Israel acusa a la cooperante española Juana Ruiz de pertenecer a una trama de financiación del terrorismo

La trabajadora humanitaria española Juana Ruiz Sánchez, de 62 años, seguirá aislada en la celda de una prisión próxima a Tel Aviv tras ser acusada este jueves ante un tribunal militar de pertenecer a una organización ilegal implicada en la financiación de un grupo terrorista. Mientras la cooperante escuchaba por primera vez los cargos después de ser detenida en la madrugada del 13 de abril en Cisjordania, el Gobierno israelí aseguraba haber desarticulado una trama que desviaba fondos de la cooperación europea.

Fuentes jurídicas y diplomáticas, que asistieron en la cárcel y tribunal de Ofer (en Cisjordania, a unos 20 kilómetros al norte de Jerusalén) a la comparecencia por vía telemática de la ciudadana española, precisaron que entre las cinco acusaciones presentadas contra ella no se mencionó expresamente el término terrorismo.

La abogada de la cooperante, la letrada israelí de origen mexicano Gabi Lasky, informó de que la mayoría de las acusaciones se referían a su pertenencia a la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud (CTS), que Israel tacha ahora de “ilegal”. Fuerzas militares irrumpieron en marzo en la sede central de esta organización sanitaria en Ramala, donde practicaron detenciones y se incautaron de archivos y registros informáticos.

Afincada en Palestina desde 1984, Juana Ruiz ha trabajado durante décadas en CTS, donde coordina la cooperación de asociaciones y entidades españolas en materia de salud en Cisjordania y la franja de Gaza. Está casada con un farmacéutico palestino y vive en Beit Sahur, en la provincia de Belén, donde fue arrestada en plena noche por una veintena de soldados.

Como residente en Palestina ha sido sometida a la jurisdicción militar israelí, que permite la detención para interrogatorios hasta 75 días sin necesidad de presentar cargos. Su abogada ha anunciado que en la comparecencia ante el juez castrense prevista para el lunes solicitará su salida de prisión, o que al menos pueda pasar a la situación de arresto domiciliario, durante el proceso.

Los investigadores del Shin Bet sostienen que la trabajadora humanitaria española —citada en la prensa hebrea como Juani Rashmawi, por su apellido de casada— participó en una red para “introducir ilegalmente fondos en los territorios palestinos” que fueron desviados hacia el FPLP “mediante fraude y engaño” a los donantes de países europeos.

Los observadores jurídicos y diplomáticos que han seguido de cerca su caso sostienen que no se han respetado las garantías procesales mínimas, y que Israel ha incumplido la Convención de Viena sobre asistencia consular, ya que su detención no fue comunicada desde el principio a las autoridades diplomáticas españolas.

Juana Ruiz ha permanecido aislada en una celda durante toda su detención sin poder salir al patio de la cárcel masculina de Hasharon (al norte de Tel Aviv) en la que se halla ingresada. Ha sido sometida a interrogatorios de hasta seis horas, y durante dos semanas solo recibió dos comidas al día, en lugar de las tres prescritas en el reglamento penitenciario israelí.

En una situación que las fuentes consultadas califican de “presión psicológica y psíquica”, solo ha podido recibir dos visitas de un funcionario consular español en tres semanas. También tardó 17 días en recibir los efectos personales que quería entregarle la familia. Mientras tanto, no se pudo cambiar con su ropa personal ni contar con sus gafas de lectura.

Aunque en la comparecencia judicial de este jueves presentaba mejor aspecto, de acuerdo con el testimonio de asistentes, la cooperante española, que debe tomar medicación por una enfermedad crónica, ha estado sumida en un estado depresivo a causa de su prolongada detención y permanente aislamiento. Ha tenido que firmar documentos en hebreo, una lengua que no conoce, sin la presencia de un intérprete, revelan fuentes diplomáticas.

Representantes de la cooperación europea con Palestina en Jerusalén temen que mediante la amplia operación del Shin Bet y el Ejército en la que ha sido detenida Juana Ruiz se esté intentando enviar una advertencia para “testigos molestos” extranjeros. Es la primera vez en tiempos recientes que una persona con ciudadanía exclusiva española recibe el inflexible trato que la justicia militar israelí aplica sistemáticamente desde hace 53 años a los residentes en los territorios ocupados palestinos.

Convocados seis embajadores europeos por la trama

El Ministerio de Exteriores de Israel difundió un informe del Shin Bet (servicio de inteligencia interior) sobre la financiación del Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP) desde ONG que reciben ayudas internacionales, como la de Juana Ruiz. El Ministerio israelí de Exteriores convocó este jueves a los embajadores de España, Reino Unido, Suecia, Bélgica, Países Bajos y la Unión Europea para pedirles la inmediata congelación de la transferencia de fondos a ONG que supuestamente los desvían con destino al FPLP, una organización que tanto Israle como la Unión consideran terrorista, y advertirles de la gravedad del asunto.

El Ministerio español de Exteriores respondió que “el compromiso [de España] en la lucha contra el terrorismo es firme y constante” y que la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID), que canaliza la ayuda humanitaria oficial, “ha reforzado los procedimientos de concesión de subvenciones de cooperación para evitar cualquier desviación”. Fuentes diplomáticas españolas añadieron: “En todo caso, estamos abiertos a examinar cualquier información que nuestros socios quieran compartir con nosotros”, en alusión al informe esgrimido por Israel.

Auditorías garantistas en la cooperación

En un comunicado difundido por la campaña de solidaridad con la cooperante española, 80 organizaciones españolas que trabajan en la cooperación con Palestina han denunciado que los cargos presentados contra Juana Ruiz y sus compañeros en la ONG Comité de Trabajo para la Salud son “inconcebibles”. “Negamos tajantemente que el dinero de la cooperación española se emplee en otra cosa que no sea proyectos sanitarios y humanitarios en Palestina”, reza el texto, que destaca la plena coordinación que ha existido durante 30 años con CTS. “La cooperación española es extremadamente garantista”, sostienen, y está sometida a sucesivas auditorías de control de gestión y presupuestarias. “Cualquier modificación debe ser inmediatamente comunicada y aprobada por la institución” donante de los fondos, precisa.

Según la información facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí –en la que no se hacen públicas pruebas concretas–, el Shin Bet destapó una trama para desviar fondos desde la cooperación europea, mediante “proyectos y documentos falsos, facturas infladas, y recibos bancarios con firmas falsificadas”, entre otras irregularidades, hacia el partido FPLP, al que considera que está estrechamente vinculada la ONG de la trabajadora humanitaria española.