Los peritos de Hacienda exculpan al PP de fraude fiscal por las donaciones ilegales

La sesión del juicio por la caja b del PP celebrada este jueves en la Audiencia Nacional se ha convertido en la más favorable para los intereses del partido desde el inicio de la vista. Durante cerca de tres horas, dos expertos de Hacienda y quien era en 2013 máxima responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, se han reafirmado en los informes que remitieron en su día al juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, en los que concluían que el partido conservador no cometió ninguna irregularidad fiscal al no declarar en el Impuesto de Sociedades las cantidades que en 2008, único año que no habría prescrito, recibió como donaciones de empresarios y que aparecen recogidas en los llamados papeles de Bárcenas.

Los expertos han insistido en que los destinos a los que supuestamente dedicó el PP esos fondos, entre los que se encontraban la supuesta entrega de sobresueldos a los dirigentes de la formación conservadora y el presunto pago con dinero b de las obras de remodelación de la sede en la calle Génova de Madrid, entraban dentro “los fines y objetos de los partidos” y, por tanto, estaban exentos de tributar dada la condición de entidad sin ánimo de lucro que la ley otorga a las formaciones políticas. Según las anotaciones contables del extesorero, aquel año el PP recibió 17 donaciones que sumaban más de un millón de euros. De ellas, tres superaban el máximo legal de los 100.000 euros.

En su escrito de acusación, el fiscal anticorrupción Antonio Romeral, que considera acreditada la existencia de una caja b que se nutría de donativos ilegales, no acusa por estos hechos a los administradores del partido. Para ello, el fiscal ha vuelto a hacer este jueves suya la conclusión más favorable para la formación recogida en el último informe que la Agencia Tributaria incorporó en la causa, y en el que se establecían dos supuestos. En el primero, que era el que había solicitado el juez Ruz, concluía que la cuota defraudada supuestamente por el PP al no declarar en 2008 el Impuesto de Sociedades y las donaciones recibidas ascendía a 220.167 euros y, por tanto, había delito fiscal.

Sin embargo, el autor de aquel documento —que este jueves no ha comparecido en el juicio al encontrarse enfermo— añadía una segunda posibilidad en la que consideraba que el partido podía haberse deducido los gastos abonados con esas donaciones irregulares si estos se incluían entre los fines que determina la ley como objeto social de los partidos. En este caso, la cantidad defraudada sería de tan solo 25.000 euros y, por tanto, no alcanzaría el mínimo para ser considerada delito.

Durante la vista, los dos peritos de Hacienda que han comparecido por videoconferencia, y que habían elaborado dos informes anteriores, han defendido esta última conclusión al insistir que las salidas de dinero reflejadas en las anotaciones contables de Bárcenas tenían como fin último el objeto social que recoge la ley para un partido político. Los expertos han señalado que el supuesto abono de sobresueldos a los dirigentes del partido “no violaba la normativa vigente” y que el pago de los gastos relacionados con la remodelación de la sede de la formación “es indiscutible que no pueden entenderse desvinculada del objeto del partido”.

En el mismo sentido se han manifestado sobre la salida de algunas cantidades que, tras ser fraccionadas para no superar el máximo legal de 60.000 euros recogido entonces por la ley para las donaciones, fueron ingresadas en una cuenta del partido y, por tanto, blanqueadas. Los expertos estiman que, al ser posteriormente declaradas al Tribunal de Cuentas, también fueron destinadas a los fines del partido. Sobre otras partidas menores reflejadas en los papeles de Bárcenas, como las entregas de dinero a organizaciones territoriales del PP o a destinatarios no identificados, los peritos han reconocido sus “dificultades” para concluir si podían quedar exentas de tributación.

Los momentos de mayor tensión de la jornada se han vivido cuando los abogados de las acusaciones han intentado desmontar los argumentos de los informes de Hacienda incorporados a la causa. El presidente del Tribunal, el magistrado José Antonio Mora, ha interrumpido en varias ocasiones a los letrados al considerar que las preguntas que planteaban a los expertos de la Agencia Tributaria eran “capciosas”. En la vista, también ha intervenido un cuarto perito, en este caso propuesto por una de las acusaciones, que ha defendido que era “absurdo” y contrario a la ley que las donaciones ilegales a los partidos estuvieran exentas de tributar. “Son aportaciones clandestinas y procedentes en su mayoría de empresas que contrataban con la Administración y, por tanto, no cabía exención”, ha insistido.