cumplido gran parte de su condena en España, presuntamente había logrado contactar desde prisión con miembros del crimen organizado con el supuesto fin de conseguir armas de fuego. En el momento de su arresto, los agentes encontraron en su celda un arma blanca de fabricación casera —conocido en la jerga penitenciaria como “pincho”— de 14 centímetros, según detallan fuentes cercanas a la investigación.

Yassine llevaba tiempo en el radar de los expertos de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil, pero la investigación sobre sus actividades se intensificó a principios del año pasado, después de que los Grupos de Control y Seguimiento del centro penitenciario —integrados por funcionarios de prisiones especializados en la vigilancia de presos terroristas o considerados conflictivos— alertasen de la creciente radicalización del recluso. Encarcelado por un homicidio y un robo con violencia, Interior ya lo incluyó en 2015 en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) por su perfil violento. Con todo, su radicalización se había incrementado de manera significativa en los últimos años, hasta el punto de intentar atraer a los postulados violentos yihadistas a otros internos musulmanes para lo que se valía del ascendente que mostraba sobre ellos. La Guardia Civil sospecha que en la radicalización del ahora detenido pudo intervenir la red de presos yihadistas, entre la que se encontraban dos condenados por el 11-M, una trama desmantelada en octubre de 2018 en la Operación Escribano.

El detenido el pasado jueves mantenía presuntamente “relación estable” con miembros del crimen organizado, entre ellos algunos relacionados con el tráfico de armas, según detallan fuentes cercanas a la investigación. Con las comunicaciones intervenidas por su condición de FIES, las pesquisas han confirmado que Yassine utilizaba varias artimañas para comunicarse tanto con ellos como con otros yihadistas. Así, en los diferentes centros penitenciarios en los que ha estado recluido se le han intervenido teléfonos móviles, un objeto cuya posesión y uso están terminantemente prohibidos en prisión. También se ha comprobado que supuestamente usó a otros internos para hacer llegar mensajes escritos al exterior. Según ha revelado la investigación, simulaba que esos reclusos eran los remitentes o destinatarios de las misivas para, de este modo, burlar el control de su contenido al que los mensajes serían sometidos si figurase él.

Crear una célula terrorista

En algunas de estas comunicaciones, Yassine había apuntado su supuesta intención de crear una célula terrorista cuando llegase a Marruecos y volver a España utilizando las rutas de la inmigración irregular para atentar. La investigación ha incluido la toma de declaración como testigos de presos de otras cárceles con los que había coincidido el presunto yihadista, así como algunos ya excarcelados y que en los últimos años habían tenido relación con el presunto yihadista.

Fuentes de la lucha antiterrorista destacan el papel protagonista que, en sus últimas comunicaciones, el Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) otorga a los presos yihadistas en su estrategia y el riesgo que muchos de ellos suponen cuando son excarcelados. La Fiscalía de la Audiencia Nacional también lo señala en su última memoria anual: “Los centros penitenciarios se han convertido en uno de los focos principales de captación, radicalización y adoctrinamiento”.

De hecho, no es la primera vez que las Fuerzas de Seguridad desmantelan tramas yihadistas en prisión que tenían como objetivo perpetrar atentados cuando sus integrantes abandonasen la cárcel. En febrero de 2019, la Policía arrestó a Suleimán E. M., un interno islamista de la prisión de Valdemoro (Madrid) que supuestamente obligaba a presos musulmanes a cumplir con los preceptos del islam más rigorista y a ver vídeos radicales. Luego, elegía a presos concretos y les proponía cometer ataques en cuanto salieran de prisión. Para convencerlos, les ofrecían entre medio millón y un millón de euros para sus familias, la misma cifra que el ISIS entrega a los allegados de sus terroristas.

Interior lleva años sometiendo a control a los presos musulmanes más radicales, a los que clasifica en tres grupos. El primero, formado en la actualidad por 117 internos, lo conforman aquellos que tienen condenas por terrorismo. El segundo está integrado por 42 que, como Yassine, entraron en prisión por un delito común, pero han derivado a postulados religiosos radicales y de defensa de violencia, de la que hacen proselitismo. El tercer grupo engloba a los denominados “presos vulnerables”, internos que por su situación personal o social corren el riesgo de ser captados. Interior incluye en esta última clasificación a otros 75 presos.