Israel mantiene detenida sin cargos desde hace dos semanas a una trabajadora humanitaria española

El Shin Bet (servicio de inteligencia interior) israelí mantiene detenida sin cargos desde hace casi dos semanas a la ciudadana española Juana Ruiz Sánchez, de 60 años, que vive con su marido palestino cerca de Belén desde 1984. Como residente en Cisjordania se le ha aplicado la jurisdicción militar en vigor bajo la ocupación, que permite prolongar hasta 75 días el arresto de sospechosos para su interrogatorio. Trabaja desde hace tres décadas para una ONG palestina, donde coordina las ayudas de asociaciones humanitarias y entidades públicas españolas para programas de sanidad. El Consulado General de España en Jerusalén no fue informado oficialmente por las autoridades israelíes de su arresto, el primero de la trabajadora humanitaria después de 37 años en Oriente Próximo.

Este lunes está prevista su comparecencia en la prisión cisjordana de Ofer, 17 kilómetros al norte de Jerusalén, ante un tribunal militar que debe decidir sobre la eventual prolongación de su detención. Juana Ruiz se encuentra internada en el penal de Hasaron, 25 kilómetros al norte de Tel Aviv, y ha recibido finalmente asistencia consular después de que sus familiares informaran de su situación a los servicios diplomáticos españoles. A causa de los protocolos en vigor durante la pandemia, la nueva comparecencia judicial se llevará a cabo por vía telemática, aunque la detenida ha sido traslada en varias ocasionas a un centro de interrogatorios del Shin Bet en Ashkelon, 58 kilómetros al sur de Tel Aviv.

Fuentes diplomáticas conocedoras de su caso aseguran que Ruiz se encuentra en aparente buen estado, dentro de la prolongada detención, si bien no ha podido recibir los efectos personales que sus familiares quieren entregarle. Un médico la reconoció en prisión después de que alegara que necesitaba medicamentos para tratar una enfermedad. Su abogado, Ibrahim al Araj, ha declarado a la agencia Efe que ella está muy preocupada, ya que no entiende por qué se la retiene después de tres sesiones judiciales para prorrogar su arresto. “Juana no está bien; está sufriendo mucho y cada día [que comparece] en el tribunal llora sin parar”, ha asegurado el letrado.

La trabajadora humanitaria fue detenida por una veintena de soldados israelíes en la madrugada del pasado día 13 en su domicilio de Beit Sahur, en la provincia de Belén, donde convive con su marido, el palestino cristiano Elías Rismawi. Los dos hijos del matrimonio residen en España. La operación se produjo un mes después de que el Ejército irrumpiera en la sede central de Comités de Trabajo para la Salud, la ONG en la que trabaja la ciudadana española, en Ramala, sede administrativa de la Autoridad Palestina, según un comunicado de la campaña de solidaridad organizada en España para su liberación.

En la redada, en la que fueron decomisados archivos y equipos informáticos, fue detenido el jefe del departamento de contabilidad de la ONG, Taysir Abu Sharbak. “Estas circunstancias nos hacen sospechar que los responsables de las detenciones buscan demostrar algún tipo de delito vinculado con la financiación de los proyectos que realiza la organización y que pretenden involucrar a Juana Ruiz en esta acusación”, reza el comunicado. Los organizadores de la campaña reclaman al Gobierno español que “tome cartas en el asunto” y gestione la “inmediata liberación” de Ruiz, ya que temen que se le aplique el sistema de “detención administrativa”, que permite al Shin Bet prolongar indefinidamente la privación de libertad sin necesidad de presentar cargos.

Una portavoz de la familia en Palestina considera que el arresto de la trabajadora humanitaria española y el registro en la sede de la ONG en la que trabaja forman parte de una “estrategia de los servicios de seguridad israelí contra las organizaciones de la sociedad civil palestina”. Las detenciones y registros se producen en vísperas de las elecciones legislativas en Palestina del mes que viene, los primeros comicios que se convocan en 15 años.

Elecciones legislativas en Palestina

En medio del silencio oficial de los portavoces militares sobre la situación de la detenida y los cargos que se le imputan, medios israelíes han señalado que en la lista del partido izquierdista Frente Popular para la Liberación de Palestina —clasificado como grupo terrorista por Israel, EE UU y la UE tras la Segunda Intifada (2000-2005)—, figura como candidato Walid Hanatsha, detenido tras ser acusado de estar implicado en un atentado en el que murió una adolescente israelí en Cisjordania en 2019. Hanatsha había ocupado con anterioridad el puesto de director administrativo y financiero de los Comités de Trabajo para la Salud. Otro de los detenidos por el mismo atentado presentó una denuncia contra el Shin Bet por torturas durante su interrogatorio, que fue finalmente archivada por el fiscal general de Israel.

Los organizadores de la campaña para la liberación de Juana Ruiz descartan que pueda haber desviado fondos de su ONG, ya que ella no maneja las cuentas —habla árabe, pero lo escribe y lo lee con dificultad— y se dedica a coordinar programas de cooperación sanitaria con organizaciones españolas, que reciben fondos de donantes institucionales, y cuya ejecución es auditada en España. La portavoz de la familia en Palestina destaca además que las misiones con clínicas móviles de los Comités de Trabajo para la Salud destinadas a atender a la población sin cobertura sanitaria en el Área C de Cisjordania (un 60% del territorio ocupado, que se halla bajo control exclusivo de Israel) son vistas como una injerencia por los servicios de seguridad israelíes.

En un informe confidencial dirigido hace dos años a los responsables del Servicio Exterior de la UE en Bruselas, los embajadores de los países europeos ante la Autoridad Palestina abogaron por una reforma de la justicia militar israelí, a fin de “garantizar un proceso y juicio justos de acuerdo con el derecho internacional”, dada la “sistemática discriminación legal” que sufren los palestinos en Cisjordania después de más de medio siglo de ocupación. Mientras a los colonos judíos de los asentamientos se les aplica la normativa civil israelí, para los palestinos de Cisjordania rige la ley marcial. Como está comprobando ahora Juana Ruiz Sánchez.